La organización Represores cubanos abrió expedientes contra cuatro individuos —dos primeros secretarios del Partido Comunista y dos colaboradores de la Seguridad del Estado— por su implicación en la violenta represión contra los manifestantes durante las protestas ocurridas en Morón, Ciego de Ávila, el pasado 13 de marzo.
Según un comunicado emitido por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, los señalados son Julio Heriberto Gómez Casanova y Alberto Hechemendía Manzanarez, primeros secretarios del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Ciego de Ávila y Morón, respectivamente; junto a Alejandro Cosme Quiñones y Orestes Espinosa Cepero, identificados como propagandistas, colaboradores e informantes del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE). La organización documenta que las autoridades de la isla desplegaron tropas antidisturbios que reprimieron con violencia extrema a los ciudadanos, resultando en un adolescente de 15 años, identificado como Kevin Samuel Echeverría, herido de bala en una pierna.
El expediente detalla el papel de cada uno en el aparato represivo. Gómez Casanova y Hechemendía Manzanarez son acusados de orquestar la respuesta coercitiva desde sus cargos políticos, incluyendo la convocatoria a un acto de \»reafirmación revolucionaria\» al día siguiente para simular normalidad. Por su parte, Cosme Quiñones habría grabado a los manifestantes para facilitar su posterior identificación por la policía política, mientras que Espinosa Cepero es señalado directamente como el autor del disparo contra el adolescente Echeverría, presuntamente utilizando un arma ilegal tolerada por sus vínculos con el régimen de La Habana.
Contexto de descontento social y represión sistemática
La protesta en Morón, que derivó en la irrupción de ciudadanos en la sede local del PCC —de donde sacaron muebles y documentos para incendiarlos—, es un reflejo del colapso estructural que atraviesa la isla. El enojo y la desesperación de la población ante la crisis económica, la inflación galopante, el desabastecimiento y los cortes eléctricos han chocado de manera recurrente con la maquinaria represiva de la dictadura cubana, que prioriza el control social y la persecución política por encima de la resolución de las necesidades básicas de la ciudadanía. Los casos de Catherine Gutiérrez Sánchez, Bryan Pérez Muñoz, Vladimir Ortiz Ortiz y Yosuán Naranjo, mencionados como detenidos tras la jornada, ilustran el costo humano de esta política de criminalización de la protesta.
Ante estos hechos, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha reiterado que la \»obediencia debida\» no exime de responsabilidad penal en delitos contra los derechos humanos, advirtiendo que dichas cuentas no prescriben. Asimismo, la organización anunció la intensificación de su estrategia \»Name and Shame\» (Nombrar y avergonzar), que consiste en la distribución de volantes con los rostros e historial represivo de los señalados en sus entornos cotidianos. Esta iniciativa busca no solo desincentivar la colaboración con el aparato de seguridad del Estado, sino también sentar precedentes para futuros procesos de justicia transicional que exigirán rendición de cuentas por las violaciones sistemáticas cometidas en la isla.
