El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba aprobó una exención fiscal de hasta ocho años para los trabajadores por cuenta propia, campesinos y artistas que inviertan en sistemas de energías renovables. La medida, publicada mediante la Resolución 41/2026, busca mitigar el colapso energético que mantiene paralizada a la isla ante la escasez crítica de combustible.
La normativa, vigente desde el pasado 10 de febrero, permite a los contribuyentes del sector privado eximirse del Impuesto sobre los Ingresos Personales o de Utilidades durante el tiempo necesario para recuperar su inversión. Para acceder a este beneficio, los solicitantes deberán tramitar su solicitud ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y presentar un dictamen energético que avale el funcionamiento de los sistemas instalados. Asimismo, la disposición faculta a estos actores económicos para inyectar electricidad al Sistema Electroenergético Nacional, un intento del gobierno cubano por integrar fuentes alternativas en medio de los apagones prolongados.
Además de los incentivos tributarios, las autoridades de la isla ampliaron las exenciones arancelarias para la importación de equipos de energía limpia, tales como paneles solares, aerogeneradores y biodigestores. Estos bienes no computarán dentro de los límites de importaciones no comerciales para personas naturales, siempre que se declaren por separado y cumplan con los controles técnicos vigentes. Sin embargo, la resolución excluye explícitamente a los vehículos eléctricos de este esquema y establece que las tecnologías deberán comercializarse con márgenes de utilidad limitados.
Una salida tardía ante el colapso del sector energético
El anuncio de estas exenciones tributarias se produce en un contexto de parálisis económica y social provocado por el desabastecimiento crítico de combustible. La dependencia externa de petróleo ha llevado al régimen de La Habana a activar planes de contingencia para subsistir sin importaciones tradicionales. Recientemente, el ejecutivo cubano autorizó a pequeñas empresas privadas y compañías internacionales radicadas en el país a importar combustible de forma directa, aunque limitada al autoconsumo empresarial. Esta alternativa resulta insuficiente para cubrir la demanda nacional, estimada en 110.000 barriles diarios, de los cuales apenas 40.000 provienen de la producción interna.
Según informaciones de agencias internacionales, el gobierno cubano ha sostenido encuentros recientes con emprendedores locales y empresarios extranjeros para instrumentar estas importaciones directas, una práctica que contradice el monopolio estatal histórico sobre los recursos estratégicos. Esta apertura forzosa responde a un anuncio previo del Ministerio de Comercio Exterior, que admitió la necesidad de permitir a empresas extranjeras y mixtas traer su propio combustible ante la imposibilidad del Estado de garantizar el suministro.
Estas decisiones evidencian la incapacidad del Estado para gestionar la matriz energética nacional, trasladando ahora la responsabilidad de la supervivencia económica al sector privado y a la inversión extranjera. Para la ciudadanía, las exenciones fiscales llegan como un paliativo tardío en medio de una crisis estructural que ha disparado la inflación, profundizado el desabastecimiento y exacerbado el éxodo migratorio. La apertura controlada a las energías renovables y a la importación privada de combustibles refleja la rendición táctica de la dictadura cubana ante el fracaso de su modelo centralizado, dejando al descubierto la urgencia de reformas profundas que el sistema se resiste a adoptar.
