El gobierno de Dominica anunció que suscribirá acuerdos laborales de forma individual con los profesionales de la salud cubanos, abandonando el esquema de cooperación gubernamental que hasta ahora gestionaba el régimen de La Habana. La medida se suma a una creciente tendencia en el Caribe y Centroamérica para evitar la expropiación salarial y las prácticas de explotación impuestas por la dictadura cubana en sus brigadas médicas.
El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, y el ministro de Asuntos Exteriores, Vince Henderson, confirmaron desde el Parlamento la actualización del Programa de Trabajadores Médicos. Las autoridades de la isla indicaron que los nuevos contratos se celebrarán directamente con los doctores y enfermeros presentes en el país, en lugar de canalizarse exclusivamente a través del ejecutivo cubano. Skerrit subrayó la dependencia del sistema sanitario dominicano frente a este personal, evidenciando que nueve de los once médicos asignados a una unidad de cuidados intensivos son de origen cubano, aunque omitió detalles sobre el nuevo marco legal que sustentará la contratación.
Repliegue de las misiones médicas en la región
El ajuste diplomático en Dominica refleja un giro regional frente a las condiciones impuestas por el gobierno cubano a sus brigadas. Países como Bahamas y Guyana ya han transicionado hacia esquemas de empleo directo bajo sus legislaciones laborales locales, tras conversaciones con Washington. En paralelo, Honduras decidió no renovar el convenio sanitario, resultando en la salida de 128 galenos, mientras que Jamaica ha reducido significativamente su dependencia y la misión en Venezuela enfrenta una evacuación inminente debido a la crisis política y militar que atraviesa ese país.
La renegociación de estos acuerdos responde a las severas violaciones de derechos laborales que caracterizan al sistema de cooperación internacional de la dictadura cubana. Diversos reportes han documentado cómo el Estado retiene los pasaportes de los profesionales, ejerce vigilancia política, prohíbe relaciones con locales y obliga a firmar cláusulas de confidencialidad. Además, en naciones como Angola y Qatar, las autoridades de La Habana se apropian de hasta el 94 % del salario abonado por los gobiernos receptores por los servicios prestados.
Testimonios recientes de trabajadores de la salud desplegados en la cuenca del Caribe han desnudado el carácter expropiativo y de control extremo de estas misiones. Varias profesionales han confirmado ser víctimas de explotación laboral en países como Jamaica, Belice, Santa Lucía y Brasil. La decisión de Dominica de firmar contratos directos marca un precedente crucial que podría restar una importante fuente de ingresos en divisas al régimen, al tiempo que otorga a los médicos cubanos la posibilidad de recibir una remuneración justa y escapar del aparato represivo que los somete en el extranjero.
