Una movilización estudiantil y ciudadana tomó este martes la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, donde manifestantes exigieron la liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas y la aprobación de una amnistía total y sin condiciones, en un gesto de resistencia cívica que resuena con las demandas históricas de libertad en toda la región, incluida Cuba.
La concentración se inició en torno a las 10:00 a.m. en la sede de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV), con la participación de estudiantes, familiares de presos políticos, activistas y diversos sectores de la sociedad civil. Los manifestantes reclamaron una \»amnistía real y no selectiva\», así como transparencia en los procesos judiciales y garantías de no repetición de detenciones arbitrarias, según reportó el medio Efecto Cocuyo.
Durante la protesta, el exprisionero político Javier Tarazona declaró que los venezolanos mantendrán la presión en las calles y subrayó que el país requiere restitución de derechos y reparación de las víctimas. \»Venezuela necesita reconciliarse y la reconciliación pasa indudablemente por la restitución de los derechos, pasa por la reparación de las víctimas, pasa porque no haya repetición\», afirmó Tarazona, quien además sostuvo que la ley de amnistía es un paso necesario pero insuficiente si no se derogan las leyes utilizadas para la criminalización y persecución de la disidencia.
Recorrido y consignas en la UCV
Según el diario El Nacional, la movilización se extendió desde la FCU-UCV hacia la Plaza del Rectorado, donde los participantes corearon consignas como \»¡Libérenlos a todos!\» y \»La universidad no se calla\». El presidente de la FCU-UCV, Miguel Ángel Suárez, exigió que la amnistía se apruebe de forma expedita y sin exclusiones, con restitución plena de derechos para los beneficiarios. Otros medios reportaron que los manifestantes también denunciaron las detenciones arbitrarias y la criminalización tanto de la disidencia como de la lucha sindical.
La ONG Foro Penal informó en su balance más reciente que registra 687 presos políticos en Venezuela, con datos actualizados hasta el pasado 2 de febrero. La organización también indicó que ha verificado 344 excarcelaciones desde el 8 de enero, lo que sugiere que el régimen de Caracas ha comenzado a ceder parcialmente ante la presión interna e internacional, aunque el número de detenidos permanece alarmantemente alto.
El anuncio de amnistía y sus límites
El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una \»ley de amnistía general\» para los presos políticos y ordenó que la iniciativa fuera remitida a la Asamblea Nacional con el objetivo de \»favorecer la convivencia\» nacional, según declaró en un acto celebrado en el Tribunal Superior de Justicia. Rodríguez afirmó que se trataba de una decisión conversada con Nicolás Maduro y pidió que \»nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto\».
El anuncio apunta a cerrar judicialmente los expedientes de quienes ya han salido de prisión durante el proceso de excarcelaciones abierto en enero, y a ampliar el alcance a los centenares de detenidos que todavía permanecen encarcelados por motivos políticos. Sin embargo, la sociedad civil venezolana ha recibido la medida con escepticismo, exigiendo que se materialice en liberaciones reales y no quede como un gesto cosmético del régimen. Esta dinámica resulta tristemente familiar para la ciudadanía cubana, donde el gobierno de La Habana ha utilizado históricamente las excarcelaciones como moneda de cambio diplomático sin abordar las causas estructurales de la represión política, la ausencia de libertades y el encarcelamiento sistemático de opositores. La marcha en Caracas es un recordatorio de que la exigencia de libertad y justicia trasciende fronteras y que los pueblos de la región continúan resistiendo frente a autoritarismos que se sostienen mediante el miedo y la privación de derechos fundamentales.
