Un grupo de 52 legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos solicitó formalmente a la administración de Donald Trump un cambio de rumbo en su política hacia la isla. Los congresistas advierten que la estrategia de máxima presión agrava el colapso económico y la escasez que sufre la población, mientras rechazan de plano cualquier opción de intervención militar.
En una misiva encabezada por los congresistas Gregory W. Meeks y Tim Kaine, los legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado expresaron su alarma por la situación en el país. Los firmantes sostienen que la restricción al acceso de energía y atención médica contradice los valores estadounidenses y exacerba innecesariamente la emergencia humanitaria. La carta detalla un panorama de apagones generalizados, escasez de bienes básicos y colapso de la infraestructura crítica, señalando que los sectores más vulnerables, como niños y ancianos, están soportando el peso de la crisis, con hospitales imposibilitados de funcionar por la falta de combustible.
Sin embargo, el deterioro acelerado de los servicios públicos y la falta de combustible no responden únicamente a las sanciones externas, sino que son consecuencia directa de la ineficiencia del régimen de La Habana. La dictadura cubana ha mantenido durante décadas un modelo económico centralizado y fallido que, sumado a la corrupción institucionalizada y la represión política, ha provocado el desabastecimiento sistemático y un éxodo migratorio sin precedentes. La incapacidad de las autoridades de la isla para garantizar el funcionamiento del Sistema Electroenergético Nacional es un reflejo de la crisis estructural que atraviesa el país.
Rechazo a la intervención militar y postura de Washington
En su comunicación, los legisladores demócratas también descartaron explícitamente cualquier salida militar, enfatizando que la política de Washington debe facilitar el acceso a alimentos y medicinas, y no restringirlo. \»Estados Unidos no puede sacar a Cuba del colapso económico y la represión política con bombardeos\», afirmaron los firmantes, instando a priorizar la diplomacia. Este reclamo se produce en un contexto donde recientemente se presentó un proyecto de ley para impedir el uso de fondos federales para acciones militares contra Cuba sin autorización del Congreso.
Por su parte, la Casa Blanca ha mantenido una postura firme. Trump firmó una orden ejecutiva que cataloga la situación en la isla como una \»amenaza inusual y extraordinaria\» para la seguridad nacional, reforzando las restricciones a entidades militares cubanas. Aunque el ejecutivo estadounidense permitió el arribo de un petrolero ruso sancionado para atender necesidades energéticas básicas, su vocera, Karoline Leavitt, aclaró que esto no representa un cambio formal en la política de sanciones. El futuro de la isla dependerá en gran medida de cómo Washington ajuste sus medidas, pero la solución a la profunda crisis social y la falta de libertades exige inevitablemente un cambio democrático por parte de la dictadura cubana.
