Las cadenas hoteleras españolas Iberostar y Meliá han anunciado su retirada total de la isla, cesando toda operación y comercialización en el país. La decisión responde a la presión de las sanciones estadounidenses contra el conglomerado militar GAESA y agrava la profunda crisis del sector turístico, pilar fundamental de la economía nacional.
Iberostar ha confirmado este martes que ya no gestiona ni comercializa ningún establecimiento en territorio cubano. Aunque la empresa no ha precisado la fecha exacta de su salida, la medida culmina un proceso iniciado el pasado mes de junio, cuando se desvinculó de Gaviota, la cadena turística controlada por el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). En aquella ocasión, el régimen de La Habana intentó mantener la presencia de la firma a través de seis hoteles asociados a otros grupos estatales como Cubanacán y Gran Caribe, pero la presión internacional ha precipitado el abandono definitivo de la compañía.
Horas antes, Meliá había informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el cese de toda su actividad en la isla a partir del próximo viernes. A través de un comunicado, la compañía detalló que su filial portuguesa, Ilha Bela, interrumpirá las operaciones debido a las «notables dificultades» operativas, legales y económico-financieras derivadas de las medidas de presión de Estados Unidos. Esta retirada incluye el abandono de los 19 establecimientos que la cadena aún gestionaba tras su separación previa de Gaviota.
Impacto de las sanciones y el colapso del modelo turístico
La salida de ambos gigantes hoteleros europeos está directamente vinculada a la Orden Ejecutiva 14404, emitida por el gobierno de Donald Trump, la cual impone sanciones a los responsables de la represión en Cuba y a las entidades que amenazan la seguridad nacional estadounidense. El decreto se materializó con medidas específicas contra GAESA, el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas, su presidenta, Ania Guillermina Lastres, y Moa Nickel S.A. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había fijado un plazo perentorio para que las empresas extranjeras cesaran sus vínculos con el aparato militar, dejando a las autoridades de la isla sin margen de maniobra.
La huida del capital extranjero del sector turístico evidencia el fracaso del modelo económico impulsado por la dictadura cubana, que ha dependido históricamente de la explotación de infraestructuras controladas por la cúpula militar. La pérdida de operadores internacionales no solo representa un duro golpe a la entrada de divisas, sino que profundiza la precariedad de un sector ya azotado por la inflación, el desabastecimiento energético y la falta de inversión. Para la ciudadanía, este nuevo colapso se traducirá en un mayor deterioro de las condiciones de vida y en el aislamiento definitivo del gobierno cubano frente a la comunidad internacional.
