El preso político Jimmy Johnson Agosto denunció que las autoridades penitenciarias de la cárcel de máximo rigor Kilo 8, en Camagüey, le están negando el acceso a un medicamento recetado para tratar severos ataques de pánico y ansiedad derivados de las torturas psicológicas sufridas en cautiverio.
Johnson Agosto, condenado a 13 años de prisión tras protestar por un apagón en Nuevitas en 2022, reportó que un psiquiatra externo le recetó Clorazepam hace mes y medio para evaluar su evolución. Al no estar disponible el fármaco en el penal, sus familiares lograron conseguirlo y lo entregaron a un oficial identificado como el capitán Raidel para su traslado. Sin embargo, el régimen de La Habana mantiene retenido el tratamiento bajo excusas burocráticas emitidas desde el puesto médico del centro.
Al reclamar la entrega de su medicamento, una enfermera del centro argumentó que no podían dárselo porque la receta original estaba indicada solo para dos semanas y ya había transcurrido más de un mes. Esta negación se agrava ante la incertidumbre de que el especialista regrese al penal a evaluarlo. Mientras tanto, el recluso sufre al menos dos episodios de pánico semanales que le provocan falta de aire, dolor en el pecho y calambres en el brazo izquierdo. Durante uno de estos ataques, el personal penitenciario intentó mitigar la crisis ofreciéndole Paracetamol, lo que constituye una clara muestra de negligencia y burla institucional.
Represión y negligencia médica como herramientas de castigo
El caso de Johnson Agosto no es un hecho aislado, sino que refleja una práctica sistemática de la dictadura cubana contra los activistas y ciudadanos que se manifestaron en el contexto de la crisis estructural de la isla. Encarcelado desde agosto de 2022 por un presunto delito de sabotaje tras apedrear las oficinas de la Unión Eléctrica durante un apagón prolongado, el joven de 30 años enfrenta ahora el colapso del sistema sanitario penitenciario. La retención de medicamentos esenciales y la falta de atención médica adecuada se suman a las violaciones de derechos humanos y a las torturas psicológicas empleadas para quebrar la voluntad de los opositores.
La denegación de asistencia médica a Jimmy Johnson Agosto representa un riesgo inminente para su integridad física y mental, evidenciando cómo el gobierno cubano utiliza el sistema penitenciario para prolongar el sufrimiento de quienes se atreven a criticar el modelo impuesto. Esta situación exige la vigilancia inmediata de las organizaciones internacionales de derechos humanos y la condena de la comunidad diplomática frente a un régimen que vulnera de forma flagrante los protocolos mínimos para el tratamiento de reclusos.
