El Banco Central de Cuba (BCC) publicó una resolución que otorga a la empresa con sede en Hialeah, Cubamax Travel Inc., permisos sin precedentes para entregar dinero en efectivo a los receptores de remesas en el país, una medida que ocurre en medio de la profunda crisis económica y genera pedidos de investigación en Estados Unidos por presuntos vínculos con el gobierno de La Habana.
Mediante la Resolución 135/2025, publicada en la Gaceta Oficial, las autoridades de la isla facultaron a la agencia de viajes y envíos para \»entregar efectivo en moneda nacional o en divisas\» a los beneficiarios en Cuba. Esta concesión otorga a la compañía un nivel de operación que ni siquiera filiales del conglomerado militar GAESA, como FINCIMEX, habían ostentado públicamente. La decisión revela el nivel de asfixia financiera que atraviesa el ejecutivo cubano, desesperado por captar divisas frescas frente al colapso del sistema bancario y la inflación galopante.
Sin embargo, esta maniobra económica coloca a Cubamax bajo la lupa del Departamento de Estado de Estados Unidos. El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, ha solicitado a las autoridades federales una revisión exhaustiva de la empresa por sus presuntos lazos con el régimen. Los antecedentes de la compañía alimentan estas sospechas: en 2022 patrocinó el polémico evento \»San Remo Music Awards Cuba\», impulsado por Lis Cuesta Peraza, y un año después, directivos de la firma se reunieron con el dictador Miguel Díaz-Canel en el Palacio de Convenciones de La Habana.
Un mercado cautivo y privilegios históricos
La relación entre Cubamax y el gobierno cubano no es nueva. Durante el cierre de aeropuertos por la pandemia de COVID-19, la compañía obtuvo permisos excepcionales para operar vuelos chárter entre Miami y La Habana, lucrando con el envío de paquetería a la isla. Ingresar ahora en el esquema de remesas representa un movimiento audaz, considerando que este sector está férreamente controlado por el aparato empresarial de GAESA. Habitualmente, la dictadura cubana mantiene un monopolio hermético sobre el flujo de dólares provenientes del exilio, excluyendo a cualquier actor que no pertenezca a su estructura endémica.
La apertura a una empresa extranjera para la entrega de divisas debe leerse en el marco de la agudización de la crisis estructural que sufre la nación. La devaluación estrepitosa del peso cubano, el desabastecimiento crónico y el éxodo migratorio masivo han mermado las vías tradicionales de ingresos para el Estado. Al flexibilizar este canal, las autoridades buscan inyectar liquidez en una economía en bancarrota, aunque el riesgo político y diplomático de involucrar a una empresa bajo escrutinio en la Florida sea altísimo.
De materializarse las investigaciones federales contra Cubamax, el régimen de La Habana podría utilizar el eventual cierre o sanción de la empresa como un nuevo pretexto para culpar al embargo estadounidense de sus fracasos económicos. Mientras tanto, la ciudadanía continúa atrapada en la incertidumbre financiera, dependiendo de las remesas para sobrevivir a una política económica que, lejos de solucionar la pobreza y la represión, parece estar diseñando su próxima cortina de humo para justificar el inevitable colapso monetario que se avecina.
