Una mujer de 43 años fue asesinada a puñaladas en el barrio de Altamira, en Santiago de Cuba, en la madrugada de este jueves. El crimen, que deja huérfanos a tres menores, evidencia una vez más la vulnerabilidad de las cubanas frente a la violencia de género y la ineficacia de los mecanismos estatales para prevenir estos ataques.
La víctima fue identificada como Yuleidis Sánchez Rodríguez, madre de tres hijos, entre ellos un adolescente de 14 años. Según reportes del periodismo independiente, el ataque ocurrió en la Carretera Turística del reparto Altamira, en las inmediaciones de un inmueble ocupado por personal militar. Yuleidis salió de su vivienda para llevar alimentos a familiares cuando fue interceptada por el agresor, quien le propinó al menos dos heridas con arma blanca —una en el cuello y otra en una pierna—, causándole la muerte en el lugar.
El presunto feminicida fue identificado como Neudis Callis Cureaux, de 44 años y residente en el propio barrio de Altamira. Fuentes cercanas a la víctima señalaron que el hombre presentaba antecedentes de conducta violenta y había amenazado de muerte a Yuleidis en reiteradas ocasiones, incluso después de que ella decidiera poner fin a la relación para protegerse. Tras consumar el ataque, el individuo huyó y hasta el momento no ha sido detenido por las autoridades de la isla.
Impunidad y falta de protección estatal
El crimen se suma a la alarmante cifra de feminicidios en Cuba, un fenómeno que las organizaciones de la sociedad civil han denunciado de manera constante. Desde 2019, el Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han verificado más de 270 asesinatos por motivos de género. Sin embargo, estas organizaciones operan en un entorno hostil bajo la dictadura cubana, caracterizado por la criminalización del activismo feminista, el acoso a las defensoras de derechos humanos y la negación de acceso a fuentes oficiales para auditar los datos.
El régimen de La Habana ha demostrado una incapacidad estructural para garantizar la seguridad de las mujeres. La inexistencia de una tipificación legal específica para el feminicidio, sumada al colapso generalizado de los servicios públicos y la falta de independencia del sistema judicial, deja a las víctimas en total desamparo. Mientras el gobierno cubano prioriza el control político y la represión social sobre la ciudadanía, las mujeres continúan enfrentando la violencia machista sin respuestas institucionales ni protocolos de protección efectivos.
La tragedia de Yuleidis Sánchez Rodríguez no solo representa una pérdida irreparable para su familia y su comunidad, sino que refleja la urgente necesidad de que la comunidad internacional exija al ejecutivo cubano el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La indolencia del Estado ante la violencia de género seguirá cobrando vidas mientras no exista voluntad real para legislar, prevenir y erradicar este flagelo en la isla.
