El Sistema Eléctrico Nacional enfrenta una crisis severa este sábado, con un déficit que afectará al 60% del territorio cubano. Diez unidades termoeléctricas fuera de servicio y la escasez crónica de combustible evidencian el fracaso de la gestión energética del régimen de La Habana, provocando el descontento ciudadano y protestas espontáneas en varias provincias.
Según el informe de la Unión Eléctrica (UNE), para el horario pico se estima una disponibilidad de apenas 1,210 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 2,950 MW. El déficit de 1,740 MW se traducirá en una afectación directa de 1,760 MW para la población. El gobierno cubano reporta averías en las unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, las unidades 1, 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton, y las unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo. A esto se suman mantenimientos prolongados en otras plantas, totalizando 385 MW fuera de servicio por limitaciones térmicas.
La ineficiencia en la generación ha llevado a los ciudadanos al límite de su tolerancia. Testimonios recogidos en redes sociales reflejan la angustia de una población que sufre cortes de hasta 38 horas seguidas, seguidas de apenas tres horas de servicio. Vecinos de municipios como Campechuela han denunciado la \»falta de humanidad\» de las instituciones, lamentando vivir \»agonizando\» con un suministro eléctrico que evidencia el colapso de la infraestructura básica bajo la administración del ejecutivo cubano.
Un sistema al borde del colapso y respuesta represiva
Aunque las autoridades de la isla han incorporado recientemente parques solares al sistema, su contribución se limita al horario diurno y resulta insuficiente para compensar la obsolescencia de las plantas termoeléctricas o cubrir la demanda nocturna, momento en que se producen las mayores desconexiones. Este desabastecimiento estructural se enmarca en una crisis económica más profunda, marcada por la inflación, la escasez de alimentos y un éxodo migratorio sin precedentes. Ante el deterioro de las condiciones de vida, la dictadura cubana ha respondido en las últimas dos semanas con vigilancia policial y amenazas ante los cacerolazos y protestas espontáneas en distintos barrios, criminalizando el legítimo reclamo social.
El agotamiento del modelo energético impuesto por el régimen de La Habana no solo paraliza la ya mermada actividad económica, sino que profundiza el sufrimiento de la población civil, afectando servicios vitales como el almacenamiento de alimentos y la salud. La falta de soluciones técnicas reales y la persistente represión contra quienes protestan auguran un escenario de mayor inestabilidad social, mientras la comunidad internacional mantiene su mirada pasiva ante las violaciones sistemáticas de los derechos básicos en la isla.
