El Ministerio Público de Honduras abrió una investigación para esclarecer las presuntas irregularidades en los convenios de cooperación sanitaria con el régimen de La Habana, incluyendo la contratación de personal sin formación médica y la opacidad en el manejo de los fondos. La acción judicial se produce tras la decisión del actual gobierno de no renovar el acuerdo que mantenía a los profesionales de la isla en el país.
La Fiscalía hondureña actúa de oficio tras denuncias públicas que señalan que, bajo el paraguas de la cooperación sanitaria, habrían ingresado al país ciudadanos cubanos ejerciendo oficios ajenos a la salud, tales como electricistas, conductores o economistas. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) también ha iniciado una auditoría técnica para determinar si los desembolsos, que oscilaban entre 1.600 y 4.700 dólares mensuales por persona, fueron proporcionales a los servicios realmente prestados a la población local.
La crisis administrativa estalló cuando la administración del presidente Nasry Asfura decidió no renovar el convenio bilateral, argumentando incumplimientos en los requisitos de permanencia y falta de acreditación profesional. Unos 128 médicos cubanos abandonaron Honduras de manera inmediata, ignorando un periodo de transición de 90 días establecido en el contrato, lo que obligó a las autoridades sanitarias a activar un plan de contingencia para evitar el colapso de varios centros de salud, incluidos servicios de oftalmología. A esto se suma la denuncia de funcionarios hondureños sobre la presunta destrucción y eliminación de documentación clave que respaldaba los pagos.
El negocio de las misiones médicas y la crisis estructural
Esta situación evidencia una vez más el modelo de exportación de servicios del gobierno cubano, el cual utiliza a sus profesionales como principal mecanismo de captación de divisas. Las autoridades de la isla retienen la mayor parte de los salarios pagados por las naciones receptoras, una práctica que ha sido condenada internacionalmente e incluso calificada por organismos de Naciones Unidas como una forma de esclavitud moderna. Para la dictadura cubana, estas misiones representan un alivio financiero vital en medio de la profunda crisis económica que sufre el país, caracterizada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico, el colapso del sistema sanitario nacional y un éxodo migratorio sin precedentes.
La designada presidencial de Honduras, María Antonieta Mejía, había informado previamente que una revisión preliminar detectó a 59 médicos cubanos contratados a través del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEM), cuyos salarios generaban un gasto superior a los 3,3 millones de dólares anuales solo para ese grupo. Diputados opositores, como Carlos Umaña, cuestionaron que los términos del acuerdo se conocieran años después de su entrada en vigor, evidenciando graves fallas de transparencia institucional.
La decisión de Honduras de suspender este convenio y auditar los pagos se alinea con las políticas internacionales, particularmente de Estados Unidos, orientadas a reducir el flujo de recursos hacia la cúpula del poder en la isla. Los resultados de la investigación penal podrían derivar en responsabilidades para los funcionarios de la anterior administración, mientras que a nivel regional, el caso sienta un precedente crucial sobre la necesidad de transparentar los acuerdos de cooperación que enmascaran el tráfico laboral impulsado desde La Habana.
