El Consejo de Estado de Cuba publicó en la Gaceta Oficial el Decreto-Ley 114/2025, un marco jurídico que establece las reglas para la creación de sociedades mixtas y asociaciones entre el sector estatal y el emergente sector privado. La medida, presentada por las autoridades de la isla como un intento de dinamizar la economía, llega en un contexto de profunda crisis estructural y busca ejercer un mayor control burocrático sobre el creciente sector no estatal.
La normativa, firmada por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, define cuatro modalidades principales de asociación. Estas incluyen la creación de sociedades de responsabilidad limitada mixtas, la adquisición de participaciones estatales en empresas privadas existentes, fusiones por absorción y contratos de asociación económica sin personalidad jurídica propia. El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) será el encargado de emitir las autorizaciones correspondientes tras un proceso de evaluación que podrá demorar hasta 60 días, según lo establecido en la Resolución 8/2026.
Bajo esta nueva regulación, podrán participar como sujetos económicos las empresas estatales, sociedades mercantiles de capital totalmente cubano y entidades presupuestadas con tratamiento especial. Del lado no estatal, se incluyen las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) privadas, así como las cooperativas. Sin embargo, el gobierno cubano excluye explícitamente a los trabajadores por cuenta propia y prohíbe que estas nuevas entidades operen en sectores estratégicos como la salud, la educación y las instituciones armadas, manteniendo intacto el monopolio estatal sobre áreas sensibles.
Control burocrático en medio de la crisis económica
Esta iniciativa legal surge en un momento donde el régimen de La Habana enfrenta una de sus peores crisis económicas, marcada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos básicos y un éxodo migratorio sin precedentes. Aunque el ejecutivo cubano sostiene que el objetivo es \»optimizar las capacidades del sistema empresarial\», la realidad apunta a un intento de subordinar el creciente sector privado bajo el peso de la burocracia. La exigencia de aprobación por parte del MEP y la consulta obligatoria a múltiples organismos, incluido el Banco Central, reflejan la desconfianza del poder hacia la autonomía económica de los ciudadanos.
La entrada en vigor de este decreto, prevista para 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, dejará a las empresas privadas bajo la tutela directa del aparato estatal, limitando su capacidad de operar con la agilidad que exige el mercado. Mientras la dictadura cubana mantiene un control férreo sobre las importaciones, exportaciones y el sistema financiero, estas medidas se perfilan más como un mecanismo de vigilancia que como una verdadera apertura. Las consecuencias para la ciudadanía se traducirán en un estancamiento prolongado de la productividad, mientras el régimen evita las reformas estructurales y el respeto a las libertades democráticas que la isla necesita para su recuperación.
