La Fiscalía Provincial de Camagüey ha solicitado una condena de 10 años de privación de libertad para el opositor Virgilio Mantilla Arango y cuatro años de trabajo correccional sin internamiento para Toma Roberto Agüero Yanes, ambos residentes en el municipio Carlos Manuel de Céspedes, por la publicación de un video en Facebook en el que Mantilla criticaba al gobierno cubano y convocaba a la ciudadanía a protestar en las calles. La petición fiscal, fechada el 16 de abril de 2026, representa uno de los castigos más severos solicitados en los últimos años contra un activista por ejercer el derecho a la libertad de expresión en la isla.
El escrito de acusación, correspondiente al expediente de fase preparatoria número 26 de 2025 de la Unidad Provincial de los Delitos Contra la Seguridad del Estado de Camagüey, fue firmado por la fiscal Linarky Molina Méndez y presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Camagüey. El documento fue recibido el 5 de mayo con la firma del propio Mantilla, según documentó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), organización que tuvo acceso al expediente y ha denunciado de manera sistemática la criminalización de la disidencia en Cuba.
La acusación califica los hechos bajo dos figuras delictivas del Código Penal cubano: \»propaganda contra el orden constitucional\», por el cual solicita 10 años de prisión, y \»desacato\», por el que pide un año adicional, estableciendo una sanción única conjunta de 10 años de privación de libertad. Además, a ambos acusados se les impone como sanción accesoria la prohibición de salir del territorio nacional, lo que en la práctica constituye una medida de confinamiento que prolonga el castigo más allá del cumplimiento de la pena.
El marco legal como instrumento de represión
Ambas peticiones se sitúan en el techo máximo de los marcos penales correspondientes, lo que evidencia la intención ejemplarizante del régimen de La Habana. El artículo 124 del Código Penal sanciona con tres a ocho años de prisión a quien incite \»contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma\». Sin embargo, el precepto eleva la pena a \»privación de libertad de cuatro a 10 años\» cuando se utilizan \»medios de comunicación social en sus espacios físico y digital\», que es precisamente el apartado invocado por la fiscalía al tratarse de una publicación en la red social Facebook.
El artículo 185, por su parte, castiga con seis meses a un año, multa, o ambas sanciones, a quien ofenda \»en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones\». La fiscalía solicitó el máximo de cada escala penal: 10 años por propaganda y un año por desacato, lo que refleja una estrategia de endurecimiento punitivo contra quienes utilizan las plataformas digitales para expresar descontento con el poder.
Once meses en prisión preventiva y celda de castigo
El Observatorio de Derechos Culturales (ODC), organización independiente que monitorea la censura contra artistas e intelectuales cubanos, alertó sobre el tiempo que Mantilla lleva encarcelado sin juicio y las condiciones de su reclusión. \»Virgilio permanece detenido desde el 17 de octubre de 2025. La petición fiscal llegó muchos meses después, tiempo que, adicionalmente, ha pasado de forma sostenida en celda de castigo\», advirtió la organización, que también accedió al escrito acusatorio y confirmó los detalles del proceso.
El ODC sitúa al opositor recluido en la prisión Kilo 8, en Camagüey, y describe un cuadro de salud gravemente deteriorado. \»Padece dos hernias discales, una condición que ya se ha agudizado y que podría empeorar bajo una reclusión tan prolongada\», señaló la organización. La falta de atención médica adecuada en los centros penitenciarios cubanos es una práctica sistemática denunciada por organismos internacionales de derechos humanos, que han documentado cómo el régimen utiliza el deterioro de la salud como forma de presión adicional contra los presos políticos.
El opositor enfrentará el juicio sin defensa legal contratada dentro de la isla. \»Ante esta petición fiscal, y dadas las condenas anteriores que también considera injustas, Virgilio ha determinado no contratar abogado dentro de Cuba\», precisó el observatorio. Esta decisión refleja una práctica cada vez más extendida entre la oposición cubana, que considera que el sistema judicial carece de independencia y que la contratación de abogados estatales resulta inútil frente a procesos cuyas resoluciones están determinadas de antemano por instrucciones políticas.
El video que motivó la causa
El material audiovisual que originó el proceso penal fue grabado frente al panteón de los combatientes en la necrópolis del municipio Carlos Manuel de Céspedes, en la provincia de Camagüey. En el video, Mantilla articula una crítica directa y frontal contra el gobierno cubano, atribuyendo a este la responsabilidad exclusiva de la crisis que atraviesa el país. \»Nuestro enemigo no es Estados Unidos. Quien nos tiene a nosotros esclavizados y viviendo en la miseria no es Estados Unidos. Quien nos tiene sin corriente, sin la posibilidad mínima de poder cocinar, no es Estados Unidos. Quien les quita la leche a los niños al año, no es Estados Unidos. Quien nos quita el derecho inalienable de expresarnos libremente no es Estados Unidos\», expresa Mantilla en el audiovisual.
\»El único enemigo que tenemos nosotros es el régimen cubano, es Díaz-Canel-Castro. Ese es nuestro enemigo, ese es el que nos ha creado nuestras dificultades, nuestro problema y tenemos que luchar y salir para la calle sin miedo\», añade el opositor en el video, en un pasaje que la fiscalía identifica como el núcleo incriminatorio del expediente. La reconstrucción fiscal del hecho detalla que Mantilla pidió a Agüero Yanes que lo filmara con su teléfono móvil, este le envió el material por WhatsApp y el opositor lo publicó en la página de Facebook \»Cespedeños\». El escrito atribuye a esa publicación el propósito de generar \»disturbios\» y un \»estallido social\», y sitúa como elementos incriminatorios la crítica al gobierno, el llamado a acompañar al pueblo en la calle y la inconformidad con el contexto económico, político y social del país.
El cargo de desacato nacido dentro de la prisión
El segundo delito imputado a Mantilla no se originó en la calle, sino dentro del propio sistema penitenciario. El 24 de diciembre de 2025, mientras cumplía prisión provisional en el área de visitas del centro penitenciario Kilo 7, el jefe del penal, el mayor Leonardo Suárez Reyes, presentó una denuncia contra Mantilla por declaraciones en las que cuestionaba su conducta. De esa denuncia interna derivó el cargo de desacato, que la fiscalía incorporó al expediente como agravante adicional, elevando la petición de pena al máximo legal posible.
Entre las pruebas que la fiscalía lleva al tribunal figura un informe institucional de los órganos de contrainteligencia que acredita el seguimiento previo al que estaba sometido Mantilla, lo que confirma que el activista era objeto de vigilancia sistemática por parte de los aparatos represivos del Estado. El expediente incluye además un peritaje informático criminalístico sobre su teléfono y un dictamen pericial de identificación de las personas que aparecen en el video. El expediente consigna también el decomiso del celular con una tarjeta micro SD y una tarjeta nano SIM, así como 18.655 pesos cubanos, una cantidad que en el contexto de inflación galopante que sufre la isla representa un ahorro considerable para un ciudadano común.
Una trayectoria de persecución sostenida
La detención de octubre de 2025 se produjo apenas dos meses después de que Mantilla saliera de la cárcel. El activista de la Unidad Camagüeyana fue excarcelado el 18 de agosto de 2025 tras cumplir íntegramente su sanción anterior, según documentó Prisoners Defenders en su informe de noviembre. La organización ha registrado años de hostigamiento carcelario contra Mantilla, incluyendo traslados arbitrarios, aislamiento prolongado y apertura de nuevas causas penales en represalia por sus denuncias sobre las condiciones de reclusión.
Mantilla había sido arrestado el 16 de julio de 2021, en la ola represiva desatada por la dictadura cubana tras las protestas masivas del 11 de julio, y condenado en septiembre de ese mismo año a tres años y tres meses de prisión. Su excarcelación, prevista inicialmente para el 16 de octubre de 2024, se retrasó después de que lo acusaran de desacato por protestar junto a otros reclusos por la falta de alimentos y medicinas en el penal, una práctica que las organizaciones de derechos humanos han identificado como una estrategia recurrente del régimen para prolongar indefinidamente la reclusión de opositores.
En los días posteriores a su arresto de octubre, la Seguridad del Estado retuvo también a un sobrino de Mantilla de 17 años, al que, según denunció su sobrina Chavelis Arango a medios independientes, los agentes pretendían señalar como autor de la filmación. El adolescente no aparece en el escrito de acusación final: el segundo imputado es Agüero Yanes. La detención de un menor de edad como medida de presión familiar constituye una violación adicional de los derechos humanos que ha sido documentada por múltiples organizaciones internacionales que monitorean la situación en la isla.
Contexto: la criminalización de la disidencia digital
El caso de Mantilla se inscribe en una pattern más amplio de criminalización de la expresión digital en Cuba. Desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal en 2022, el régimen de La Habana ha utilizado de manera sistemática los artículos 124 y 185 para silenciar a ciudadanos que utilizan las redes sociales como único canal de expresión disponible frente al monopolio estatal de los medios de comunicación. La penalización agravada por el uso de \»medios de comunicación social en sus espacios físico y digital\» representa una actualización del aparato represivo adaptado a la era de internet, en un país donde el acceso a la red sigue siendo limitado, costoso y vigilado.
La petición de 10 años de prisión por un video publicado en Facebook debe leerse en el contexto de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La isla sufre una inflación descontrolada que ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios, un desabastecimiento crónico de alimentos, combustibles y medicamentos, apagones que superan las 10 horas diarias en gran parte del territorio nacional, y un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado a ciudades enteras de su población joven. En este escenario, la crítica de Mantilla sobre la responsabilidad del gobierno en la crisis no constituye una provocación, sino un reflejo del sentir mayoritario de la población cubana.
Las palabras del opositor en el video —mencionando la falta de electricidad, la imposibilidad de cocinar, la retirada de la leche a los niños— describen con precisión la realidad cotidiana de millones de cubanos. El régimen ha respondido a estas realidades con una combinación de represión policial, criminalización judicial y censura informativa, en lugar de abordar las causas estructurales del descontento social. La represión selectiva contra figuras como Mantilla busca enviar un mensaje disuasorio a una población que, según indican los sondeos independientes, se encuentra en su nivel más bajo de tolerancia hacia el poder.
Reclamos internacionales y consecuencias a futuro
El ICLEP ha reclamado el sobreseimiento de ambas causas, la devolución de los bienes decomisados y la derogación de los artículos 124 y 185 del Código Penal, por considerar que su formulación y su aplicación son incompatibles con los estándares internacionales de libertad de expresión. La organización sostiene que la criminalización de la crítica al gobierno viola los compromisos asumidos por Cuba ante la comunidad internacional en materia de derechos humanos, incluyendo los principios recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
De imponérsele la pena solicitada por la fiscalía, Mantilla superaría las cinco condenas consecutivas por motivos políticos, lo que lo convertiría en uno de los opositores con mayor acumulación de sanciones penales en la Cuba contemporánea. Su caso se suma a una lista de más de mil presos políticos documentados por organizaciones de la sociedad civil cubana, una cifra que sitúa a la isla como uno de los países con mayor número de personas encarceladas por motivos políticos en el hemisferio occidental. La respuesta de la comunidad internacional ante este caso será un indicador de la voluntad real de los gobiernos democráticos de sostener una política firme frente a la dictadura cubana y sus violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales.
Mientras tanto, Mantilla permanece en una celda de castigo en la prisión Kilo 8 de Camagüey, con dos hernias discales sin tratamiento adecuado y sin fecha confirmada para su juicio. La suya es la historia de un hombre que ha dedicado años de su vida a denunciar las condiciones de vida en Cuba y que, por ejercer el derecho más básico de toda sociedad democrática —el de expresar públicamente su descontento—, enfrenta la posibilidad de pasar una década tras las rejas. Su caso resume con crudeza la naturaleza del sistema que gobierna la isla: un régimen que castiga con la cárcel lo que en cualquier sociedad libre sería ejercicio pleno de ciudadanía.
