El primer ministro del régimen de La Habana, Manuel Marrero, ha reconocido ante la Asamblea Nacional que la tasa de mortalidad infantil cerrará el año en 9,7 por cada 1.000 nacidos vivos, un incremento de 2,6 puntos respecto al año anterior. El anuncio evidencia el severo deterioro del sistema de salud pública, históricamente exhibido por las autoridades de la isla como un logro innegable, y se acompaña de un alarmante repunte en la mortalidad materna y una acelerada despoblación.
Durante su intervención ante los diputados, el jefe de Gobierno cubano admitió el retroceso en los indicadores de salud, aunque eludió ofrecer una actualización completa sobre la mortalidad materna. Sin embargo, los datos del primer semestre del año revelan una crisis profunda: la tasa de mortalidad materna escaló a 56,3 por cada 100.000 nacidos vivos, frente a los 37,4 registrados en el mismo periodo del año anterior. Provincias como Guantánamo, Holguín y Santiago de Cuba concentran los escenarios más críticos, reflejando la desigualdad en el acceso a servicios médicos básicos y la escasez de insumos en las maternidades del oriente del país.
Una nación envejecida y sin reemplazo poblacional
El panorama demográfico presentado en la sesión parlamentaria proyecta una contracción severa de la población para las próximas décadas. El ejecutivo cubano estima cerrar el año con 9,6 millones de habitantes, con una proyección a la baja que situaría la cifra en 7,7 millones para el año 2050. Este declive se suma a un acelerado envejecimiento: la proporción de adultos mayores pasará del 25,7% al 36,4%, mientras que la población en edad laboral se desplomará de 5,9 millones a 4,1 millones de personas, comprometiendo cualquier posibilidad de sostenibilidad económica a mediano plazo.
El deterioro del Programa Materno Infantil, otrora pilar de la propaganda oficial, no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de la crisis estructural que sufre la isla. La falta de medicamentos, el desabastecimiento de alimentos, la inestabilidad energética y el colapso de la infraestructura hospitalaria configuran un entorno hostil para la gestación y la crianza. A esto se suma la falta de libertades y la constante represión ejercida por la dictadura cubana, que ha impulsado un éxodo migratorio masivo, privando al país de su fuerza laboral y de jóvenes en edad reproductiva.
Las cifras expuestas por el régimen de La Habana destapan una realidad que los discursos triunfalistas ya no pueden maquillar. La combinación de menos nacimientos y más muertes infantiles y maternas dibuja un futuro sombrío para la sociedad cubana. Ante la incapacidad del gobierno para revertir este colapso, la comunidad internacional y las organizaciones de salud deberán exigir transparencia real y el cese de las políticas que asfixian a la población, mientras la ciudadanía enfrenta el desafío de sobrevivir en un sistema que ha dejado de garantizar incluso el derecho a nacer y crecer con condiciones dignas.
