La hija del exgobernante y diputada de la Asamblea Nacional, Mariela Castro Espín, ha protagonizado un nuevo acto de desafío institucional desde La Habana, asegurando que su padre, Raúl Castro, no será «secuestrado» tras la imputación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La acusación penal contra el general de 94 años y otros cinco altos mandos se centra en el derribo de dos avionetas civiles en aguas internacionales, un episodio que marca uno de los capítulos más oscuros de la represión dictatorial contra el exilio cubano.
En medio de una movilización convocada por las organizaciones de masa del Partido Comunista, Castro Espín elevó un tono de confrontación que busca reactivar el desgastado discurso antiimperialista. Desde la Tribuna José Martí, la directora del CENESEX afirmó que la familia se encontraba en «zafarrancho de combate» y dispuesta a recibir órdenes, replicando la narrativa de una inminente invasión que el régimen de La Habana ha utilizado históricamente para justificar su militarización y el acoso a la disidencia interna.
La diputada, lejos de limitarse a la diplomacia institucional, atribuyó a su padre frases de una beligerancia extrema, asegurando que el exmandatario observaba la situación con tranquilidad y que había declarado que nadie lo llevaría vivo, sino «combatiendo». Este tipo de declaraciones no solo buscan blindar la figura del exgobernante frente a la justicia internacional, sino que envían un mensaje de intransigencia a las bases oficialistas en un momento de profunda crisis estructural y social en la isla.
El motivo de esta reacción abrupta por parte de la cúpula de poder es la desclasificación de una acusación penal por parte del Departamento de Justicia estadounidense. El documento señala directamente a Raúl Castro y a otros cinco funcionarios o exfuncionarios del régimen por su presunta participación en el ataque de la década de los noventa contra dos aeronaves civiles no armadas, operadas por la organización Hermanos al Rescate. Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.
Aquella masacre, ejecutada bajo una cadena de mando supervisada directamente por Raúl Castro, costó la vida de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Las víctimas realizaban operaciones humanitarias en el estrecho de Florida, localizando a balseros cubanos que se arriesgaban a la travesía huyendo de la dictadura. La respuesta armada de La Habana contra aeronaves indefensas en aguas internacionales evidenció la política de mano dura y exterminio que ha caracterizado al sistema castrista frente a la oposición.
Frente a la contundencia de la imputación, la maquinaria propagandística del gobierno cubano ha optado por la descalificación. A través de medios oficiales, el régimen ha calificado el proceso judicial como una «provocación política» y ha intentado reescribir la historia, tachando a Hermanos al Rescate de «organización terrorista» y afirmando, sin pruebas sustentables en tribunales internacionales, que las avionetas habían violado el espacio aéreo de la isla de manera reiterada.
El acto de repudio a la justicia extranjera contó con la presencia de las máximas figuras de la jerarquía comunista. Encabezado por Miguel Díaz-Canel, en el escenario también se observaron al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo; el primer ministro, Manuel Marrero; y el histórico José Ramón Machado Ventura. La presencia de la nueva generación de la dinastía, como Alejandro Castro Espín y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», refuerza la percepción de un régimen que opera más como una monarquía de facto que como un sistema republicano.
Durante la concentración, otros voceros del oficialismo se sumaron a la estrategia de blindaje. El presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Rolando López Meriño, intentó deslegitimar el proceso legal argumentando que contradice el derecho internacional, una ironía viniendo de un sistema que sistemáticamente viola las garantías procesales de sus propios ciudadanos. Por su parte, el exespía Gerardo Hernández Nordelo, actual coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución, aprovechó para transmitir un mensaje de agradecimiento de Raúl Castro a sus seguidores.
Las declaraciones de Mariela Castro, en las que desafiaba a las autoridades estadounidenses con un «vengan, los estamos esperando», revelan la profunda desconexión entre la retórica de la élite gobernante y la realidad del país. Mientras la dirigencia se prepara para un «combate» imaginario y agita el fantasma del imperialismo, la población cubana sigue sumida en la escasez de alimentos, apagones prolongados y una crisis migratoria sin precedentes. El llamado al patriotismo armado choca frontalmente con el cansancio de una ciudadanía que busca desesperadamente sobrevivir y emigrar, no enrolarse en una guerra fría heredada.
La instrumentalización de la juventud y las organizaciones de masas, como la Unión de Jóvenes Comunistas, es otra constante de este tipo de eventos. El régimen necesita mostrar una supuesta unidad popular que en las urnas y en las calles no existe de manera orgánica. Las concentraciones en la Tribuna Antiimperialista son, en la práctica, actos de disciplina partidista donde la asistencia suele estar condicionada por el miedo a represalias laborales o académicas. Tras el discurso belicoso de las élites, subyace la coerción de un sistema que no admite la disidencia ni el cuestionamiento a sus decisiones unipersonales.
El contexto histórico de la impunidad y el cerco dinástico
El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate no fue un incidente aislado, sino el resultado de una política de Estado diseñada para aniquilar cualquier forma de disidencia, venga de donde venga. Durante décadas, la dictadura ha operado bajo el amparo de una impunidad garantizada por el control absoluto de las instituciones internas y la complicidad de ciertos actores internacionales. La imputación ahora desclasificada representa uno de los pocos pasos formales para exigir responsabilidad penal a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Cuba.
En este escenario, la reacción de la familia Castro es reveladora. La dinastía ha construido un sistema donde la lealtad al clan se confunde con la lealtad a la patria. Mariela Castro, figura visible de supuestas políticas progresistas en materia de género desde el CENESEX, muestra aquí su verdadera faceta: la de una cuadro militante dispuesta a defender el legado represivo de su padre con retórica bélica. Esta dualidad es parte de la estrategia de supervivencia del régimen, que alterna la fachada de apertura cultural con el puño de hierro cuando su hegemonía o la libertad de sus líderes históricos se ven amenazadas, evidenciando la total ausencia de separación de poderes en la isla.
La escalada verbal desde La Habana no debe interpretarse únicamente como una respuesta a un documento legal, sino como un mecanismo de cohesión interna ante el inminente colapso del modelo. Al agitar el espectro de un enemigo externo, el régimen intenta justificar la militarización de la sociedad y silenciar el descontento social. Sin embargo, el llamado a las armas de Mariela Castro resuena en un país vaciado por la emigración y exhausto por la falta de libertades. La justicia, aunque tardía, avanza sobre los responsables de la masacre de hace décadas, mientras el gobierno cubano se atrinchera en un discurso anacrónico que cada vez persuade a menos cubanos y que evidencia la falta de un proyecto de futuro real para la nación.
