La opositora y exiliada Maritza Lugo Fernández rechazó las acusaciones del Ministerio del Interior de Cuba que la señalan como financista y \»autora intelectual\» de una presunta incursión marítima. La activista calificó el operativo estatal, que dejó cuatro cubanos muertos, como una \»masacre\» y exigió una investigación internacional que esclarezca los hechos y el paradero de los sobrevivientes.
Durante un programa especial transmitido por la televisión estatal, las autoridades de la isla presentaron a Lugo, presidenta del movimiento opositor 30 de Noviembre, como la \»cabecilla principal\» de la acción. Funcionarios del régimen aseguraron que los participantes tenían vínculos con su organización y le atribuyeron el respaldo logístico y económico de la operación, en un intento por criminalizar a la disidencia desde el extranjero.
Desde el exilio en Miami, Lugo tildó de absurdas las imputaciones en declaraciones a la prensa independiente. \»Hace más de 40 años ese régimen me acusa de terrorista y de todo lo que se le ocurre. Yo estoy tranquila porque sé que todo eso es mentira\», aseveró. La activista, quien cumple cuatro décadas de confrontación con el poder en La Habana y sufrió prisión por su activismo, negó haber organizado o entrenado a los tripulantes. Argumentó que carece de recursos y limitó su capacidad de instrucción a su labor religiosa, descartando cualquier vínculo con entrenamientos militares en su propiedad.
Represión y opacidad informativa en la frontera
La narrativa oficial difundida por la dictadura cubana contrasta con la falta de transparencia que rodea al caso y con la constante violación de los derechos humanos en la isla. Lugo sostuvo que la información circulante apunta a que las fuerzas del Estado emboscaron a la embarcación, configurando lo que ella describió como un \»crimen atroz\». Además, denunció la angustia de los familiares de los tripulantes, quienes aseguran no haber recibido información oficial sobre el paradero de posibles heridos, una práctica habitual del gobierno cubano en casos de uso desproporcionado de la fuerza.
Ante la gravedad de los hechos, la exiliada respaldó la propuesta del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de llevar a cabo una investigación independiente. Lugo hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a las altas esferas del ejecutivo estadounidense para intervenir diplomáticamente y proteger la vida de los implicados que pudieran permanecer detenidos. El caso reabre el escrutinio internacional sobre la represión sistemática del régimen de La Habana y su estrategia de fabricar cargos contra figuras del exilio para justificar operativos de fuerza letal contra la ciudadanía.
