El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) asegura que ninguna farmacia bajo gestión no estatal opera todavía en la isla, una afirmación que contradice la realidad palpable en el municipio habanero de Regla, donde un establecimiento de este tipo funciona desde mediados de agosto. La apertura de este comercio, impulsada por el Decreto 160, expone la profunda crisis del sistema sanitario cubano y revela precios de medicamentos que superan el salario mínimo mensual, evidenciando una vez más la desconexión entre las narrativas oficiales y el colapso estructural que padecen los ciudadanos.
Durante una reciente intervención, Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del MINSAP, detalló que las autoridades de la isla evalúan actualmente 36 proyectos para la administración de farmacias comunitarias. De estos, 14 poseen el aval para continuar los trámites burocráticos y tres se encuentran en fase de constitución. Sin embargo, la funcionaria enfatizó que, a la fecha, ninguna de estas entidades ha iniciado servicios de forma oficial. Este pronunciamiento institucional choca frontalmente con los hechos documentados en la capital, donde la flexibilización económica ya ha comenzado a materializarse en la práctica, operando en un limbo legal que el ejecutivo cubano ahora pretende desconocer.
Las declaraciones del MINSAP ignoran deliberadamente la primera farmacia privada del país, la cual abrió sus puertas en el municipio de Regla. El funcionamiento de este local fue constatado a mediados de agosto a través de un recorrido audiovisual, donde se evidenció que el establecimiento vendía al público mientras su expediente administrativo continuaba en proceso de aprobación. La dependienta, Mayra Morales, admitió en aquella grabación que el proyecto estaba siendo \»analizado y autorizado\» por las instituciones estatales. Este hecho demuestra la ineficiencia y la falta de transparencia en la implementación de las nuevas medidas económicas, permitiendo que operen negocios sin el cumplimiento estricto de las normativas que el propio régimen de La Habana ha dictado.
El costo de la salud: medicamentos de lujo para el trabajador estatal
La puesta en marcha de este establecimiento en Regla ha dejado al descubierto la dramática brecha entre los ingresos de la población y el costo de los medicamentos esenciales. Los precios exhibidos sitúan la salud básica fuera del alcance de cualquier trabajador del sector estatal. Un frasco de cefalexina en polvo para suspensión pediátrica costaba 2.000 pesos, mientras que la nistatina alcanzaba los 1.200 pesos. El ácido fólico en jarabe y la difenhidramina tenían un precio de 1.800, y la bromhexina y el jarabe Bronfarme se vendían a 2.000 pesos. Las vitaminas y suplementos oscilaban entre 2.000 y 3.000 pesos. Con un salario mínimo nacional fijado en apenas 3.210 pesos mensuales a partir de julio, la compra de un solo frasco de suplementos de 3.000 pesos consume casi el 94% del ingreso mensual de un ciudadano, dejando en evidencia que la \»disponibilidad\» de medicamentos en el sector privado es, en realidad, una ilusión para la inmensa mayoría de la población.
Pese a la flexibilización anunciada, el gobierno cubano mantiene un control férre sobre la cadena de suministro y las condiciones operativas. Lara Bastanzuri aclaró que no está previsto arrendar los inmuebles donde operan las farmacias comunitarias estatales, obligando a los nuevos actores económicos a buscar sus propios locales en un país con una infraestructura inmobiliaria altamente degradada. Además, el abastecimiento seguirá monopolizado por el Estado a través de las importadoras Medicuba, del MINSAP, y Farmacuba, de la industria farmacéutica cubana. La comercializadora Emcomed se ha puesto a disposición de las mipymes para otorgar licencias sanitarias, almacenes y transporte, consolidando un modelo donde el sector privado asume los riesgos económicos y la cara visible del desabastecimiento, pero depende absolutamente de las estructuras estatales para la importación y distribución.
Un marco legal restrictivo y censura mantenida
Esta apertura procede del Decreto 160, emitido el 22 de julio, que derogó el Decreto 107 de 2024, la norma que hasta entonces incluía a las farmacias entre las actividades vedadas al sector privado. De las 125 actividades que la norma anterior restringía, 46 dejaron de estar prohibidas. No obstante, la dictadura cubana mantiene la reserva exclusiva de la atención médica y odontológica para el Sistema Nacional de Salud, argumentando su gratuidad, un argumento cada vez más hueco ante la realidad de un sistema en ruinas. Asimismo, el decreto persiste en la censura económica y política al mantener prohibidas las actividades de periodistas, las agencias de noticias y la publicación de periódicos, libros y revistas. Esta asimetría demuestra que las reformas económicas del régimen no se acompañan de una apertura democrática ni de un respeto a las libertades fundamentales.
Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAE), se apresuró a aclarar que esta medida \»no implica un proceso de privatización\». La funcionaria cifró en más de 15.600 las mipymes en funcionamiento hasta finales de julio, un número que el gobierno cubano exhibe como un supuesto logro de su política económica. En la práctica, sin embargo, este sector funciona como una válvula de escape ante la incapacidad demostrada del Estado para sostener los servicios básicos y generar riqueza, trasladando la responsabilidad de la supervivencia económica a la ciudadanía mientras se mantienen intactos los mecanismos de control político y represión.
Contexto: El colapso sanitario y la admisión oficial del fracaso
El surgimiento de las farmacias privadas ocurre en el escenario más crítico de la historia reciente del sistema sanitario cubano. La falta de medicamentos no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de una debacle estructural que el propio Miguel Díaz-Canel se vio obligado a reconocer en agosto, durante el I Coloquio Internacional \»Fidel: legado y futuro\». En un raro momento de autocrítica ante la crisis que él mismo preside, el mandatario admitió que solo el 30% del cuadro básico de medicamentos está disponible en el país, una cifra alarmante si se considera que, según sus palabras, la industria nacional tiene la capacidad para producir los medicamentos necesarios. Esta contradicción expone la ineficiencia burocrática, la falta de divisas y la mala gestión que han caracterizado a la economía dirigida por el régimen.
Las consecuencias de este colapso son devastadoras y mortales para la población. El régimen de La Habana admite oficialmente la existencia de 98.500 pacientes en lista de espera para cirugías, muchos de los cuales agonizan mientras esperan una intervención que el sistema \»gratuito\» no puede proveer. A esto se suma la tragedia de 117.000 adultos diagnosticados con cáncer que no reciben los tratamientos primarios adecuados. La falta de medicamentos como analgésicos básicos, antibióticos, hipotensores y tratamientos para enfermedades crónicas ha obligado a miles de cubanos a recurrir al mercado negro, a depender de remesas y donaciones internacionales, o a resignarse a la desesperación, profundizando una crisis humanitaria que las autoridades intentan maquillar con discursos triunfalistas.
La crisis farmacéutica y sanitaria se inserta en un contexto de debacle económica generalizada, marcada por una inflación galopante que ha destruido el poder adquisitivo del salario real, la ineficacia de la política monetaria tras la llamada Tarea Ordenamiento, y un éxodo migratorio sin precedentes que ha diezmado la fuerza laboral, incluyendo al personal de salud. Al permitir la venta privada de medicamentos sin establecer topes de precios ni mecanismos de subsidio para los sectores más vulnerables, el ejecutivo cubano traslada el costo de su ineficiencia histórica directamente a los ciudadanos. La dictadura, que durante décadas presumió ante la comunidad internacional de un sistema de salud universal y gratuito como uno de los supuestos logros de la revolución, hoy asiste impávida a la mercantilización de la supervivencia, dejando a la población a merced de un mercado inalcanzable.
La entrada en vigor de estas nuevas modalidades de gestión no estatal, lejos de representar una solución integral, parece ser un parche tardío e insuficiente a una crisis sistémica. Mientras la burocracia estatal evalúa proyectos y niega realidades evidentes en municipios como Regla, los cubanos continúan sufriendo la escasez y los precios exorbitantes que amenazan su derecho a la vida. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben mantener una vigilancia estricta sobre cómo estas medidas afectan el acceso a la salud de la población, exigiendo al régimen de La Habana no solo transparencia en la gestión, sino el cese de las políticas totalitarias que han conducido al sistema sanitario y a la nación entera al borde del abismo. La salud no puede ser un privilegio para pocos en un país donde el Estado ha monopolizado, y posteriormente destruido, la producción y distribución de la vida.
