Una misión del Departamento de Justicia de Estados Unidos logró recuperar en La Habana a un menor de 10 años sustraído ilegalmente de su custodia legal, en una operación que contó con la inusual cooperación de las autoridades de la isla y culminó con el arresto de dos mujeres en Utah.
Rose Inessa-Ethington, de 42 años, y su pareja, Blue Inessa-Ethington, de 32, enfrentan cargos federales por secuestro parental internacional tras orquestar una ruta de escape que las llevó desde la frontera con Canadá hasta Ciudad de México y, finalmente, a la capital cubana. Según la denuncia presentada ante un tribunal federal en Utah, las acusadas ocultaron su plan bajo el pretexto de un viaje de campamento. Las investigaciones revelaron retiros de 10.000 dólares en efectivo y anotaciones sobre visas turísticas y aprendizaje de español para evadir el acuerdo judicial que obligaba a entregar al niño a su madre biológica el pasado 3 de abril.
El expediente judicial, detallado por la agente especial del FBI Jennifer Waterfield, señala que el menor, descrito como un varón biológico que se identifica como niña, fue trasladado con presuntos planes de someterlo a atención médica de afirmación de género. Familiares expresaron su temor de que el niño fuera sometido a una cirugía de transición antes de la pubertad en territorio cubano. La intervención federal mediante un avión gubernamental de gran tamaño ha sido calificada por especialistas en recuperación de menores como un movimiento \»sumamente inusual\», evidenciando la gravedad y los riesgos percibidos en el caso.
Cooperación excepcional en medio de la tensión bilateral
El operativo trasciende en un contexto de presiones de la administración estadounidense hacia la dictadura cubana. Si bien el régimen de La Habana facilitó la localización del grupo y la detención de las acusadas —una colaboración que resulta excepcional dada la histórica falta de acuerdos bilaterales robustos—, el caso expone cómo la opacidad y el control férreo del gobierno cubano sobre su territorio siguen actuando como un escenario atractivo para quienes buscan evadir la justicia internacional. La isla, sumida en una profunda crisis sistémica, mantiene un aparato judicial subordinado al poder político que limita las garantías procesales y el estado de derecho.
El regreso del menor a Utah fue confirmado por la primera fiscal adjunta de Estados Unidos en Utah, Melissa Holyoak, quien agradeció la celeridad de las fuerzas del orden. Este incidente no solo subraya la complejidad de las disputas de custodia internacional, sino que plantea interrogantes sobre la futura dinámica de cooperación legal entre Washington y La Habana, en medio de un endurecimiento de las políticas estadounidenses frente a la represión y el control ejercido por la dictadura sobre la sociedad civil.
