El gobierno cubano presentó su Programa Económico y Social para 2026 con una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1%, una proyección que contrasta severamente con los cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Naciones Unidas, que estiman un escaso 0,1% para la isla. El plan oficial, difundido recientemente, reconoce una presión energética extraordinaria y adelanta un endurecimiento de la política fiscal que recaerá directamente sobre la población.
El optimismo del ejecutivo cubano choca con el historial reciente de la economía nacional. Organismos internacionales calculan que la actividad económica se contrajo un 1,1% en 2024 y un 1,5% en 2025, en contraste con el crecimiento regional proyectado del 2,3% para América Latina y el Caribe. El documento oficial, estructurado en 111 objetivos específicos y más de 500 acciones, proyecta un déficit fiscal de 74.500 millones de pesos, evidenciando una tensión financiera profunda que hace insostenible la meta de expansión anunciada.
En su narrativa, las autoridades de la isla responsabilizan directamente a Washington por la crisis energética, acusando a Estados Unidos de intentar bloquear el suministro de combustibles. Sin embargo, el propio programa reconoce que el ajuste también será interno. El gobierno cubano plantea reducir gradualmente subsidios a la población y al sistema empresarial, estudiar nuevos impuestos a las importaciones y actualizar los precios de los combustibles. Este escenario augura un encarecimiento de la vida cotidiana para una ciudadanía ya golpeada por la inflación y el desabastecimiento crónico.
A pesar del discurso de soberanía, el plan reafirma la dependencia estructural hacia el exterior. El régimen de La Habana busca profundizar la dolarización parcial de la economía, recuperar flujos de divisas y elevar los ingresos por remesas, fijando metas que superan los 9.968 millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios. La estrategia oficial confirma que la supervivencia del modelo depende casi exclusivamente de la captación de dólares y del financiamiento externo, ante la incapacidad de generar riqueza de manera autónoma.
Control político y represión como prioridades estatales
El componente político del programa evidencia el carácter autoritario del poder en la isla. Junto a las metas económicas, la dictadura cubana incluye directrices explícitas para fortalecer el monopolio de la empresa estatal socialista. En el apartado dirigido al Ministerio del Interior, el texto ordena enfrentar la \»subversión político-ideológica y la contrarrevolución\», lo que se traduce en la continuidad de la represión, la censura y la persecución contra la disidencia, priorizando el control social sobre las libertades individuales.
La desconexión entre las promesas oficiales y la realidad material se enmarca en una crisis sistémica que ha disparado el éxodo migratorio y colapsado los servicios públicos. Mientras la dictadura insiste en mantener la centralización económica y prioriza la seguridad estatal, las proyecciones internacionales anticipan un nuevo año de estancamiento. Para los ciudadanos, este programa representa menos apoyo estatal, mayores precios y un horizonte de incertidumbre que amenaza con profundizar la fractura social y el deterioro continuo de la calidad de vida en Cuba.
