Un joven con movilidad reducida y grave pérdida de visión en el municipio La Lisa, La Habana, lleva días esperando un traslado médico de emergencia que no llega. Mientras el sistema de salud se desmorona por la falta de combustible y recursos, la maquinaria represiva del Estado mantiene su operatividad intacta, evidenciando las prioridades del poder en la isla.
Héctor Luis Pupo Quiala, de 37 años, denunció su crítica situación a través de un video donde relata no poder moverse ni abrir los ojos debido a un dolor agudo y la inminente pérdida de visión en su ojo izquierdo. Desde el pasado sábado solicitó una ambulancia para ser trasladado a la Liga contra la Ceguera en la capital, pero la respuesta de los servicios de urgencia se ha limitado a indicarle que espere, argumentando que el \»reporte está hecho\». Residente en el barrio de San Agustín, el joven asegura que no puede ser trasladado en un vehículo particular debido a la gravedad de su encamamiento.
El padecimiento de Pupo Quiala es el resultado de décadas de malas praxis y abandono institucional. Diagnosticado a los 13 años con artritis reumatoide juvenil en La Habana, su condición se agravó tras regresar a su natal Holguín por la falta de fisioterapia y medicamentos adecuados. Hoy, además de la artritis, sufre de glaucoma, hipertensión, EPOC y osteoporosis inducida por la sobredosificación de fármacos, secuelas directas del deterioro del sistema sanitario cubano que frustró su juventud y su sueño de ser biólogo.
Marisela Quiala Hernández, madre del joven, ha exigido una intervención urgente de las autoridades sanitarias, exhausta de ver a su hijo postrado en cama sin asistencia. En su llamado de auxilio, señaló con indignación la contradicción de un Estado que carece de transporte para salvar vidas, pero despliega una vasta flota de patrullas para el control ciudadano. \»No voy a permitir que se me muera ahí en esa cama por falta de una ambulancia (…) bastante patrulla que hay\», advirtió la mujer.
La prioridad del régimen: control social por encima de la salud
El caso de Héctor Luis ilustra una crisis estructural profunda. La escasez crónica de combustible en la isla ha colapsado servicios esenciales, dejando a pacientes en situación de vida o muerte sin opciones de traslado. Sin embargo, la dictadura cubana sí garantiza los recursos para el aparato represivo. Las patrullas policiales y los vehículos del Ministerio del Interior operan con total normalidad para vigilar, amedrentar y reprimir cualquier intento de protesta social, acoso a disidentes o control de la población, demostrando que la seguridad del régimen está muy por encima de la salud y la vida de los cubanos.
La tragedia de esta familia en el municipio La Lisa no es un hecho aislado, sino el reflejo de la deshumanización de las políticas públicas en Cuba. Ante la inacción del gobierno cubano y la evidente priorización del aparato de vigilancia sobre el bienestar de la población, los ciudadanos más vulnerables quedan completamente a la deriva. Las consecuencias de este abandono institucional se traducen en muertes evitables y un sufrimiento crónico que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan documentando ante la indolencia del ejecutivo cubano.
