La profunda crisis económica y el desabastecimiento crónico en Cuba han convertido a los viajeros informales, conocidos popularmente como \»mulas\», en el principal mecanismo de abastecimiento para miles de familias en la isla. Ante la incapacidad del gobierno cubano para garantizar productos básicos, ciudadanos residentes en el exterior y en la propia nación asumen la importación de mercancías, enfrentando un sistema aduanero cada vez más arbitrario y permeado por la corrupción.
La figura de la \»mula\» ha mutado de una práctica de solidaridad familiar a un negocio de supervivencia frente a la ineficiencia estatal. Aprovechando las franquicias aduaneras y la exención de impuestos para ciertos artículos, estos viajeros venden el espacio de sus maletas para autofinanciar sus pasajes o generar ingresos. Según testimonios recogidos, el traslado de mercancías desde ciudades como Miami tiene un costo aproximado de ocho dólares por libra, mientras que desde destinos como México o España, donde la oferta es menor, el precio supera los diez dólares. Artículos tecnológicos, como teléfonos y computadoras, se cobran por unidad debido a su altísima demanda en un mercado interno estrangulado por las políticas del régimen de La Habana.
Yurelvis, un joven de 27 años radicado en Tampa, Florida, relata que la dinámica se ha vuelto más compleja en los últimos tiempos. Con viajes que llegan a ser semanales, el santaclareño señala que las ganancias han disminuido y la vigilancia ha aumentado, especialmente hacia aquellos emigrados que se beneficiaron de políticas de asilo y continúan regresando a la isla. \»Llegué a cobrar 30 dólares la libra cuando había menos vuelos. Ahora ya no es tan sencillo\», admite el joven, evidenciando cómo las medidas restrictivas del ejecutivo cubano afectan incluso los canales de abastecimiento informal que mantienen a flote a la población.
El circuito comercial y la corrupción institucional
Además del envío de paquetes familiares, ha proliferado una modalidad emprendedora donde pequeños comerciantes viajan al extranjero para adquirir mercancías destinadas a la reventa en Cuba. Los destinos predilectos son Panamá, República Dominicana, México, Rusia y Haití, elegidos en función de las facilidades para obtener visas. Una vez en la isla, productos como bicimotos eléctricas, generadores, alimentos enlatados y condimentos se venden con rapidez a través de redes sociales, supliendo las graves deficiencias del mercado estatal.
Sin embargo, el retorno a la isla está plagado de obstáculos impuestos por las autoridades de aduana. Los testimonios coinciden en que el riesgo de incautación y multas ha escalado notablemente, lo que ha derivado en un aumento sistemático de los sobornos. Lisandra Méndez, residente en Bauta y dedicada a la importación, explica que un viaje a Panamá le permite sostener un nivel de vida digno en Cuba, pero reconoce que el trámite aduanero exige pagar sobornos a los funcionarios para permitir el paso de la mercancía. Esta dinámica expone no solo la represión de la dictadura cubana contra el comercio privado no controlado, sino también la profunda corrupción que permea sus instituciones de control.
El auge de este fenómeno es un síntoma inequívoco del fracaso del modelo económico impuesto por el poder en la isla. Mientras el Estado monopoliza y hunde la producción nacional, la ciudadanía se ve obligada a depender del contrabando hormiga y la corrupción burocrática para acceder a bienes elementales. A largo plazo, esta dependencia profundiza la fragmentación social y la inflación, evidenciando ante la comunidad internacional la urgente necesidad de un cambio estructural que devuelva al cubano su derecho a la libre empresa y al consumo digno, sin estar sometido a la extorsión sistemática de sus propias autoridades.
