Las autoridades del Ministerio del Interior (MININT) detuvieron a un hombre en la localidad de Yerba de Guinea, en el municipio santiaguero de Songo La Maya, tras hallar una plantación de marihuana compuesta por cerca de 170 plantas en el interior de una vivienda rural. El operativo policial, divulgado a través de las redes sociales, expone nuevamente la profunda contradicción entre el discurso oficial del gobierno cubano, que asegura que la isla no produce drogas, y la creciente realidad del cultivo interno que la propia policía se ve obligada a desmantelar.
La información fue difundida por el perfil \»Héroes del Moncada\», un canal oficioso a través del cual la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) difunde sus comunicados en la provincia de Santiago de Cuba. Según la publicación, la denuncia partió de los propios internautas, quienes alertaron a las fuerzas del orden sobre la existencia del sembrado, una práctica que la dictadura cubana ha fomentado históricamente para ejercer control social y fragmentar la solidaridad entre vecinos. Las imágenes compartidas muestran plantas de porte alto junto a una edificación campestre. Sin embargo, la nota oficial omitió detalles fundamentales del caso, como la identidad del arrestado, su edad, los cargos formales imputados, la fecha exacta del operativo y si existen otras personas implicadas en la siembra.
En su comunicado, la PNR amenazó con la aplicación estricta de la política penal contra estos fenómenos, acompañando el mensaje con etiquetas propagandísticas como #CubaSegura, #ToleranciaCero y #ContraLasDrogasSeGana. Este enfoque punitivo contrasta de forma severa con la narrativa que el régimen de La Habana sostiene de manera insistente ante la comunidad internacional. Durante una conferencia de prensa celebrada el 17 de febrero, la ministra de Justicia y presidenta de la Comisión Nacional de Drogas (CND), Rosabel Gamón Verde, reiteró la postura oficial de que Cuba no es productor, almacén ni territorio de tránsito de estupefacientes, atribuyendo los riesgos únicamente a su posición geográfica en el Caribe.
El balance de 2025 presentado en esa comparecencia oficial se centró casi exclusivamente en las sustancias que ingresan desde el exterior, lavando las manos sobre la producción endógena. El coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del Órgano Especializado de Enfrentamiento Antidrogas del MININT, reportó 53 hechos de recalo marítimo con 1.941 kilogramos asegurados, y 31 operaciones aéreas frustradas con 27 kilogramos ocupados procedentes de 11 países, principalmente de Estados Unidos. En el ámbito interno, las autoridades admitieron el aseguramiento de 76 kilogramos destinados al mercado ilícito nacional, un mercado dominado por el cannabinoide sintético conocido popularmente como \»el químico\», del cual el laboratorio del MININT ha identificado 46 variantes. No obstante, el ejecutivo cubano omitió por completo cifras relacionadas con plantaciones desmanteladas, plantas ocupadas o superficie cultivada a nivel nacional, manteniendo un silencio estadístico que favorece su relato diplomático.
El rigor penal amenazado por la policía tiene un respaldo contundente y desproporcionado en el articulado vigente. El artículo 235.1 de la Ley 151, el nuevo Código Penal aprobado por el parlamento controlado por el Partido Único, establece penas de privación de libertad de cuatro a diez años para quien, sin autorización, \»cultive la planta Cannabis, conocida por marihuana, u otras de propiedades similares o, a sabiendas, posea semillas o partes de dichas plantas\». Las penas se agravan drásticamente en el apartado 2 del mismo artículo, alcanzando entre 10 y 30 años de prisión, privación perpetua de libertad o incluso la pena de muerte si concurren circunstancias agravantes, como la posesión de cantidades relativamente grandes o antecedentes penales por delitos similares.
Además de las sanciones privativas de libertad, el régimen aplica medidas patrimoniales severas que dejan al acusado en la más absoluta indefensión. El apartado 5 del mencionado artículo dicta que, si el cultivador es propietario de la tierra donde se halla la droga, esta es confiscada por el Estado; si la ocupa en usufructo u otro título legal, se le priva de ese derecho. Un juicio reciente en la provincia de Holguín ilustra la severidad con la que los tribunales están aplicando estas normativas. Por hechos ocurridos el 6 de mayo de 2025 en la zona de Jagüeyes, en Puerto Rico, Banes, un hombre que poseía 429 plantas de Cannabis sativa L. ssp. indica (de entre 14 y 77 centímetros y 2.420 gramos de peso) y 11.280 pesos en efectivo fue condenado a 14 años de prisión por tráfico de drogas. La sentencia incluyó la supresión de derechos políticos y civiles, la prohibición de salida del país por 14 años y la confiscación del dinero, una pena agravada por los antecedentes penales del acusado y su previo control bajo la Dirección Nacional Antidrogas.
Santiago de Cuba se ha consolidado como la provincia donde con mayor frecuencia emergen este tipo de sembrados en las comunicaciones policiales, contradiciendo frontalmente el silencio estadístico del gobierno central. El mismo perfil \»Héroes del Moncada\» documentó una serie de operativos en el oriente del país que evidencian una tendencia creciente. En marzo de 2025, se reportó la ocupación de 200 plantas y más de 2.000 semillas en el municipio Tercer Frente. Posteriormente, en mayo de ese mismo año, las autoridades intervinieron más de 3.000 plantas en la zona montañosa de La Tabla y otras 2.000 en la localidad de Salvador Rosales, en Songo La Maya. En junio, el hallazgo de 950 plantas y 19.000 semillas en Sigua completó un panorama que demuestra que el caso de Yerba de Guinea es el segundo conocido en Songo La Maya en menos de año y medio.
Contexto de crisis y supervivencia
El aumento de la siembra y el consumo de estupefacientes no puede desvincularse de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La inflación galopante, la caída brutal del poder adquisitivo y el desabastecimiento crónico de productos básicos han empujado a amplios sectores de la población a buscar alternativas en la economía informal y, en no pocos casos, en actividades ilícitas para garantizar la subsistencia. En este escenario de desesperación generalizada, el cultivo de marihuana o la distribución de \»el químico\» se han convertido en mecanismos de supervivencia para algunos ciudadanos, frente a un Estado incapaz de ofrecer oportunidades laborales dignas o un marco económico viable.
Mientras el régimen de La Habana despliega un discurso de \»tolerancia cero\» contra pequeños cultivadores o consumidores, la dictadura cubana mantiene intacta su maquinaria represiva contra cualquier manifestación de disidencia política o social. Los recursos estatales y el aparato de inteligencia se destinan a perseguir a ciudadanos que buscan evadir la miseria mediante la siembra de cannabis, mientras se ignoran las causas raíz del problema: el fracaso rotundo del modelo económico impuesto. Esta política penal selectiva y desproporcionada evidencia una vez más la doble moral del sistema, que criminaliza la pobreza pero se lava las manos ante la comunidad internacional negando la existencia de producción interna de drogas.
La detención en Songo La Maya y la condena ejemplarizante en Holguín proyectan un mensaje claro sobre las consecuencias a futuro para la ciudadanía. La judicialización de la pobreza y el endurecimiento de las penas no resolverán el problema de las drogas en Cuba, sino que abarrotarán aún más un sistema penitenciario ya colapsado y caracterizado por el hacinamiento y la falta de condiciones mínimas de salubridad. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberían prestar atención a esta realidad, donde la negación oficial choca con los hechos cotidianos, y donde el castigo severo se impone sobre ciudadanos atrapados en la ruina económica propiciada por el poder. El silencio estadístico del gobierno sobre el cultivo interno no logrará ocultar una crisis que sigue germinando en medio de la desidia oficial.
