Una mujer identificada como Carmen Rivero Rodríguez, residente en el municipio de Manatí, en la provincia de Las Tunas, aguarda desde hace semanas una intervención quirúrgica urgente que las autoridades sanitarias no han logrado programar. Tras haber sido sometida ya a cuatro operaciones, su estado de salud se deteriora progresivamente, según denuncia un familiar que ha recurrido a las redes sociales para exigir atención médica y acceso a los medicamentos que su madre requiere con carácter vital.
El familiar de Carmen Rivero describió una situación angustiante en la que el deterioro físico de su madre es evidente y diario. La paciente, diagnosticada con cáncer, ha pasado por múltiples procederes quirúrgicos en el sistema sanitario cubano sin que hasta el momento se haya logrado estabilizar su condición. La nueva cirugía que necesita, según indica la denuncia, es de carácter apremiante, pero la respuesta institucional ha sido de demoras y omisiones.
«Mi mamá empeora cada día más», expresó el familiar en su llamado público, una frase que condensa la desesperación de cientos de familias cubanas que se enfrentan a un sistema de salud que, pese a ser presentado oficialmente como uno de los logres fundamentales del régimen, muestra signos de deterioro profundo y generalizado. La falta de medicamentos oncológicos, de insumos quirúrgicos básicos y de protocolos oportunos ha convertido el tratamiento del cáncer en Cuba en una carrera contra obstáculos burocráticos y materiales.
El cáncer en Cuba: una enfermedad en medio del desabastecimiento
El caso de Carmen Rivero Rodríguez no es aislado. En los últimos años, múltiples reportes provenientes de distintas provincias de la isla han documentado situaciones similares en las que pacientes oncológicos ven postergados sus tratamientos debido a la falta de medicamentes, de equipamiento hospitalario y de personal especializado. La escasez de fármacos como analgésicos potentes, quimioterápicos y antibióticos ha sido reconocida incluso por medios afines al gobierno cubano, aunque las explicaciones oficiales suelen atribuirse exclusivamente al embargo de Estados Unidos.
Sin embargo, la gestión interna del sistema sanitario cubano también ha sido señalada por especialistas y por el propio personal de salud como uno de los factores determinantes en el colapso de la atención médica. La centralización burocrática, la falta de mantenimiento de los hospitales, la depreciación de los salarios del personal médico —que ha provocado una migración masiva de profesionales de la salud hacia otros países— y la ausencia de transparencia en la distribución de recursos han contribuido a una crisis que afecta de manera directa a los pacientes más vulnerables.
En el caso específico de las provincias orientales, como Las Tunas, el acceso a tratamientos especializados resulta aún más limitado. Muchos pacientes deben ser trasladados a hospitales de la capital para recibir procederes complejos, lo que implica gastos logísticos que las familias asumem con dificultades en medio de la crisis económica que atraviesa la isla. La falta de transporte, la escasez de combustible y el encarecimiento de los servicios básicos complican aún más el panorama para quienes requieren atención médica urgente.
Una denuncia que se multiplica
La decisión del familiar de Carmen Rivero de hacer pública su situación refleja una práctica cada vez más común en Cuba: la apelación a redes sociales y a medios independientes como vía para conseguir atención ante la indolencia o la incapacidad de las instituciones. En un país donde los canales oficiales de queja suelen ser ineficaces o conllevar represalias, la exposición pública se ha convertido en una de las pocas estrategias disponibles para forzar respuestas por parte de las autoridades sanitarias.
Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han documentado en los últimos años un patrón sistemático de negligencia médica en Cuba, especialmente en casos que requieren tratamientos prolongados o cirugías complejas. La negación o dilación de atención médica oportuna constituye, según diversos instrumentos internacionales suscritos por el gobierno cubano, una violación del derecho a la salud. No obstante, el régimen de La Habana ha mantenido una política de opacidad respecto a las estadísticas reales de mortalidad por enfermedades tratables y por la falta de acceso a tratamientos adecuados.
La situación de Carmen Rivero también pone de relieve la precariedad en la que se encuentran las familias cubanas que deben asumir el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas o graves. La ausencia de programas efectivos de apoyo social, la inexistencia de seguros médicos que cubran tratamientos especializados y la imposibilidad de acceder de manera libre a medicamentos en el mercado internacional obligan a muchas familias a depender de la solidaridad de contactos en el extranjero o de donaciones improvisadas para conseguir los fármacos que el Estado no provee.
El silencio institucional
Hasta el momento de la publicación de la denuncia, las autoridades de salud de la provincia de Las Tunas no han emitido una respuesta pública respecto al caso de Carmen Rivero Rodríguez. La ausencia de comunicación oficial es coherente con la práctica habitual del gobierno cubano de ignorar las quejas ciudadanas hasta que estas alcanzan una visibilidad que obliga a una reacción, generalmente tardía y limitada a la atención individual del caso expuesto, sin que se aborden las causas estructurales que originan el problema.
Mientras tanto, el deterioro de la paciente continúa. Cada día de demora en la programación de la cirugía representa una pérdida de tiempo que, en el contexto de una enfermedad oncológica, puede ser determinante. La familia de Carmen Rivero continúa esperando una respuesta que, en un sistema de salud funcional, debería ser inmediata. En la Cuba actual, sin embargo, la espera se ha convertido en la norma y la desesperación en la única certeza disponible.
El caso trasciende la dimensión individual y se inscribe en la crisis estructural más amplia que atraviesa la isla. El colapso del sistema de salud cubano es una consecuencia directa de décadas de políticas fallidas, de priorización del control político sobre el bienestar ciudadano y de la negación sistemática de los recursos y las libertades necesarias para que la sociedad desarrolle mecanismos efectivos de demanda y rendición de cuentas. Mientras el régimen persista en mantener un modelo centralizado y represivo, casos como el de Carmen Rivero seguirán multiplicándose, y las familias cubanas continuarán clamando por una atención que el Estado se muestra incapaz de garantizar.
