El régimen de La Habana ha vuelto a instrumentalizar una emergencia médica para erigirla como supuesta prueba del humanismo de su sistema. Sin embargo, el traslado de un recién nacido en un helicóptero de las Fuerzas Armadas no es más que el síntoma de una sanidad colapsada y de un aparato militar que actúa como ente parasitario sobre los recursos de la nación, exponiendo la profunda desigualdad y el abandono en el que vive la población civil.
La imagen de un recién nacido siendo trasladado de urgencia desde la Isla de la Juventud hasta un hospital de la capital a bordo de un helicóptero militar ha sido difundida por los medios afines al régimen como un episodio heroico y conmovedor. El gobierno cubano ha intentado, una vez más, convertir esta excepción en la regla, presentándola como una muestra inequívoca de las bondades y el sentido humano de un sistema que, en la práctica cotidiana, se encuentra en un estado de ruina avanzada. Lo que la propaganda oficial cataloga como una proeza de solidaridad institucional no es más que la evidencia cruda y dolorosa de la precariedad absoluta en la que subsisten miles de cubanos a diario, privados del derecho fundamental a una atención médica digna y oportuna.
La narrativa oficial busca impresionar a la opinión pública con el uso de aeronaves castrenses para fines sanitarios, ocultando deliberadamente que en naciones con economías mucho menos aventajadas que la isla, los sistemas de salud disponen de helicópteros civiles propios para este tipo de emergencias. En Cuba, un país que durante décadas se ha autoproclamado «potencia médica» en cualquier foro internacional, escasean hasta las ambulancias terrestres en condiciones óptimas para trasladar a los enfermos crónicos, o los carros fúnebres para dar sepultura a quienes fallecen, en muchas ocasiones, por la falta de medicamentos básicos y la imposibilidad material de seguir tratamientos médicos elementales. El sistema de salud pública cubano jamás ha contado con una flota aérea propia, delegando su supervivencia en la «ayuda» interesada de las Fuerzas Armadas.
Esta dependencia asimétrica revela una verdad incómoda que el régimen de La Habana procura omitir a toda costa: la existencia de unas fuerzas armadas que operan como un ente parasitario que drena los recursos de la nación. Durante la pandemia de COVID-19 quedó al descubierto, de manera dramática, que el Ministerio de Salud Pública carecía por completo de los recursos logísticos y materiales necesarios para enfrentar la crisis sanitaria, mientras la cúpula militar disponía de abundantes medios de protección y transporte para uso exclusivo de sus jefaturas. Cualquier aspiración seria a una transición o a un cambio político real en la nación pasa obligatoriamente por el desmantelamiento de este monopolio militar que ha secuestrado las riendas del país y de su economía.
La especialidad retórica de la dictadura ha sido, durante más de seis décadas, intentar convertir sus propias incapacidades, ineficiencias y deficiencias estructurales en supuestas virtudes revolucionarias. Cuando los soldados son desplegados para recoger la basura acumulada en las calles o para fumigar contra los mosquitos transmisores de enfermedades, el régimen lo presenta como una «ayuda» invaluable al pueblo. Sin embargo, en realidad, no es más que la consecuencia directa de la desproporcionada e ineficiente distribución del presupuesto del Estado. Las entidades civiles encargadas históricamente de estas tareas carecen de presupuesto básico, precisamente porque los fondos han sido desviados hacia el sector militar bajo el omnipresente y manipulado pretexto de la «seguridad nacional», un concepto que una dictadura insegura de sí misma utiliza para justificar cualquier exceso.
El contraste en la asignación del erario público es escandaloso y revela las verdaderas prioridades del régimen. Mientras se destinan multimillonarias inversiones a la construcción de nuevas instalaciones hoteleras —en su gran mayoría gestionadas por el conglomerado empresarial GAESA, el brazo económico de las Fuerzas Armadas—, los hospitales se derrumban físicamente y carecen de insumos elementales como jeringas, algodón o antibióticos. El gobierno cubano prioriza un sector turismo que hoy muestra sus lujosos hoteles vacíos y sin rentabilidad, sobre la salud, la nutrición y el bienestar de la población que sostiene el país. A todo esto, la contribución real de las empresas militares al presupuesto nacional sigue siendo un enigma absoluto, estimándose que está muy cercana al cero, mientras acumulan reservas en divisas que jamás reportan beneficio social alguno.
Ese universo paralelo y opulento construido por la cúpula castrense les permite vivir completamente ajenos a la tragedia nacional que ellos mismos han provocado. En sus residencias exclusivas no existen los apagones prolongados que pudren los alimentos del ciudadano común, ni el hambre, ni la angustia de tener que asistir a hospitales infestados de cucarachas, ratas y falta de higiene. Tampoco conocen el terror de ser utilizados como carne de cañón en enfrentamientos callejeros o en misiones internacionalistas por las que no se les consulta. Sus estrategias de «resistencia» y «combate» se levantan sobre los bolsillos vacíos y los estómagos hambrientos de los cubanos de a pie, quienes son los verdaderos soportes materiales y financieros de un sistema que los exprime hasta la última gota de dignidad.
El mantenimiento de este aparato bélico y de sus privilegios resulta un despilfarro obsceno en medio de la crisis generalizada. Un ex piloto de la fuerza aérea cubana relató que el costo anual de mantenimiento técnico de un solo helicóptero de fabricación soviética, aún en servicio, supera los dos millones de dólares. Una cifra que, considerando los altos niveles de corrupción en la cúpula militar, podría traducirse en la adquisición de decenas de ambulancias modernas o la reparación integral de un centenar de ellas. Aun así, el régimen continúa destinando cuantiosas sumas al sostén de armamento obsoleto, útil únicamente para la represión interna, bajo el pretexto de defender la soberanía frente a una tecnología bélica del siglo XXI que jamás podrán dominar ni enfrentar.
Las prerrogativas de los altos mandos militares evidencian el abismo insalvable que separa a la élite del pueblo. Un militar con rango de Primer Coronel devenga, entre salario base, regalías, asignaciones mensuales de alimentos de alta calidad, ropas, muebles, electrodomésticos de última generación y atención médica especializada en clínicas exclusivas, un equivalente a entre diez y quince mil dólares mensuales. A esto se suman el combustible y los recambios asignados para su automóvil particular, las vacaciones pagadas en balnearios exclusivos en Varadero, y las constantes remodelaciones de sus viviendas, costeadas íntegramente por el Estado. Todo este derrochador tren de vida se impone bajo el amparo de la «seguridad nacional» y la declarada «economía de guerra», conceptos que han sepultado la seguridad alimentaria, la seguridad salarial y la propia esperanza de vida de la población civil.
Contexto: La militarización de la sobrevivencia en Cuba
La estructura de poder en Cuba ha consolidado en las últimas décadas un modelo híbrido donde la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) controla no solo el aparato represivo y coercitivo del Estado, sino más del setenta por ciento de la economía nacional a través del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). Este conglomerado militar administra sectores estratégicos y lucrativos como el turismo internacional, el comercio minorista en divisas, la importación de bienes de consumo y la infraestructura logística. Los inmensos ingresos generados por estas actividades no tributan al bienestar social ni a la sanidad pública, sino que alimentan un sistema de privilegios y una caja chica insondable para la alta oficialidad.
Paralelamente, el sistema de salud cubano, otrora presentado como uno de los pilares fundamentales y logros indiscutibles del régimen en foros internacionales, atraviesa una crisis sistémica y estructural sin precedentes. La falta crónica de medicamentos, el deterioro severo de la infraestructura hospitalaria, la ausencia de ambulancias en condiciones operativas seguras y la migración masiva de profesionales médicos hacia otras naciones han dejado a la población en un estado de total vulnerabilidad. La intervención militar en tareas civiles básicas, como el recogido de basura, la distribución de alimentos o el traslado de enfermos, no es una muestra de eficiencia, sino la admisión tácita de la dictadura sobre el fracaso absoluto de su modelo institucional civil y la incapacidad del gobierno para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía.
Una postal de la orfandad institucional
La noticia de un helicóptero militar trasladando a un niño enfermo no debe ser celebrada como una postal del humanismo oficial, ni como una victoria del sistema. Por el contrario, debe ser analizada con la gravedad y el rigor que merece, comprendiendo en su verdadero significado lo profundamente retorcida que resulta la realidad impuesta por la dictadura. Es un espejo descarnado de la orfandad institucional a la que han sido condenados los cubanos, despojados de sus derechos más elementales por una élite castrense que habla de resistencia, de sacrificio, de muerte y de sangre derramada, únicamente porque se consideran dueños absolutos de las vidas, de los cuerpos y de los escasos recursos de una nación que llevan parasitando durante más de sesenta años.
