La crisis energética en Cuba alcanza un nuevo punto crítico este domingo, con cortes de electricidad previstos que afectarán al 58% del territorio nacional. El régimen de La Habana enfrenta una profunda parálisis en su infraestructura, sumada a la escasez de combustible, dejando a la población sumida en un colapso diario que amenaza con desbordar la paciencia social.
La Unión Eléctrica (UNE) reportó un déficit severo para el horario pico, estimando una disponibilidad de apenas 1.320 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.050 MW. Este desbalance, que deja un déficit de 1.730 MW y proyecta una afectación de 1.760 MW, es el resultado directo del abandono del sistema energético nacional. Actualmente, nueve unidades termoeléctricas se encuentran fuera de servicio, incluyendo averías en la CTE Mariel, CTE Santa Cruz, CTE Felton y CTE Antonio Maceo, mientras otras permanecen en mantenimiento prolongado sin fecha cierta de reincorporación.
Aunque el gobierno cubano ha intentado maquillar la crisis con la reciente incorporación de parques solares al Sistema Eléctrico Nacional, su contribución resulta insuficiente para compensar la obsolescencia de las centrales termoeléctricas. La generación solar se concentra en horarios diurnos, dejando a la población desprotegida durante los picos de consumo nocturnos, momento en el que se agravan las desconexiones. La ciudadanía, hastiada por la falta de respuestas, ha tomado las redes sociales para evidenciar las inconsistencias en los reportes oficiales de disponibilidad y lamentar una supervivencia que califican de \»insoportable\».
Protestas sociales y represión estatal
El deterioro de las condiciones de vida ha desencadenado un ciclo de protestas espontáneas y cacerolazos que se extienden por nueve noches consecutivas, principalmente en barrios de La Habana. La respuesta de la dictadura cubana no ha sido solucionar la crisis, sino mantener un estricto control social frente al creciente malestar. Este escenario de desabastecimiento energético se suma a la inflación galopante, el colapso de los servicios públicos y el éxodo migratorio masivo, conformando un panorama de fracaso sistémico que las autoridades de la isla son incapaces de revertir.
El funcionamiento al límite del sistema eléctrico evidencia la incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar derechos básicos a su población. Con márgenes cada vez más estrechos para responder a la demanda, el impacto directo en la economía local y la vida cotidiana presagia un empeoramiento de la inestabilidad social. La persistencia de esta crisis energética no solo profundiza el sufrimiento de los ciudadanos, sino que también aísla aún más al régimen ante una comunidad internacional que observa con preocupación el acelerado colapso institucional y económico de la nación.
