La organización Cubalex documentó 165 eventos represivos durante noviembre, que afectaron a 138 personas y dejaron 343 incidentes de hostigamiento. El informe revela un aumento de las protestas ciudadanas por la crisis de servicios y una severa crisis carcelaria que llevó a al menos 20 reclusos a declararse en huelga de hambre frente a los abusos del régimen.
El informe mensual de la organización de derechos humanos detalla que las violaciones más frecuentes se cometieron contra personas privadas de libertad, con un total de 91 incidentes. La dictadura cubana ha intensificado su política de castigos en las prisiones, recurriendo a celdas de aislamiento prolongadas, restricciones arbitrarias a las visitas familiares y la negación deliberada de atención médica. Estas prácticas, que vulneran derechos fundamentales, afectan tanto a presos políticos como a reclusos comunes, evidenciando un patrón de malos tratos institucionalizados por parte de las autoridades penitenciarias.
Trasladados arbitrarios y huelgas de hambre
Uno de los episodios más graves del mes fue el traslado forzoso de presos políticos desde el Combinado del Este hacia prisiones de otras provincias. Como respuesta a esta medida arbitraria, al menos 20 personas privadas de libertad iniciaron huelgas de hambre. Entre los casos documentados figuran José Antonio Pompa López, quien permaneció más de un mes sin ingerir alimentos, y Yosvany Rosell García Caso, recluido en Holguín, quienes exigieron el cese de las medidas disciplinarias y el respeto a sus derechos en los centros penitenciarios del régimen de La Habana.
En el ámbito social, el descontento ciudadano estalló en distintas localidades del país debido a los apagones prolongados, la escasez de agua, el colapso sanitario y el abandono institucional tras el paso del huracán Melissa. Las protestas espontáneas, que incluyeron cacerolazos y bloqueos de vías, fueron rápidamente silenciadas. Las autoridades de la isla respondieron con detenciones, citaciones policiales y amenazas a los familiares de los manifestantes, lo que ha generado un clima de terror que impide conocer la cifra real de los afectados.
Crisis estructural y precariedad sanitaria
El balance de Cubalex se enmarca en un deterioro sostenido de las condiciones de vida en la isla. La inseguridad alimentaria, la pérdida del poder adquisitivo y el avance de epidemias como el dengue y la chikungunya agravan la crisis institucional. Aunque el gobierno cubano reconoció la existencia de un brote de arbovirosis, minimizó públicamente la magnitud de los fallecimientos asociados. Las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas concentraron el mayor número de violaciones, aunque la organización advierte que el subregistro es alarmante debido a la censura y a la falta de acceso a internet y electricidad en amplias zonas del país.
Los datos expuestos por Cubalex reflejan la persistencia de prácticas represivas sistemáticas por parte del Estado, en medio de una crisis económica y social cada vez más insostenible. La criminalización de la protesta y el ensañamiento con la población carcelaria auguran un escenario de mayor inestabilidad social. Ante esta situación, la presión de la comunidad internacional y la exigencia de mecanismos de supervisión de los derechos humanos se vuelven indispensables para frenar la maquinaria represiva que mantiene a la ciudadanía cubana en un estado de vulnerabilidad permanente.
