La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incorporó al Mayor Noel Morales López, director del penal provincial de Canaleta en Ciego de Ávila, a su plataforma de documentación de abusos estatales. El oficial es señalado como responsable directo de la brutal intervención ocurrida recientemente en el centro penitenciario, donde fuerzas especiales reprimieron a reclusos que protestaban por la falta de alimentos y los maltratos.
El episodio que motivó la denuncia tuvo lugar cuando la población penal del Destacamento 2, compuesta por 147 reclusos, se amotinó en rechazo a las condiciones carcelarias. El estallido se originó tras la golpiza propinada a un joven recluso que manifestó tener hambre, quien posteriormente apareció en un intento de suicidio o ahorcamiento. Ante la desesperación por la escasez de comida y medicinas, los presos exigieron libertad y corearon consignas contra el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel.
La respuesta de la dictadura cubana no se hizo esperar. Al amanecer del día siguiente, fuerzas combinadas de la policía del penal, bomberos, tropas especiales Avispas Negras de las Fuerzas Armadas y Boinas Negras del Ministerio del Interior irrumpieron en el recinto. La represión se ejecutó mediante balas de goma, gas pimienta y palizas. Según testimonios recopilados por la organización, el Mayor Morales López fue visto pisoteando el rostro de un recluso durante el caos. Diversos informes señalan que el saldo de la refriega dejó a varios presos muertos, aunque las autoridades de la isla mantienen un hermetismo absoluto sobre el incidente.
Ampliación del registro de represores y censura cultural
La inclusión del jefe de Canaleta forma parte de una estrategia más amplia de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba para documentar a los ejecutores de la represión en la isla. Recientemente, la plataforma también añadió a tres funcionarios implicados en el allanamiento y detención de los creadores independientes del proyecto audiovisual El4tico, Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez. Entre los señalados figuran el capitán Roiner Herrera Piña, del Ministerio del Interior; un oficial identificado como Teniente Coronel Parra, jefe de la Seguridad del Estado en Holguín; y la fiscal Yamisel Hernández Rodríguez, quien comunicó la imposición de prisión provisional a los artistas.
Crisis carcelaria y persecución sistémica
Los hechos denunciados en Canaleta y Holguín reflejan el deterioro profundo del sistema penitenciario y la escalada de persecución política en Cuba. El hacinamiento, la inanición y la falta de atención médica en las prisiones son una extensión directa del colapso estructural que sufre el país, marcado por una inflación galopante y un desabastecimiento crónico. Ante el descontento, el régimen de La Habana opta por el endurecimiento penal y la criminalización de la libertad de expresión, utilizando el aparato judicial y policial para silenciar cualquier vestigio de disidencia o crítica social.
La sistematización de estos abusos por parte de organizaciones exiliadas busca visibilizar a los responsables materiales de las violaciones de derechos humanos, con el objetivo de activar mecanismos de rendición de cuentas internacionales. Mientras la comunidad internacional evalúa su postura frente a la situación cubana, la documentación de estos casos representa un paso crucial para futuros procesos de justicia transicional. Por ahora, la ciudadanía recluida y los activistas culturales continúan soportando el peso de una maquinaria represiva que actúa con total impunidad.
