El escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats fue liberado tras permanecer varias horas retenido en una unidad policial de La Habana, donde la dictadura cubana lo sancionó con una multa de 30 pesos. La detención se produjo a raíz de una denuncia interpuesta por una delegada del gobierno en el municipio Plaza de la Revolución, en medio del acoso sistemático que sufren el intelectual y su pareja, la periodista Camila Acosta.
Santiesteban fue citado en la estación policial de Zapata y C, donde permaneció en un calabozo. Según relató a medios independientes, el propio personal de la prisión cuestionó su presencia allí, dado que una supuesta acusación de amenazas no justifica ese nivel de reclusión. El escritor, consciente de que la Seguridad del Estado operaba tras el proceso, se declaró en huelga de hambre (\»plantado\») y logró comunicarse con Acosta desde un teléfono de la unidad. Poco después de anunciar su protesta, las autoridades de la isla ordenaron su liberación y le impusieron la sanción económica.
El conflicto que derivó en la detención se originó por una disputa con la delegada del consejo popular Príncipe, quien también funge como subdirectora de Planificación Física en el municipio. De acuerdo con la versión de Acosta, el desencuentro está vinculado a unos trabajos constructivos realizados hace dos años en la azotea de su vivienda. Aunque la pareja contaba con la documentación legal para la obra, el proceso fue paralizado tras una supuesta denuncia de la propia funcionaria. Al confrontarla por este hecho, Santiesteban le recalcó que conocía información sobre su familia pero que, a diferencia de ella, no había actuado en su contra, lo que la delegada interpretó inmediatamente como una amenaza.
Hostigamiento sistemático a la disidencia
La detención de Santiesteban no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la política de represión y censura que ejerce la dictadura cubana contra quienes disienten del modelo oficial. Tanto el escritor como la periodista Camila Acosta son blancos habituales de los aparatos de inteligencia del Estado. Ambos han sido sometidos a constantes interrogatorios, campañas de difamación en medios estatales y operativos de cerco policial que les impiden salir de su hogar durante días. El uso de figuras burocráticas y denuncias de carácter civil para amedrentar a opositores es una táctica recurrente del gobierno cubano para criminalizar la actividad política y periodística independiente bajo un manto de legalidad.
La imposición de una multa simbólica de 30 pesos evidencia el carácter arbitrario de la retención, cuyo objetivo principal parece haber sido el amedrentamiento y el desgaste físico y psicológico. Mientras la crisis estructural de la isla se profundiza con una inflación galopante, el colapso de los servicios y un éxodo migratorio sin precedentes, el régimen de La Habana prioriza el despliegue de sus aparatos coercitivos para silenciar voces críticas. Estos hechos reiteran la urgencia de que la comunidad internacional mantenga su escrutinio sobre las continuas violaciones de derechos humanos en Cuba y la ausencia total de garantías jurídicas para la ciudadanía.
