Fuerzas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria detuvieron este miércoles al sindicalista independiente Bárbaro de la Nuez Ramírez en el municipio de Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos. El operativo, ejecutado por la dictadura cubana, incluyó el allanamiento de al menos dos residencias familiares sin que las autoridades presentaran justificaciones claras sobre los motivos de la inspección.
El activista, miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), fue interceptado sobre el mediodía en la vía pública y trasladado inicialmente a la estación policial local. Horas más tarde, efectivos del régimen de La Habana lo condujeron a su domicilio en el Reparto Federal, donde llevaron a cabo un registro exhaustivo en presencia de oficiales de criminalística y testigos vinculados a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Familiares denunciaron que la orden de registro no detallaba las causas del procedimiento y que, pese a la minuciosidad de la búsqueda, no se incautaron equipos, documentos ni pertenencias personales.
Posteriormente, las autoridades de la isla se movilizaron hacia la vivienda de los padres del opositor, donde reside su hermano, Alberto de la Nuez, inmueble que también fue sometido a un escrutinio sin explicaciones oficiales. Tras concluir las inspecciones, Bárbaro de la Nuez fue devuelto a la unidad policial para su posterior traslado al Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) en la ciudad de Cienfuegos. El teniente coronel Vladimir Castillo Cecilia, jefe de la Seguridad del Estado en la zona, justificó la acción señalando vagamente que el sindicalista debía \»esclarecer acontecimientos que ocurrieron, están ocurriendo o van a ocurrir\» en los poblados de Santa Isabel de las Lajas o Cruces.
Patrón sistemático de represión y control social
Este nuevo episodio de hostigamiento se enmarca en la escalada represiva que la dictadura cubana ha consolidado en los últimos años para aniquilar cualquier vestigio de disidencia. La estrategia del Estado incluye arrestos arbitrarios, vigilancia permanente, interrogatorios y restricciones a la libertad de expresión y reunión pacífica. Estas herramientas son utilizadas de forma sistemática para desarticular el tejido civil y amedrentar a la población frente a la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han documentado de manera reiterada este deterioro institucional. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la entidad alertó sobre la política de persecución contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, calificando las prácticas del ejecutivo cubano como \»graves y sistemáticas\». La criminalización del activismo sindical no solo agrava el clima de zozobra para los opositores y sus familias, sino que evidencia la falta de garantías procesales y el absoluto desprecio del régimen por los estándares internacionales, un escenario que exige una condena más enérgica y acciones concretas por parte de la comunidad democrática internacional.
