El régimen de La Habana ha encontrado en la Aduana General de la República una nueva vía para captar divisas, profundizando la fractura social entre quienes acceden al dólar y quienes sobreviven con un peso cubano cada vez más devaluado. Las nuevas medidas aduaneras, presentadas oficialmente como una «apertura» al comercio exterior, funcionan en la práctica como un mecanismo adicional de extracción de riqueza sobre una población ya empobrecida por años de crisis estructural.
La sociedad cubana atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas, con una fractura monetaria que define el acceso a bienes básicos, alimentos, medicinas y servicios. Quienes reciben remesas del exterior o trabajan en sectores vinculados al turismo o empresas extranjeras pueden acceder a tiendas en moneda libremente convertible (MLC) y a mercados informales en dólares. El resto de la población depende del peso cubano, una moneda cuyo poder adquisitivo se ha desplomado frente a la inflación galopante que afecta a la isla desde la llamada «Tarea Ordenamiento» implementada en 2021.
En este contexto, las autoridades de la isla han incrementado la presión sobre los flujos de divisas que ingresan al país a través de paquetes, envíos postales y viajeros. La Aduana, que ya aplica aranceles elevados sobre productos importados por particulares, ha reforzado los controles y ampliado los cobros en moneda extranjera sobre mercancías que en su mayoría son bienes de primera necesidad enviados por familiares desde el extranjero.
Una «apertura» que extrae dólares de la diáspora
El gobierno cubano ha presentado recientes modificaciones a las normativas aduaneras como parte de un supuesto proceso de flexibilización comercial. Sin embargo, analistas económicos y observadores independientes señalan que estas medidas no constituyen una apertura genuina, sino un diseño orientado a maximizar la captación de dólares sin contrapartida real en mejoras para la economía productiva del país. Los aranceles, recargos y tarifas en divisas se aplican sobre productos que los cubanos reciben para suplir las carencias que el Estado no logra cubrir.
La estrategia se inscribe en un patrón más amplio del régimen de La Habana: externalizar el costo de la crisis hacia la población y la diáspora. Mientras las tiendas en MLC y los nuevos comercios en dólares generan ingresos para el aparato estatal, la población que solo cuenta con pesos cubanos queda excluida del acceso a productos esenciales. La Aduana funciona así como un eslabón adicional en una cadena de extracción que incluye las remesas, el turismo controlado por el sector militar y las empresas estatales de importación.
Cuba recibe anualmente miles de millones de dólares en remesas desde Estados Unidos, Europa y otras regiones con presencia de la diáspora. Una parte significativa de ese flujo se canaliza a través de envíos de mercancías, paquetes y compras en tiendas virtuales operadas por empresas estatales. En cada uno de estos puntos, el gobierno cobra peajes en divisas, sin que esos ingresos se traduzcan en inversiones productivas, mejora de infraestructuras o recuperación de los servicios públicos colapsados.
El peso cubano: una moneda sin valor real
La devaluación del peso cubano es uno de los síntomas más visibles del fracaso del modelo económico del país. Tras la eliminación del peso convertible (CUC) y la unificación monetaria de 2021, el peso cubano perdió rápidamente su valor frente al dólar en el mercado informal. Mientras el tipo de cambio oficial se mantiene en niveles artificiales, el mercado paralelo refleja la realidad: un dólar se cotiza a cifras que hacen inalcanzables los productos básicos para quienes perciben salarios en moneda nacional.
El salario medio en Cuba, que ronda los pocos miles de pesos cubanos mensuales, no alcanza para cubrir una canasta básica de alimentos. Los productos subsidiados por la libreta de abastecimiento, que durante décadas garantizó un mínimo de cobertura alimentaria, llegan de forma irregular e insuficiente. Leche, pollo, aceite, medicamentos y artículos de higiene escasean en la red estatal y solo aparecen en mercados en divisas o en el estrangulado mercado informal a precios inaccesibles.
Esta dinámica ha generado una división social profunda. Quienes tienen acceso a dólares pueden alimentarse, medicarse y vestirse. Quienes no, dependen de estrategias de supervivencia que incluyen el trueque, la venta de pertenencias personales, la migración interna o la decisión de abandonar el país. La Aduana, al cobrar en divisas sobre bienes que en muchos casos son enviados precisamente para paliar estas carencias, actúa como un filtro que retiene dólares antes de que lleguen a quienes los necesitan.
Un modelo que no resuelve la crisis, la profundiza
La captación de divisas a través de la Aduana no resuelve los problemas estructurales de la economía cubana. La isla sufre un déficit productivo crónico, con sectores como la agricultura, la industria y la pesca operando muy por debajo de su capacidad. La falta de insumos, el envejecimiento de la infraestructura, la centralización burocrática y la ausencia de incentivos para los productores privados han mantenido al país en una dependencia permanente de la importación y de las remesas.
En lugar de liberalizar la economía de forma real, permitir la propiedad privada en sectores estratégicos y eliminar el monopolio estatal sobre el comercio exterior, el régimen de La Habana ha optado por mecanismos de recaudación que sostienen el aparato estatal sin transformar el modelo productivo. La Aduana es una pieza de ese sistema: recauda dólares, pero no genera riqueza ni empleo ni desarrollo.
La comunidad internacional y las organizaciones de la diáspora han denunciado reiteradamente que el gobierno cubano utiliza las remesas y los envíos de mercancías como fuentes de financiamiento sin rendir cuentas sobre su destino. La opacidad en la gestión de los ingresos en divisas, la ausencia de auditorías independientes y el control militar sobre el sector empresarial estatal impiden verificar en qué se invierten los dólares que ingresan al país por estas vías.
Consecuencias y perspectivas
El endurecimiento aduanero y la profundización de la dolarización de hecho de la economía cubana auguran un escenario de mayor desigualdad y tensión social. La fractura entre cubanos con acceso a divisas y cubanos sin acceso se amplía, mientras el Estado no ofrece soluciones estructurales ni reconoce el fracaso de su modelo centralizado. La migración masiva, que ha llevado a cientos de miles de cubanos a abandonar la isla en los últimos años, es la consecuencia más dramática de esta dinámica.
La dictadura cubana mantiene su control sobre los flujos de divisas mientras la población se hunde en la pobreza. La Aduana, presentada como instrumento de orden y regulación, funciona en realidad como una herramienta más de un sistema que extrae recursos de la sociedad y de la diáspora sin ofrecer nada a cambio. Mientras no exista una reforma económica de fondo, un proceso de democratización y la liberación de las fuerzas productivas, cualquier medida presentada como «apertura» será, en esencia, una nueva forma de saqueo sobre un país que ya no tiene mucho más que dar.
