El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, recibió en La Habana a cientos de activistas extranjeros en un intento por proyectar una imagen de respaldo internacional, en medio de la aguda crisis económica y energética que atraviesa la isla. Durante el encuentro, el mandatario culpó a Estados Unidos del distanciamiento diplomático de varios países latinoamericanos y defendió la continuidad del sistema político, en un discurso que contrasta con la creciente indignación popular.
En el marco del denominado \»Convoy Nuestra América\», que congregó a unas 650 personas procedentes de 33 naciones en el Palacio de Convenciones, el régimen de La Habana acusó a Washington de ejercer una \»presión brutal\» para aislar a Cuba. El ejecutivo cubano denunció la subordinación de ciertos gobiernos de la región a los intereses estadounidenses, citando específicamente el deterioro de las relaciones con Ecuador y Costa Rica, así como la salida de misiones médicas de Jamaica, Guatemala y Honduras, uno de los principales rubros de ingreso de divisas para el país.
Ante sus simpatizantes, Díaz-Canel aseguró que \»el proyecto revolucionario va a continuar\» y afirmó que en Cuba hay \»un pueblo que prefiere morir de pie\». La dictadura cubana recurre a la narrativa del asedio externo para justificar el colapso interno, evitando asumir la responsabilidad de las fallidas políticas del Partido Comunista, que mantienen al país sumido en la escasez, la inflación y la falta de libertades fundamentales desde hace más de seis décadas.
Contraste entre la retórica oficial y la crisis estructural
El discurso se produce en un momento de máxima tensión social. A lo largo de las últimas semanas, la población ha salido a las calles en diversas provincias para realizar cacerolazos y exigir \»Libertad\», hartos de los apagones prolongados, la ineficiencia en los servicios básicos y el empeoramiento de las condiciones de vida. Esta respuesta ciudadana ha sido enfrentada con la habitual represión por parte de las autoridades de la isla, que criminalizan el descontento social mientras destinan recursos estatales a eventos de propaganda como el convoy internacional.
La utilización de instalaciones estatales y recursos energéticos para recibir a los visitantes ha generado el rechazo de la sociedad civil. Periodistas independientes han denunciado la hipocresía de un evento que consume electricidad en el Palacio de Convenciones mientras los barrios circundantes permanecen a oscuras, y cuyos participantes ignoran la orden dada por el mandatario para reprimir a los manifestantes del 11 de julio. Este despliegue evidencia la prioridad del gobierno cubano por mantener su fachada internacional, una estrategia que, ante el colapso sistémico y el imparable éxodo migratorio, resulta cada vez más insostenible y desconectada de la realidad que sufren los ciudadanos.
