La diputada Mariela Castro aseguró en La Habana que \»nadie va a secuestrar\» a su padre, Raúl Castro, tras la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Durante una concentración oficialista liderada por Miguel Díaz-Canel, la hija del exgobernante lanzó un mensaje desafiante y advertió sobre una supuesta preparación militar frente a cualquier intento de captura.
En el acto realizado en la Tribuna Antiimperialista José Martí, Castro Espín declaró que su familia se encontraba lista para recibir órdenes y en \»zafarrancho de combate\». La también directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) atribuyó a su padre, ausente en el evento, una frase de confrontación directa: \»A mí nadie me lleva vivo. A mí me cogen combatiendo\». Las declaraciones se producen en respuesta a la decisión del gobierno estadounidense de desclasificar una acusación penal contra el general de 94 años y otros cinco funcionarios o exfuncionarios del régimen.
La acusación del Departamento de Justicia imputa a Raúl Castro y a otros altos mandos por cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato. El documento detalla que, bajo la cadena de mando supervisada por Castro, aviones de combate dispararon misiles aire-aire contra dos Cessnas civiles no armadas en aguas internacionales, causando la muerte de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. El régimen de La Habana ha calificado el proceso judicial como una \»provocación política\» y ha insistido en su versión de que la organización Hermanos al Rescate era de carácter terrorista.
Movilización oficialista ante la crisis sistémica
La convocatoria a la Tribuna Antiimperialista, encabezada por Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero y otras figuras de la cúpula del Partido Comunista, responde a la lógica habitual de la dictadura cubana de utilizar el enfrentamiento con el exterior para enmascarar la profunda crisis estructural que sufre la isla. Ante el colapso económico, la inflación galopante, el desabastecimiento y el éxodo migratorio masivo, las autoridades de la isla recurren a la retórica beligerante y la cohesión forzada para desviar la atención de su incapacidad de gestión y de la constante represión social.
El desafío lanzado desde la cúpula dirigente no solo tensiona aún más las ya deterioradas relaciones diplomáticas con Washington, sino que reafirma la impunidad con la que el ejecutivo cubano ha operado históricamente en casos de violaciones a los derechos humanos. Mientras la dirigencia blinda a sus principales figuras frente a la justicia internacional, la ciudadanía continúa enfrentando las consecuencias de un modelo agotado, donde la prioridad del Estado parece ser la protección de su élite militar antes que el bienestar y la libertad de la población.
