El manifestante del 11 de julio Harlen Oropesa Carrero, condenado a nueve años de prisión, ha denunciado una nueva campaña de hostigamiento por parte de las autoridades carcelarias en el campamento La Lima. El oficial de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI) identificado como \»mayor Yasmani\» ha utilizado acusaciones falsas de embriaguez para destruir su permiso de salida y frustrar su progresión a un régimen de menor severidad.
Según el testimonio de Oropesa, el acoso se recrudeció el pasado 28 de noviembre y el 19 de diciembre, cuando el funcionario le retiró y posteriormente rompió la tarjeta de salida temporal, argumentando que el prisionero se encontraba bajo los efectos del alcohol. Esta acusación fue desmentida en el propio centro por el jefe de unidad, mayor Revilla, y por el oficial de guardia, quienes confirmaron la ausencia de signos de intoxicación en el recluso. La destrucción de este documento impide a Oropesa abandonar el campamento para cumplir con su trabajo asignado en la recogida de desechos sólidos, una gestión que resulta sumamente dificultosa de recuperar en el penal.
El preso político sostiene que esta persecución busca fabricar pretextos para revocar su progresión a régimen de mínima severidad, beneficio que ya le había sido concedido con notable retraso. Asimismo, el régimen de La Habana ha denegado en dos ocasiones su libertad condicional, primero en julio y recientemente el 6 de diciembre, utilizando como justificación los reportes disciplinarios inventados por el oficial del DTI. Oropesa advirtió que este tipo de acoso es una práctica habitual del funcionario contra otros manifestantes detenidos por participar en las históricas protestas de 2021.
Represión sistemática y violación de garantías procesales
El caso de Harlen Oropesa ilustra el mecanismo de castigo prolongado que la dictadura cubana ejerce contra quienes osaron desafiar el poder en las calles. Arrestado durante las manifestaciones pacíficas en la Calzada de Güines, Oropesa fue sometido a tratos crueles desde su ingreso al sistema penitenciario, incluyendo el paso por una \»alfombra\» de soldados que lo golpeaban en la prisión de máximo rigor Ivanov, antes de ser trasladado a Valle Grande y El Pitirre. Su condena a nueve años por delitos fabricados como \»desórdenes públicos\», \»desacato\» e \»instigación a delinquir\» refleja la falta de independencia judicial y el uso de los tribunales como herramientas de amedrentamiento social.
El hostigamiento continuo contra Oropesa evidencia que, para el gobierno cubano, la sentencia judicial no es el final del castigo, sino el inicio de un tormento psicológico y administrativo destinado a quebrar la moral del activista y disuadir a la población de futuras movilizaciones. Ante la persistencia de estas violaciones de derechos humanos en las cárceles de la isla, la comunidad internacional y las organizaciones de defensa de las libertades fundamentales mantienen su exigencia para que el ejecutivo cubano libere a los presos políticos del 11J y ponga fin a la política de represión institucionalizada.
