La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) reconoció que durante el último colapso del sistema eléctrico nacional se apagaron más del 80% de las radiobases del país y el tráfico de internet se desplomó hasta un 58%, lo que ha llevado a la compañía estatal a descartar cualquier expansión de su infraestructura de red mientras la crisis energética no se resuelva, una admisión que evidencia el grado de deterioro estructural que sufre la isla.
El anuncio de ETECSA constituye una rara admisión oficial sobre el impacto devastador que los apagones prolongados tienen sobre uno de los sectores estratégicos que el régimen de La Habana ha intentado preservar como vitrina de modernidad. Las telecomunicaciones, que en la última década se han convertido en una de las pocas fuentes de ingresos en divisas para el gobierno cubano, ahora se ven afectadas por la misma crisis energética que ha colapsado la economía nacional.
Según los datos proporcionados por la propia empresa, durante el último colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), más del 80% de las radiobases que dan cobertura a la red móvil quedaron fuera de servicio. Esto significa que la inmensa mayoría de los usuarios en todo el país quedaron incomunicados, sin posibilidad de realizar llamadas, enviar mensajes o acceder a internet, incluso en zonas urbanas donde tradicionalmente la cobertura ha sido más estable.
El tráfico de internet, por su parte, experimentó una caída de hasta un 58%, un dato que refleja no solo la desconexión de las radiobases sino también la interrupción del servicio en los puntos de acceso wifi públicos y en los hogares con servicio de fibra óptica. Esta reducción drástica de la conectividad afecta tanto a la comunicación cotidiana de los cubanos como a las transacciones económicas que dependen de plataformas digitales, incluyendo las remesas y los pagos electrónicos.
Una infraestructura a merced del colapso energético
La decisión de ETECSA de no seguir ampliando su red mientras los apagones persistan revela una paradoja fundamental de la economía cubana: ni siquiera los sectores considerados prioritarios para la captación de divisas pueden operar con normalidad ante el deterioro del sistema eléctrico. Las radiobases, que requieren un suministro energético constante para funcionar, dependen en su mayoría de la red eléctrica nacional, y aunque algunas cuentan con sistemas de respaldo, estos no están diseñados para sostener operaciones durante cortes prolongados que pueden durar más de 24 horas.
La situación se agrava por la falta de mantenimiento de los generadores de emergencia y la escasez de combustible para alimentarlos. Fuentes del sector han señalado repetidamente que las baterías de respaldo de muchas radiobases tienen una autonomía limitada, frecuentemente inferior a las cuatro horas, lo que resulta completamente insuficiente frente a apagones que en muchas provincias del oriente del país se prolongan por periodos de 10 a 18 horas diarias.
El gobierno cubano ha intentado en los últimos años presentar la expansión del acceso a internet como uno de los logros de su gestión, destacando el incremento de la cobertura 4G y la extensión de la fibra óptica a los hogares. Sin embargo, la realidad que ahora admite ETECSA contradice esa narrativa: una infraestructura que no puede sostenerse operativa ante la inestabilidad del suministro eléctrico difícilmente puede considerarse un avance sostenible.
Impacto económico y social de la desconexión
Las consecuencias de estos colapsos de las telecomunicaciones van mucho más allá de la incomodidad de los usuarios. En una economía cada vez más dependiente de las transacciones digitales, la desconexión prolongada de la red afecta directamente a los trabajadores por cuenta propia que utilizan plataformas de mensajería para gestionar sus negocios, a los profesionales que prestan servicios remotos a clientes internacionales, y a las familias que dependen de las remesas electrónicas para sobrevivir.
Adicionalmente, los apagones de las telecomunicaciones tienen un componente represivo indirecto pero no menos efectivo. La dictadura cubana ha utilizado históricamente los cortes de señal como mecanismo de control de la información durante momentos de tensión social. La desconexión masiva que acompaña a los apagones eléctricos imposibilita a los ciudadanos documentar y denunciar en tiempo real situaciones de vulnerabilidad, protestas o abusos por parte de las fuerzas del orden, creando un blackout informativo que favorece la impunidad del régimen.
La crisis energética que sufre Cuba no es un fenómeno coyuntural sino el resultado de décadas de desinversión, mala gestión y falta de planificación por parte de las autoridades de la isla. Las termoeléctricas que componen el corazón del Sistema Electroenergético Nacional operan muy por debajo de su capacidad instalada, con equipos obsoletos que sufren averías constantes y un mantenimiento que ha sido sistemáticamente postergado por la falta de recursos y de piezas de repuesto.
Un sector estratégico en jaque
Para el régimen de La Habana, las telecomunicaciones representan una de las principales vías de entrada de divisas frescas al país. Los servicios de datos móviles, la venta de paquetes de internet y las recargas desde el extranjero generan cientos de millones de dólares anuales que el gobierno utiliza para sostener otras áreas de la economía. El hecho de que ETECSA admita que no puede expandir su red implica que esta fuente de ingresos está en riesgo de estancamiento, lo que agravará aún más la ya precaria situación económica nacional.
La decisión también envía una señal preocupante a los potenciales inversores extranjeros y a los socios comerciales de ETECSA. Una empresa que reconoce públicamente que no puede garantizar la operatividad de su infraestructura básica difícilmente puede inspirar confianza en nuevos proyectos de expansión o en acuerdos de cooperación tecnológica. Esto se suma a la falta de un marco regulatorio transparente y a las restricciones del embargo estadounidense, factores que ya limitan severamente las opciones de la compañía estatal.
En el plano social, la interrupción recurrente de las telecomunicaciones profundiza el aislamiento de la población cubana, ya severamente afectado por las restricciones a la libertad de expresión, la censura en los medios oficiales y el acoso a periodistas independientes. La imposibilidad de comunicarse durante los apagones incrementa la ansiedad y la incertidumbre de millones de personas que ven cómo uno de los pocos canales de conexión con el mundo exterior se desvanece cada vez que el sistema eléctrico colapsa.
Perspectivas y consecuencias a futuro
El anuncio de ETECSA sugiere que la empresa no vislumbra una solución a corto plazo para la crisis energética que afecta sus operaciones. Al descartar la expansión de la red, la compañía reconoce implícitamente que la situación eléctrica del país no mejorará en el horizonte inmediato, una evaluación que contrasta con las promesas recurrentes de los altos dirigentes del gobierno, quienes han asegurado en múltiples ocasiones que se están tomando medidas para recuperar la capacidad de generación.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos han señalado en reiteradas ocasiones que el acceso a la información y a las comunicaciones es un derecho fundamental. La incapacidad del gobierno cubano para garantizar este derecho, sumada a la política de desconexiones selectivas y censura digital que ha caracterizado su gestión de las telecomunicaciones, configura un escenario en el que la población se ve privada no solo de servicios básicos sino también de las herramientas necesarias para ejercer su ciudadanía en el espacio digital.
Mientras el régimen continúe sin ofrecer soluciones estructurales a la crisis energética y mantenga su negativa a implementar las reformas económicas y políticas que la situación exige, escenarios como el descrito por ETECSA se repetirán con mayor frecuencia e intensidad. La parálisis de la infraestructura de telecomunicaciones es solo una manifestación más del colapso sistémico que atraviesa Cuba, un colapso cuyas raíces se encuentran en el modelo autoritario y centralizado que ha gobernado los destinos de la isla durante más de seis décadas.
