El gobierno cubano anunció un paquete de medidas que incluye la semipresencialidad en la Universidad de La Habana, la suspensión del transporte interprovincial y apagones más prolongados, en medio de una profunda crisis de combustible. Las decisiones, adoptadas por el ejecutivo cubano sin planes de mitigación, trasladan la carga de la crisis directamente a la ciudadanía.
Tras una sesión extraordinaria del Consejo de Defensa Nacional y el Consejo de Ministros, el gobernante Miguel Díaz-Canel presentó un conjunto de acciones que analistas califican como una nueva versión de la \»Opción Cero\». En su alocución, el mandatario responsabilizó a los Estados Unidos de una supuesta \»persecución energética\» y apeló a la \»resistencia creativa\» de la población, omitiendo ofrecer cronogramas o soluciones concretas frente al desabastecimiento que enfrenta la isla.
Una de las primeras y más severas afectaciones se materializó en la educación superior. La Universidad de La Habana decretó el paso abrupto a la modalidad semipresencial para todas las carreras durante al menos 30 días, bajo el argumento de la escasez de combustible. La medida obliga a miles de estudiantes a continuar su formación a través de la plataforma digital EVEA, ignorando la realidad de un país con apagones prolongados y nula conectividad. Además, las autoridades universitarias reconocieron no poder garantizar el traslado de estudiantes becados a sus provincias de origen, dejando en el aire su manutención y exigiendo guardias para proteger las instalaciones ante el riesgo de abandono de los centros docentes.
El sistema de movilidad también ha colapsado. En la provincia de Las Tunas se suspendieron las salidas de ómnibus nacionales, mientras circulan reportes en Camagüey sobre el cese de la venta de gasolina y el transporte, información que las autoridades de la isla no han confirmado oficialmente, evidenciando su habitual falta de transparencia. Paralelamente, la Empresa Eléctrica de la Isla de la Juventud informó la implementación de un ciclo de cortes de energía de cuatro horas, más una adicional en todos los circuitos, debido al déficit de combustible para la generación eléctrica.
Un sistema en crisis estructural
Estas medidas no son acontecimientos aislados, sino síntomas del colapso estructural que sufre Cuba tras décadas de mala gestión. La incapacidad del régimen de La Habana para garantizar servicios básicos como la educación, el transporte y la electricidad se suma a una inflación galopante y un desabastecimiento crónico. Esta combinación de factores ha convertido la supervivencia diaria en un calvario para los cubanos, empujando a cientos de miles a tomar la ruta del éxodo migratorio en busca de mejores condiciones de vida.
El traslado de la carga logística y energética a los ciudadanos augura un escenario de mayor precariedad en los próximos meses. Ante la falta de libertades y la imposibilidad de exigir rendición de cuentas, la ciudadanía se enfrenta a una dictadura que prioriza el control político sobre el bienestar social. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la crisis cubana se profundiza, con implicaciones directas en la estabilidad regional debido a la presión migratoria que el colapso de la isla continúa generando.
