La cancelación de una feria agrocomercial en la provincia de Las Tunas, justificada por el gobierno cubano bajo el pretexto de la falta de combustible atribuida al embargo estadounidense, contrasta de manera obscena con la inmediata movilización de decenas de ómnibus y enormes recursos logísticos para concentrar a multitudes en la capital en respaldo a Raúl Castro. Esta disonancia expone, una vez más, las prioridades de la dictadura: la supervivencia política y la propaganda ideológica se anteponen de manera absoluta al derecho a la alimentación de la población.
El Gobierno Provincial del Poder Popular en Las Tunas emitió un comunicado anunciando la suspensión de la feria agrocomercial programada para el municipio cabecera. La justificación esgrimida por las autoridades locales se centra en la imposibilidad de acopiar y trasladar los productos desde los distintos municipios hasta la capital provincial debido al déficit de diésel. Como es habitual en la narrativa oficial, la responsabilidad de esta crisis estructural se desplaza directamente hacia las sanciones de Estados Unidos, calificadas por el texto institucional como una «política de asfixia económica» que limita el acceso a recursos imprescindibles.
Sin embargo, la feria agrocomercial no es un lujo ni un espacio recreativo, sino un mecanismo de supervivencia vital para las familias tuneras. En medio de la profunda escasez que azota a la isla, estos espacios representaban una de las pocas alternativas disponibles para que los ciudadanos accedan a viandas, hortalizas, granos, frutas y condimentos. La cancelación de este canal de distribución deja a la población en una vulnerabilidad aún mayor, evidenciando el fracaso del sistema estatal de acopio y distribución que durante décadas ha monopolizado la producción alimentaria en Cuba con resultados desastrosos.
La reacción de los habitantes de Las Tunas no se hizo esperar. A través de las redes sociales, los ciudadanos evidenciaron su hartazgo ante la recurrente excusa del bloqueo para justificar la ineficiencia interna. Comentarios de usuarios reflejan una indignación creciente: cuestionan cómo los funcionarios del Partido Comunista siempre disponen de combustible para sus vehículos oficiales, mientras que el transporte de alimentos para el pueblo se paraliza. La ciudadanía también ha señalado la ironía de que haya recursos para movilizar a personas obligadas a asistir a marchas oficialistas bajo el sol, pero no para garantizar el sustento básico de las familias.
La indignación ciudadana encuentra su mayor fundamento al observar lo que ocurre paralelamente en la capital del país. Mientras en Las Tunas se negaba el combustible para llevar comida a la mesa de los cubanos, el régimen de La Habana desplegaba una imponente logística de transporte público y estatal para llenar la Tribuna Antimperialista. El objetivo de esta masiva movilización no era otro que repudiar una imputación legal presentada en el exterior contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, hechos que han marcado la historia reciente de la represión en la isla.
La concentración en La Habana, ampliamente difundida por los medios de propaganda oficial, fue presidida por Miguel Díaz-Canel junto a la cúpula más alta de la dictadura, incluyendo figuras clave de la nomenclatura como José Ramón Machado Ventura, Esteban Lazo, Manuel Marrero y Roberto Morales Ojeda. Según el órgano oficial del Partido Comunista, cientos de miles de personas asistieron al acto. La magnitud de este despliegue contradice frontalmente el discurso de escasez extrema. Resulta evidente que, cuando se trata de defender la imagen de los líderes históricos o de reforzar la narrativa política del régimen, los recursos energéticos y de transporte aparecen como por arte de magia.
Activistas y figuras de la sociedad civil, tanto dentro como fuera de la isla, han denunciado esta flagrante contradicción. La activista exiliada Amelia Calzadilla resumió el sentir de muchos al cuestionar directamente al gobierno provincial de Las Tunas sobre el origen del combustible utilizado para movilizar incontables ómnibus hacia la Tribuna Antimperialista. Su crítica apunta al núcleo del problema cubano: la existencia de un «bloqueo interno», ejercido por las propias autoridades, que prioriza la ostentación política sobre las necesidades más elementales de la población. Como bien señaló la activista, las limitaciones existen, pero la mayor asfixia proviene de la silla del Partido Comunista de Cuba.
Este episodio en Las Tunas no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad sistémica que padece la nación. La estructura centralizada y planificada de la economía cubana ha demostrado ser incapaz de garantizar la soberanía alimentaria. La falta de autonomía de los productores agrícolas, la burocracia asfixiante en el proceso de acopio y la inexistencia de un mercado libre de insumos y combustible para el campo son los verdaderos obstáculos para la producción de alimentos, mucho más que las restricciones externas que el gobierno cubano utiliza como coartada perfecta para eludir su responsabilidad.
La decisión de suspender las ferias agrocomerciales profundiza el desabastecimiento y empuja a más familias hacia la pobreza extrema. Al mismo tiempo, el régimen envía un mensaje claro y despectivo a la ciudadanía: sus necesidades vitales son irrelevantes frente a las urgencias políticas de la cúpula dirigente. La forzada asistencia a actos de repudio o respaldo oficial, financiada con los escasos recursos del Estado, constituye una forma de coerción que prioriza el teatro político sobre el bienestar real de la nación, demostrando un desprecio absoluto por la dignidad de los cubanos.
Contexto sobre la crisis agropecuaria y energética en Cuba
La crisis alimentaria en Cuba tiene raíces profundas en el modelo económico socialista impuesto por la dictadura desde hace más de seis décadas. El sistema de Acopio, diseñado para monopolizar la compra y distribución de los productos del campo, se caracteriza por su ineficiencia, pérdidas masivas de alimentos por mal manejo y demoras interminables en el traslado. Los agricultores privados y cooperativistas, que hoy generan la mayor parte de la producción nacional, sufren la falta de herramientas, fertilizantes y, fundamentalmente, combustible para arar, regar y transportar sus cosechas, viéndose estrangulados por un aparato estatal que limita su capacidad de comercialización directa y impone precios incongruentes con la realidad económica.
Paralelamente, el sector energético del país atraviesa uno de sus peores momentos históricos. La incapacidad del gobierno cubano para mantener la infraestructura de las termoeléctricas, sumada a la irregularidad en los suministros de petróleo de sus aliados internacionales, ha generado un déficit de generación que se traduce en apagones prolongados y escasez crítica de diésel. Esta falta de combustible paraliza no solo el transporte público, sino también la siembra y recolección de alimentos, creando un círculo vicioso de escasez e inflación que golpea directamente a la población más vulnerable y agrava el panorama de miseria estructural.
En contraste con esta penuria, la maquinaria de movilización del Estado no conoce de crisis. El régimen de La Habana mantiene un estricto control sobre los recursos estratégicos, reservando parte significativa del combustible disponible para asegurar el traslado de trabajadores y estudiantes a actos políticos, marchas y tribunas. Esta práctica, que suele llevarse a cabo bajo amenazas de represalias laborales o académicas para quienes no asistan, demuestra que la escasez en Cuba es, en gran medida, un problema de distribución y prioridades políticas antes que de disponibilidad absoluta de recursos materiales en el territorio nacional.
Reflexión final
La suspensión de la feria en Las Tunas es el espejo de la tragedia cubana contemporánea. Mientras los ciudadanos se debaten entre la imposibilidad de encontrar alimentos básicos y la desesperanza, la cúpula dirigente desperdicia recursos vitales en montajes políticos para limpiar la imagen de líderes cuestionados por graves violaciones a los derechos humanos. Un sistema que antepone la propaganda a la alimentación de su pueblo no solo es económicamente insostenible, sino moralmente bankrupto. La verdadera justicia para los cubanos no vendrá de tribunas llenadas por obligación, sino del desmantelamiento definitivo de las estructuras de poder que han sometido a la nación a décadas de miseria, control y manipulación informativa.
