El sistema de transporte público gestionado por el Ministerio del Transporte de Cuba registró una caída del 93 % en los primeros nueve meses de 2025, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. El colapso de la movilidad interprovincial y el desabastecimiento de combustible evidencian el fracaso de la gestión estatal, agravado en los últimos meses por la reducción de envíos de petróleo desde Venezuela.
Las cifras difundidas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) revelan la magnitud del desastre operativo en el sector. El descenso más crítico correspondió a los fletes y autobuses de empresas estatales, que sufrieron una contracción del 97 %, pasando de 40,2 millones de pasajeros movilizados en 2024 a apenas 900.000 en el mismo período de 2025. Asimismo, el uso de guaguas urbanas disminuyó un 17,5 % y el transporte de mercancías se contrajo un 6 %. Paradójicamente, el transporte suburbano se quintuplicó, pasando de 6 a 28,8 millones de usuarios, lo que refleja el desesperado traslado de ciudadanos desde zonas rurales hacia las ciudades en busca de alternativas de subsistencia ante la inoperancia estatal.
La crisis de la movilidad no es una novedad para los cubanos, pero su deterioro ha llegado a niveles insostenibles. Durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular celebradas en julio pasado, el gobierno cubano se vio obligado a reconocer que apenas se cumplió el 68 % del plan de transportación de pasajeros, dejando más de 400 millones de viajes sin realizar. El informe presentado por el ministro del sector detalló que el transporte automotor urbano solo cubrió el 35 % de lo previsto, mientras que en provincias como Granma, Las Tunas y Cienfuegos el cumplimiento de las rutas rurales no superó el 26 %.
Flota obsoleta y dependencia energética
El panorama expuesto por las autoridades de la isla describe una infraestructura en ruinas. La falta de piezas de repuesto, la baja disponibilidad técnica y la escasez crónica de combustible han provocado la cancelación de más de 90 rutas urbanas en La Habana, donde más de la mitad de los ómnibus permanecen fuera de servicio. El sistema ferroviario está prácticamente paralizado, con rutas clave como Santa Clara–Nuevitas y Cienfuegos–La Habana operando al mínimo. En el sector marítimo, las conexiones hacia la Isla de la Juventud dependen de catamaranes deteriorados, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros y aislando aún más a estas comunidades.
Esta situación ha empeorado drásticamente en las últimas semanas debido al parón en los envíos de petróleo desde Venezuela, lo que deja al descubierto la fragilidad y dependencia del modelo económico impuesto por la dictadura cubana. Ante la incapacidad del Estado para garantizar un servicio básico, miles de ciudadanos se ven obligados a recurrir al transporte informal, donde los precios se disparan sin ningún tipo de regulación efectiva. El colapso de la movilidad no solo profundiza la crisis económica y el aislamiento de la población, sino que también representa un fracaso más del ejecutivo cubano en su obligación de garantizar los derechos fundamentales, empujando a más cubanos hacia el exilio migratorio ante la imposibilidad de desarrollarse en su propio país.
