El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba reconoció un acumulado de 50.101 casos de chikunguña desde el mes de julio y un total de 55 muertes por arbovirosis, evidenciando el profundo colapso del sistema sanitario y la falta de transparencia en la gestión de la epidemia.
En su reciente balance televisivo, la viceministra de Salud, Carilda Peña García, detalló que de los más de 50.000 contagios reportados, apenas 1.903 fueron confirmados por laboratorio, mientras que 48.198 quedaron registrados bajo la categoría de \»sospecha clínica\». El gobierno cubano justificó esta metodología argumentando que, en un contexto epidémico, los casos sintomáticos se consideran positivos sin necesidad de pruebas PCR. Esta práctica, si bien facilita una vigilancia rápida, limita severamente la verificabilidad externa del brote y oscurece el peso real de cada virus —como el dengue o la chikunguña— en una población que sufre cuadros febriles masivos sin acceso a diagnósticos precisos.
Respecto a la mortalidad, las autoridades de la isla elevaron la cifra oficial a 55 fallecidos, de los cuales 37 se atribuyen a complicaciones por chikunguña y el resto a dengue. Un dato alarmante es que una proporción significativa de estas víctimas son menores de 18 años. Sin embargo, el MINSAP ha omitido precisar los rangos de fechas exactos de los decesos, lo que impide a la comunidad médica y a la ciudadanía evaluar la letalidad y la tendencia real de la enfermedad, alimentando la desconfianza hacia las estadísticas emitidas por el Estado.
Colapso sanitario en medio de la crisis estructural
El brote de arbovirosis no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa del deterioro estructural que sufre la isla. La falta de insecticidas, el colapso de los sistemas de recolección de desechos sólidos y el desabastecimiento crónico de agua potable han creado un caldo de cultivo ideal para los vectores. A esto se suma la precariedad del sistema de salud pública, otrora presentado como un logro fundamental, que hoy carece de los recursos básicos para realizar pruebas diagnósticas masivas o garantizar una atención adecuada en los centros hospitalarios, empujando a muchos cubanos a la desesperación y a sumarse al incesante éxodo migratorio.
Aunque el ejecutivo cubano afirme que el país se aproxima a una \»zona de alarma\» y asegura haber dejado atrás el pico epidémico, la realidad cotidiana desmiente el discurso oficial. La admisión tardía y escalonada de las muertes y contagios refleja una estrategia de control de daños políticos más que una gestión sanitaria efectiva. Ante la incapacidad del Estado para garantizar el bienestar básico, la ciudadanía se enfrenta a un futuro inmediato de mayor vulnerabilidad epidemiológica, mientras la dictadura cubana prioriza el control político y la represión sobre la vida y la salud de la población.
