El gobierno cubano ha anunciado la implementación de un nuevo conjunto de medidas económicas en un momento de máxima vulnerabilidad para la población, coincidiendo con el paso del huracán Melissa y una aguda crisis epidemiológica. Las nuevas políticas, presentadas bajo el eufemismo de «corrección de distorsiones», amenazan con agravar la precaria situación de los ciudadanos mediante la eliminación de subsidios y el aumento de tarifas, en lo que analistas consideran un movimiento estratégico para extraer recursos y financiar la maquinaria estatal.
La decisión del régimen de La Habana de revelar su «Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía» ha generado un profundo rechazo entre la población. El anuncio se produce en medio de la preparación para un desastre natural y el avance imparable de enfermedades que ya cobran decenas de vidas. Esta sincronía no parece casual; por el contrario, evidencia una táctica recurrente de la dictadura para introducir reformas altamente impopulares cuando la atención pública está dispersa ante emergencias inminentes. Aprovechar la conmoción y el caos para avanzar en el desmantelamiento de los ya precarios derechos económicos de los ciudadanos es una constante en la forma de gobernar de la cúpula militar.
El documento presentado, que consta de noventa y dos páginas, ciento seis objetivos, trescientas cuarenta y dos acciones y doscientos sesenta y cuatro indicadores, dista mucho de ser una hoja de ruta hacia la recuperación nacional. La narrativa oficial promete avanzar hacia la estabilidad, pero la estructura de las medidas propuestas apunta en una dirección opuesta. En una economía centralmente planificada y asfixiada por la burocracia, la proliferación de indicadores no suele traducirse en eficiencia, sino en un mayor control estatal sobre los recursos. La historia reciente demuestra que estos paquetes económicos no han traído prosperidad, sino un empobrecimiento sistemático de las clases populares y un deterioro acelerado de las condiciones de vida.
Entre las disposiciones que causan mayor alarma destacan la eliminación gradual de subsidios, el incremento en las tarifas de servicios esenciales como electricidad, agua y transporte, y el alza en los precios de los combustibles. El gobierno cubano justifica estas acciones argumentando la necesidad de controlar el exceso de circulante en manos del sector no estatal y la población. Sin embargo, esta explicación ignora de manera conveniente que la inflación y la desconfianza generalizada en el sistema bancario son consecuencias directas de las políticas erráticas implementadas por el propio Estado. La emisión descontrolada de moneda sin respaldo productivo es el verdadero motor de la crisis, no el escaso capital que logran acumular los trabajadores privados.
La estrategia para absorber el capital circulante no se basa en el estímulo de la producción nacional, sino en el vaciado de los bolsillos ciudadanos. Mediante la imposición de multas, el establecimiento forzoso de precios topados y una bancarización coercitiva, el régimen busca confiscar los escasos recursos que los emprendedores y trabajadores informales han logrado acumular. Esta ofensiva contra la economía emergente se complementa con una dolarización que, aunque inicialmente calificada de parcial, ha devenido en una dependencia total hacia la moneda extranjera para acceder a bienes básicos. El Estado ha abdicado de su responsabilidad de garantizar el sustento, obligando a la población a depender de las remesas o del mercado negro. Las multas y la persecución a los comerciantes informales no buscan proteger al consumidor, sino eliminar a la competencia que el Estado no puede controlar.
La forzosa dependencia del dólar ha obligado a la población a sobrevivir con salarios que en moneda convertible apenas alcanzan los cinco o seis dólares mensuales. Esta realidad contrasta de forma obscena con los privilegios de la élite militar que controla los destinos del país. Las promesas de un socialismo próspero y sostenible se han desvanecido, dejando al descubierto un modelo que se asemeja más a una corporación militar que a un Estado de bienestar. El intento de crear una imagen de prosperidad artificial, una vitrina para el exterior, se choca con la crudeza de las calles oscuras y la escasez endémica. A diferencia de otros regímenes autoritarios que al menos mantienen la ilusión de orden urbano, el modelo cubano actual fracasa incluso en la prestación de los servicios más básicos.
Criticos económicos señalan que el verdadero propósito de este nuevo paquetazo no es corregir errores estructurales, sino asegurar los ingresos necesarios para sostener a las fuerzas represivas y mantener los altos niveles de vida de la cúpula castrense. La aplicación de medidas que en anteriores ocasiones fueron evitadas por temor a una rebelión social indica que el régimen de La Habana ha calculado que el nivel de agotamiento y fragmentación de la sociedad cubana permite ahora avanzar con impunidad en la confiscación de los recursos populares. No se trata de una rectificación de errores, sino de la siguiente fase de un mismo plan diseñado para consolidar el control absoluto de la élite sobre la Isla.
El contexto en el que se enmarca este anuncio es particularmente desolador. La confluencia de la salida de mantenimiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras, que promete jornadas de apagones aún más severas, junto con el desastre natural inminente y la crisis de salud pública, configura un escenario casi apocalíptico para el ciudadano común. A pesar de esta coyuntura crítica, la dictadura ha priorizado el ajuste fiscal sobre la atención a las urgencias humanitarias, repitiendo el patrón observado durante la pandemia, cuando se priorizó la construcción de hoteles de lujo sobre el refuerzo del sistema sanitario. La indiferencia institucional es total frente a una población que lucha diariamente por conseguir medicamentos y alimentos.
Contexto sobre la crisis estructural en Cuba
La economía cubana atraviesa su peor crisis en décadas, resultado de la ineficiencia de la centralización planificada y la falta de voluntad del régimen para implementar reformas estructurales que permitan la libre empresa y la propiedad privada real. La llamada «Tarea Ordenamiento», implementada previamente, resultó en una estafa monumental que evaporó los ahorros de millones de cubanos al cambiar una moneda sin valor por otra aún más devaluada. Las promesas de estabilidad económica se han revelado como simples artimañas para prolongar la supervivencia del modelo estatal. La falta de autonomía del Banco Central y la impresión de dinero inorgánico para cubrir déficits fiscales han destruido por completo la confianza en el peso cubano.
La dependencia de las remesas y del turismo ha demostrado ser insuficiente para sostener la economía nacional. El sector no estatal, aunque limitado por regulaciones asfixiantes, se ha convertido en el único refugio para el sustento familiar. Sin embargo, el gobierno cubano ve en este incipiente sector privado una amenaza a su monopolio de control, lo que explica la hostilidad constante y las medidas fiscales diseñadas para asfixiarlo. La política económica no busca generar riqueza, sino redistribuir la pobreza y asegurar que ninguna entidad independiente del Estado adquiera poder económico.
Además, el panorama social está marcado por un éxodo masivo sin precedentes. La pérdida de capital humano y la fuga de jóvenes que optan por el exilio ante la falta de oportunidades configuran un país en envejecimiento acelerado y desesperanza. La represión sistemática contra cualquier forma de disidencia política o social garantiza que el malestar popular no se traduzca en movilizaciones que puedan derrocar al poder establecido, permitiendo a la dictadura aplicar medidas económicas suicidas sin temor a un costo político inmediato.
El costo de la impunidad y el saqueo institucionalizado
En definitiva, el nuevo programa económico no representa una rectificación, sino la profundización de un modelo extractivo. El régimen de La Habana avanza en su objetivo de consolidar a la élite militar como dueña absoluta de los recursos de la Isla, sabiendo que la sumisión impuesta por el hambre y la represión blindan su continuidad. Mientras los cubanos se preparan para enfrentar los vientos del huracán y la oscuridad de los apagones, el gobierno cubano prepara el golpe final a sus economías domésticas. La dolarización forzosa es el reconocimiento tácito del fracaso del sistema monetario nacional, un sistema que solo sirve para pagar los míseros salarios y mantener la ficción de un Estado empleador.
La supervivencia de millones de personas queda a merced de un sistema que ha demostrado una indiferencia institucional absoluta. Lo que el régimen llama «reimpulsar la economía» no es más que la maquinaria estatal devorando los últimos ahorros de una nación exhausta. La historia juzgará este periodo como el momento en que la dictadura optó por el saqueo sistemático de su propio pueblo antes que ceder un milímetro de su poder absoluto, confirmando que el único plan viable para el castrismo es la perpetuación en el poder a cualquier costo.
