La Administración de Estados Unidos autorizó a cinco compañías internacionales para explotar y refinar hidrocarburos en Venezuela, pero impuso una estricta prohibición para que estas entidades realicen transacciones con Cuba o utilicen buques sancionados. La medida, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), recrudece el aislamiento energético del régimen de La Habana, que históricamente ha dependido del crudo aliado para sostener su frágil economía.
El permiso otorgado por Washington recae sobre las empresas Repsol (España), Eni (Italia), Shell y BP (Reino Unido), así como la estadounidense Chevron. Estas corporaciones podrán operar en el sector petrolero y gasístico venezolano, e incluso firmar nuevos contratos de inversión. Sin embargo, la licencia contempla restricciones severas: prohíbe el desbloqueo de bienes en manos del gobierno de Nicolás Maduro y veta cualquier negocio con embarcaciones sancionadas o entidades vinculadas a Rusia, China, Irán, Corea del Norte y la isla caribeña.
Esta decisión se produce tras la visita a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien sostuvo encuentros con representantes de Chevron y con altas figuras del chavismo, incluida la designada presidenta interina, Delcy Rodríguez. El movimiento diplomático y comercial en Venezuela deja en una posición aún más vulnerable a las autoridades de la isla, quienes ven mermadas sus opciones para obtener combustible en un mercado cada vez más restringido por las políticas de Washington.
Aislamiento estratégico y crisis estructural
El endurecimiento contra el flujo de petróleo hacia Cuba se enmarca dentro de la declaratoria de \»emergencia nacional\» emitida por el presidente estadounidense. En la orden ejecutiva, Washington sostiene que la dictadura cubana representa una \»amenaza inusual y extraordinaria\» para su seguridad nacional, argumentando que el gobierno de La Habana brinda refugio a grupos terroristas transnacionales y alberga instalaciones de inteligencia de señales rusas enfocadas en extraer información confidencial de Estados Unidos.
Como respuesta a esta emergencia, el ejecutivo estadounidense ha establecido un sistema arancelario que permite imponer gravámenes adicionales a las importaciones de cualquier nación que suministre petróleo a Cuba, ya sea de forma directa o indirecta. Para la ciudadanía, este cerco energético se traduce en un agravamiento de la crisis estructural que sufre el país, donde los apagones prolongados y la escasez de combustible son ya el pan de cada día. Aunque el documento contempla la posibilidad de levantar las restricciones si el régimen \»se alinea suficientemente\» con las políticas de seguridad estadounidenses, la intransigencia del sistema sugiere que el desabastecimiento y el colapso de los servicios básicos continuarán marcando el devenir de la nación.
