La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó la acusación penal presentada por Estados Unidos contra Raúl Castro por el asesinato de cuatro civiles en 1996, argumentando que los hechos ocurrieron hace tres décadas. La postura de la mandataria ignora la gravedad de los delitos imputados a la cúpula de la dictadura cubana y el carácter imprescriptible de los crímenes de Estado contemplado en el derecho internacional.
Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa de Estado mexicana se refirió a la imputación anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sheinbaum se preguntó \»qué sentido tiene\» procesar a una persona por eventos sucedidos hace 30 años y vinculó la decisión judicial a una supuesta \»visión injerencista\» de Washington. \»Es una visión de que pueden influir en otros países; nosotros no estamos de acuerdo con esa visión\», añadió, desestimando el peso legal de una acusación que recae sobre el entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y otros altos mandos militares.
El argumento temporal esgrimido por la presidenta mexicana choca frontalmente con la legislación estadounidense. La acusación contra Raúl Castro y otros cinco acusados incluye cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, delitos que, al ser castigables con pena de muerte, no prescriben bajo la ley federal. El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones fue enfático al señalar que \»este paso del tiempo no borra el asesinato\», subrayando que la acción penal busca rendir cuentas por el ataque sin advertencia que derribó dos aeronaves no armadas fuera del territorio cubano, cobrándose la vida de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
Impunidad y violencia de Estado
El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, una organización humanitaria que localizaba a balseros en el Estrecho de Florida, es uno de los episodios más luctuosos de la represión ejercida por la dictadura cubana contra la disidencia. La operación militar demostró la disposición del régimen de La Habana a utilizar fuerza letal contra civiles desarmados para silenciar el activismo. Las declaraciones de Sheinbaum, al poner el énfasis en el tiempo transcurrido por encima de la gravedad del crimen, suponen un respaldo implícito a la impunidad con la que las autoridades de la isla han actuado históricamente frente a violaciones de derechos humanos.
Si bien la acusación estadounidense no tipifica el hecho como crimen de lesa humanidad, el caso sienta un precedente sobre la persecución de delitos cometidos desde estructuras estatales, los cuales no pueden quedar sujetos al olvido procesal. La reacción de la mandataria mexicana refleja una vez más la complacencia diplomática de ciertos gobiernos de la región hacia el ejecutivo cubano, priorizando la retórica antihegemónica sobre el derecho a la justicia de las víctimas. Mientras el régimen en La Habana continúa enfrentando una profunda crisis sistémica y un aumento de la represión interna, la exigencia de responsabilidad penal por crímenes del pasado envía un mensaje clave sobre la necesidad de poner fin a décadas de absoluto control sin rendición de cuentas.
