El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas impuso penas de entre siete y ocho años de cárcel a ocho opositores vinculados al movimiento Cuba Primero, en un nuevo episodio de criminalización de la libertad de expresión en la isla. Los activistas fueron sancionados por el delito de \»propaganda contra el orden constitucional\» tras un proceso judicial viciado que incluyó más de dos años de prisión preventiva, celdas de castigo y un juicio celebrado en el interior de un penal bajo la excusa de la falta de combustible.
La Sentencia No. 10, emitida el 1 de septiembre, impuso la sanción más alta del grupo a Guillermo Carralero López, quien cumplirá ocho años de privación de libertad. Por su parte, Javier Reyes Peña, Maikel Hill Ramírez, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante, Pedro Carlos Camacho Ochoa y Adisbel Mendoza Barroso fueron condenados a siete años de prisión cada uno. La Fiscalía había solicitado originalmente penas de entre seis y nueve años, siendo Reyes Peña quien enfrentaba la petición más severa con nueve años de cárcel.
Según la documentación revisada por el Centro de Asesoría Legal Cubalex, los ocho ciudadanos fueron procesados exclusivamente por sus presuntos vínculos con el movimiento opositor Cuba Primero. El expediente penal se sustentó en actividades realizadas a través de las redes sociales y en la difusión de contenidos y opiniones críticas contra el sistema político cubano. Este enfoque evidencia cómo el régimen de La Habana utiliza el aparato judicial para acallar cualquier manifestación de disidencia pacífica que trascienda en el ámbito digital.
Los acusados fueron detenidos entre marzo y abril de 2024 y permanecieron durante más de dos años en prisión provisional en la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como El Típico, antes de ser llevados a juicio. La vista oral tuvo lugar el 30 de junio en el interior de la propia cárcel. Las autoridades de la isla habrían alegado la falta de combustible para trasladar a los acusados hasta la sede judicial, una excusa que enmarca perfectamente la profunda crisis energética y de movilidad que atraviesa el país, pero que en este caso fue utilizada para restringir el acceso de familiares, ciudadanos y observadores independientes al proceso.
Cubalex denunció reiteradamente que celebrar el juicio dentro de una instalación penitenciaria afectaba de manera directa el principio de publicidad que debe regir los procesos penales, limitando la transparencia y las garantías procesales de los acusados. Además, la organización documentó que, antes de la celebración del juicio, Javier Reyes Peña y Pedro Carlos Camacho Ochoa fueron enviados a celdas de castigo bajo supuestas \»medidas de seguridad\», a pesar de no haber cometido indisciplinas dentro del penal. Esta práctica de tortura y aislamiento es una constante en las prisiones cubanas para quebrar la moral de los presos políticos.
Entre los sancionados se encuentra Carlos Alberto McDonald Ennis, quien fue excarcelado bajo fianza en junio debido al grave deterioro de su estado de salud. Cubalex ha documentado que McDonald Ennis desarrolló durante su encarcelamiento un tumor maxilofacial, padeciendo además diabetes, hipertensión y cardiomiopatía isquémica. La negligencia médica en el sistema penitenciario es otra herramienta de la dictadura cubana para aniquilar físicamente a los opositores. La organización denunció las innumerables dificultades que enfrentó para recibir atención médica y comenzar el tratamiento requerido mientras permanecía bajo proceso penal en El Típico.
Para la organización legal, el caso forma parte de un patrón sistemático de utilización de figuras penales como la \»propaganda contra el orden constitucional\» para sancionar expresiones políticas críticas. La amplitud con que está formulado este delito en el Código Penal cubano permite criminalizar conductas que en cualquier democracia están protegidas por los derechos a la libertad de expresión, asociación y participación política. El ejercicio pacífico de derechos fundamentales no debe ser objeto de sanciones penales, ha insistido Cubalex, denunciando la instrumentalización del sistema judicial como mecanismo de castigo.
Contexto: La judicialización de la disidencia y la crisis nacional
La condena de estos ocho opositores no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la estrategia de la dictadura cubana para descabezar a la oposición civil y desincentivar la protesta social. Tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, el ejecutivo cubano endureció su política represiva, implementando un nuevo Código Penal en 2022 que amplió los márgenes de criminalización de la protesta y la disidencia. Delitos como la \»propaganda contra el orden constitucional\» o la \»desobediencia\» se aplican de manera retroactiva y selectiva para justificar el encierro de cientos de ciudadanos que exigieron cambios en el país.
Mientras el gobierno cubano desvía recursos para mantener un aparato represivo activo y procesar a críticos por sus publicaciones en internet, la nación atraviesa una de sus peores crisis estructurales. La inflación incontrolable, el desabastecimiento generalizado de alimentos y medicinas, los apagones diarios que superan las 10 horas en varias provincias y el colapso de los servicios de salud, configuran un escenario de supervivencia extrema para la población. Es en este contexto de fracaso de las políticas oficiales donde el régimen de La Habana redobla la represión, intentando silenciar las voces que señalan la responsabilidad directa del Estado en el deterioro del país.
La excusa de la \»falta de combustible\» para negar el traslado de los reos a un tribunal formal es un reflejo de la decadencia institucional y material de la isla. El mismo déficit energético que paraliza la economía y la vida cotidiana de los cubanos es utilizado por las autoridades como un subterfugio para violar las garantías procesales y mantener los juicios en la opacidad de las prisiones. Esta simultaneidad entre crisis económica y represión política demuestra que la falta de libertades y el colapso material son dos caras de la misma moneda en el modelo impuesto por el poder.
Implicaciones futuras y respuesta de la comunidad internacional
La condena de los ocho activistas en Las Tunas envía un mensaje de terror a la sociedad civil cubana, evidenciando que la simple difusión de opiniones críticas en redes sociales puede resultar en años de cárcel. Sin embargo, estas acciones también profundizan el descrédito internacional del gobierno cubano. Organismos de derechos humanos y gobiernos democráticos han documentado de manera exhaustiva la utilización de la justicia como herramienta de persecución política, exigiendo la liberación de los presos de conciencia.
El panorama a futuro sugiere que el régimen continuará recurriendo a la intimidación y el encarcelamiento mientras no enfonte una presión externa contundente y un frente interno que logre cohesionarse a pesar de la represión. La situación de los opositores en Las Tunas, marcada por la arbitrariedad, el abandono médico y la clandestinidad de los juicios, debe ser un punto de inflexión para que la comunidad internacional no normalice las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Cuba. La estabilidad del país no puede construirse sobre el silencio forzado de sus ciudadanos en las celdas de castigo.
