El gobierno de Jamaica anunció el cese de su programa de cooperación médica con Cuba, poniendo fin a un acuerdo vigente desde 1976. La decisión, motivada por la falta de consenso en nuevos términos técnicos, permitirá que los cerca de 300 profesionales cubanos actualmente en la isla finalicen sus contratos o sean contratados de forma individual bajo las leyes laborales locales, en medio de una creciente revisión regional sobre las condiciones de las brigadas médicas cubanas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jamaica, dirigido por Kamina Johnson Smith, detalló que la ruptura del convenio se produjo tras la imposibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo tras la expiración del anterior. Sin embargo, las autoridades jamaicanas han expresado su disposición a contratar directamente a los galenos cubanos que deseen permanecer en el país, garantizando su estabilidad bajo el amparo de la legislación laboral nacional. Esta medida busca proteger el bienestar de los profesionales de la salud, un aspecto que ha generado creciente preocupación internacional.
El giro diplomático de Kingston refleja una tendencia regional. Países como Dominica han anunciado modificaciones a sus programas para firmar contratos directos con el personal sanitario, tal como confirmaron el canciller Vince Henderson y el primer ministro Roosevelt Skerrit. De igual manera, Honduras, Bahamas y Guyana han reestructurado o cancelado sus convenios bilaterales con el gobierno cubano, optando por esquemas de empleo directo que eviten la intermediación estatal de La Habana.
El negocio de las brigadas médicas bajo escrutinio internacional
Estos cambios coinciden con la creciente presión de Estados Unidos, que ha denunciado las misiones médicas cubanas como formas de trabajo forzado y trata de personas. La dictadura cubana ha operado históricamente este programa como una de sus principales fuentes de ingresos extranjeros, imponiendo condiciones de explotación severas a los profesionales. Testimonios e investigaciones periodísticas han documentado cómo el régimen de La Habana retiene los pasaportes de los médicos, ejerce vigilancia política, prohíbe relaciones con locales y, en naciones como Angola o Qatar, se queda con hasta el 94% del salario pagado por los gobiernos receptores.
El repliegue de estos convenios representa un golpe significativo a las finanzas del Estado cubano, que depende desesperadamente de la exportación de servicios para sostener una economía en franco colapso. Mientras las autoridades de la isla enfrentan el aislamiento de sus socios comerciales tradicionales, los profesionales de la salud cubanos podrían comenzar a beneficiarse de condiciones laborales más justas. Esta reconfiguración diplomática no solo evidencia el descrédito del modelo de cooperación impuesto por la dictadura, sino que marca un precedente crucial para la exigencia de derechos laborales fundamentales para los trabajadores cubanos en el exterior.
