Ante el agravamiento de la escasez de combustible y el colapso del transporte público, las autoridades de la isla han flexibilizado excepcionalmente los requisitos para otorgar Licencias de Operaciones de Transporte (LOT) a motocicletas y triciclos eléctricos que circulan sin matrícula. La medida busca incorporar de urgencia a estos vehículos al sistema de movilidad, evidenciando la incapacidad del gobierno cubano para garantizar servicios básicos a la población.
A través de una reciente instrucción firmada por el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, el ejecutivo cubano ha establecido un mecanismo temporal que permite a personas naturales tramitar la LOT utilizando el número de chasis como referencia, en lugar de la matrícula oficial. La disposición obliga a los propietarios a acreditar la legalidad del vehículo y portar la categoría A de la Licencia de Conducción, en un intento por organizar un sector que operaba en la informalidad debido a las profundas trabas burocráticas impuestas por el Estado.
El procedimiento estipula que, una vez emitida la licencia, los conductores deberán portarla durante sus recorridos para someterse a los controles viales habituales. Asimismo, se han previsto jornadas de inspección técnica en cabeceras provinciales y municipales para verificar el estado de estos medios de transporte. En el ámbito económico, el régimen de La Habana ha delegado en los órganos locales del Poder Popular la facultad de fijar los precios de los servicios, aunque la cobertura de la licencia será estrictamente municipal, con la única excepción de la capital, donde tendrá alcance provincial.
Una salida de urgencia a la crisis estructural
Esta flexibilización no es más que un parche ante la profunda crisis energética y de movilidad que sufre el país. La falta de combustible, producto de la ineficiencia del modelo económico centralizado y la dependencia de aliados externos, ha paralizado el transporte estatal, forzando a la ciudadanía a buscar alternativas de supervivencia como los vehículos eléctricos. Sin embargo, la adquisición de estos medios se ha dado en muchos casos al margen de la ley o sin la debida documentación, un reflejo directo del desabastecimiento y la desesperación social que impera en la isla.
Si bien la medida podría aliviar temporalmente el caos en el transporte de pasajeros, los beneficiarios contarán con un plazo de un año para completar todos los requisitos reglamentarios, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de cumplir con las exigencias estatales en un contexto de pobreza generalizada. La decisión de la dictadura cubana de improvisar soluciones a corto plazo para mitigar el descontento social evidencia una vez más su incapacidad para abordar las causas raíz que han llevado al colapso de la infraestructura y los servicios públicos en la nación.
