El gobierno cubano ha aprovechado la confluencia de un desastre natural y una aguda crisis sanitaria para anunciar un nuevo conjunto de medidas económicas que amenazan con asfixiar definitivamente las finanzas familiares. Bajo el eufemismo de un programa para «corregir distorsiones», la dictadura prepara el desmantelamiento de subsidios y el alza indiscriminada de tarifas, con el objetivo último de extraer la escasa liquidez de la población para sostener su aparato represivo y los privilegios de la cúpula militar.
La estrategia del régimen de La Habana de anunciar reformas económicas lesivas en momentos de máxima vulnerabilidad nacional se ha convertido en una constante. En esta ocasión, con la atención pública dividida entre los estragos del paso de un huracán y el repunte de la crisis epidemiológica, el gobierno cubano ha filtrado lo que popularmente se denomina un nuevo «paquetazo». Se trata de una maniobra de distracción que busca minimizar la repercusión social y mediática de decisiones que, en un contexto de normalidad institucional, provocarían un rechazo masivo y frontal por parte de la ciudadanía.
El denominado «Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía» se presenta como una exhaustiva hoja de ruta técnica, compuesta por decenas de páginas, cientos de objetivos, acciones e indicadores. Sin embargo, un análisis detenido de su estructura revela que este andamiaje burocrático no es más que un artificio discursivo. El verdadero propósito no es reactivar la producción nacional, incentivar la productividad o mejorar la calidad de vida de los cubanos, sino asegurar los ingresos fiscales necesarios para mantener la supervivencia del sistema, incluso a costa de hundir aún más a la población en la pobreza extrema.
Las medidas anunciadas contemplan la eliminación progresiva de subsidios esenciales y el incremento sustancial de las tarifas en servicios básicos como electricidad, agua, transporte y combustibles. En un país donde el salario medio estatal no permite cubrir ni la mitad de la canasta básica de supervivencia, estos ajustes equivalen a un decomiso silencioso de los ya magros ingresos ciudadanos. La justificación esgrimida por el gobierno cubano se centra en la necesidad de reducir el exceso de circulante monetario, culpabilizando directamente a la población y al sector no estatal de la inflación galopante.
Sin embargo, la inflación y la profunda desconfianza en el sistema bancario no son fenómenos espontáneos ni responsabilidad de los actores económicos privados, sino consecuencias directas de las políticas económicas erráticas y destructivas implementadas por el régimen durante décadas. La fallida Tarea Ordenamiento y sus posteriores intentos de rectificación dejaron un saldo de empobrecimiento generalizado y destrucción del ahorro. Ahora, la dictadura pretende resolver el desequilibrio monetario no mediante la generación de riqueza o el estímulo a la producción, sino extrayendo el dinero de los bolsillos de los ciudadanos mediante tarifas punitivas, multas y restricciones.
La ofensiva contra el sector privado y la economía informal es otro pilar fundamental de este paquete. A través de la bancarización forzosa, la imposición de precios topados y el acoso administrativo, el régimen busca aniquilar cualquier forma de independencia económica que escape a su control totalitario. Paralelamente, la denominada «dolarización parcial» ha mutado hacia una dolarización total de hecho, obligando a los cubanos a depender de las remesas o del mercado negro de divisas para acceder a alimentos, medicamentos y bienes de primera necesidad, ajustando sus vidas a ingresos que rara vez superan los escasos dólares mensuales.
El modelo que el régimen de La Habana parece emular no es el de las reformas de mercado orientadas a la apertura, como las implementadas en China o Vietnam, sino el hermético y controlado esquema norcoreano. La diferencia radica en que, mientras en Corea del Norte el control estatal absoluto ha logrado mantener cierta apariencia de orden físico y disciplina social, en Cuba el abandono institucional ha convertido las ciudades en escenarios de deterioro infraestructural, insalubridad y miseria. La «prosperidad» que el gobierno cubano intenta construir es artificial, de vitrina, diseñada exclusivamente para el consumo y beneficio de la élite militar que detenta el poder real.
El escenario en el que se enmarca este anuncio es de una severidad sin precedentes en la historia reciente de la isla. A la devastación causada por los fenómenos atmosféricos, que ha dejado a miles de familias en la incertidumbre de perder sus hogares y enseres, se suman jornadas interminables de apagones. La crisis energética se agrava con el mantenimiento de termoeléctricas clave, como la Antonio Guiteras, mientras la crisis sanitaria sigue cobrando vidas y el dólar en el mercado informal escala a cifras récord, completando un cuadro casi apocalíptico para el ciudadano común.
Ante esta situación límite, la respuesta del gobierno cubano no ha sido la de destinar recursos para mitigar el sufrimiento de su pueblo, sino la de arremeter contra sus ya exiguos recursos. La dictadura ha calculado fríamente que el agotamiento físico y psicológico de la población, sumado a la represión selectiva y el miedo infundido por los aparatos de seguridad del Estado, impedirá una reacción social coordinada. Por ello, se atreven a implementar ahora las medidas más impopulares y abusivas que habían postergado en paquetazos anteriores, conscientes de que el malestar popular, hasta ahora, no ha logrado trascender la contención policial.
En definitiva, este nuevo capítulo no representa una «rectificación de errores» ni un giro hacia la sensatez económica. Es la fase final de un plan sistemático de despojo. El objetivo último del régimen de La Habana no es la construcción de un socialismo próspero y sostenible, sino la consolidación de la élite militar castrista como propietaria absoluta de la riqueza nacional. Una vez asegurado el control económico y la supervivencia de la cúpula, el destino de la nación y el costo social de estas medidas son considerados daños colaterales inevitables, y hasta convenientes, para la perpetuación indefinida del poder.
El contexto de la crisis estructural en Cuba
La economía cubana atraviesa su peor crisis en décadas, resultado de la combinación de un modelo económico centralizado e ineficiente, el impacto de sanciones internacionales, la drástica caída del apoyo de aliados históricos como Venezuela y las secuelas de la pandemia. En este panorama, el régimen de La Habana ha recurrido sistemáticamente a reformas cosméticas que no abordan las causas estructurales del colapso, como la falta de libertad económica, la inexistencia de un mercado de insumos y la monopolización de la producción y el comercio exterior por parte de empresas estatales controladas por la cúpula militar, agrupadas en el conglomerado empresarial GAESA.
La Tarea Ordenamiento, implementada en años anteriores, significó una de las mayores estafas financieras contra la población en la historia del país, al liquidar el ahorro de millones de cubanos y devaluar la moneda nacional sin un respaldo productivo real. La promesa de unificación monetaria derivó en una inflación descontrolada y en la pérdida absoluta del poder adquisitivo de los salarios estatales. Hoy, la supervivencia diaria en Cuba depende en más de un ochenta por ciento de las remesas familiares y del sector informal, áreas que el gobierno cubano ahora busca asfixiar con nuevas regulaciones, cargas impositivas y extracción de liquidez.
Paralelamente, la dictadura ha reforzado y modernizado su aparato represivo para neutralizar cualquier brote de insatisfacción social. Las protestas masivas, como las ocurridas en el pasado reciente, fueron respondidas con encarcelamientos masivos, juicios sumarios, censura digital y un cerco de vigilancia y intimidación que mantiene a la sociedad en un estado de parálisis forzada. Es este contexto de miedo, represión y agotamiento material el que el régimen utiliza como escudo protector para imponer medidas económicas que, en otras condiciones de libertades civiles, serían insostenibles y provocarían un estallido social generalizado.
El anuncio de este nuevo paquetazo económico confirma la naturaleza extractiva y autoritaria del régimen de La Habana. Mientras la población se enfrenta a la furia de la naturaleza, a la enfermedad y a la oscuridad constante de los apagones, el gobierno cubano prepara el golpe de gracia contra la economía familiar. La situación dibuja un horizonte de «sálvese quien pueda», donde la prioridad de la dictadura no es el bienestar de la nación, sino su propia subsistencia en el poder. La historia reciente de Cuba demuestra que estas políticas no generarán la recuperación prometida, sino un nuevo y profundo ciclo de empobrecimiento, exilio forzado y desesperanza para millones de cubanos atrapados en un sistema que los despoja sistemáticamente de su presente y de su futuro.
