El régimen de La Habana ha vuelto a instrumentalizar una emergencia médica para maquillar el colapso institucional. El traslado de un recién nacido desde la Isla de la Juventud hacia la capital a bordo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ha sido presentado por la prensa oficial como una muestra de humanismo y eficiencia. Sin embargo, detrás de esta imagen de «proeza» se oculta la cruda realidad de un sistema de salud en ruinas y la naturaleza parasitaria de un aparato militar que monopoliza los recursos de la nación mientras la población civil sobrevive en la precariedad más absoluta.
La maquinaria propagandística del gobierno cubano es especialista en la alquimia de la desgracia, transformando sus propias incapacidades y deficiencias estructurales en supuestas virtudes del sistema. Cuando los medios afines difunden la noticia de un helicóptero militar evacuando a un neonato crítico, buscan consolidar la narrativa de una «potencia médica» que cuida de sus ciudadanos. No obstante, este tipo de cobertura mediática intenta invisibilizar que, para la inmensa mayoría de los cubanos, acceder a un traslado médico oportuno, a una ambulancia en condiciones operativas, o siquiera a un carro fúnebre, constituye una odisea cotidiana marcada por la negligencia y la falta de recursos.
La precariedad de la atención médica en la Isla es un secreto a voces que la dictadura se empeña en silenciar. Los hospitales carecen de medicamentos básicos, el material quirúrgico es escaso, y las condiciones higiénicas en muchos centros asistenciales son deplorables. En este contexto, la utilización de un helicóptero militar no es un acto de generosidad, sino la única salida desesperada ante la inexistencia de una red de transporte sanitario aéreo civil. En naciones con menores pretensiones geopolíticas y menores recursos, los sistemas de salud cuentan con aeronaves propias para estas contingencias; en Cuba, la vida de los pacientes depende de la «caridad» de una institución armada que ha saqueado el erario público.
La intervención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en tareas civiles no se limita a las emergencias médicas. El régimen ha normalizado el uso de militares para la recogida de basura, la fumigación contra vectores y la distribución de alimentos. Estas acciones, presentadas como «ayudas» en medio de la crisis, son en realidad la consecuencia directa de la parálisis institucional y la desproporcionada asignación de recursos hacia el sector castrense. Mientras los organismos civiles se hundían en la ineficiencia por falta de presupuesto, el aparato militar aseguraba su operatividad bajo el omnipresente y manipulador pretexto de la «seguridad nacional».
Esta asimetría en la distribución de la riqueza nacional encuentra su máxima expresión en el conglomerado empresarial GAESA, controlado por la cúpula militar. A lo largo de décadas, el presupuesto del Estado ha priorizado la construcción de instalaciones hoteleras y centros turísticos de propiedad militar, dejando en el abandono la reparación, modernización y abastecimiento de hospitales y policlínicos. El régimen de La Habana ha levantado un imperio económico paralelo financiado con los bolsillos y el hambre de los cubanos, mientras que la contribución real de estas empresas militares al bienestar social y al presupuesto nacional es prácticamente nula, operando como un estado dentro del Estado.
El mantenimiento del armamento y la flota aérea militar revela otro escándalo silenciado por la censura. Un helicóptero de fabricación soviética, como el empleado en el traslado del neonato, demanda un gasto técnico anual que supera los dos millones de dólares. Esta astronómica cifra, que podría destinarse a la adquisición de decenas de ambulancias o a la reparación integral de la flota de transporte sanitario terrestre, es dilapidada en sostener piezas de guerra obsoletas. Un ejército que no ha participado en un conflicto bélico real en décadas mantiene un aparato armamentístico anacrónico, ineficaz frente a tecnologías modernas, pero fundamental para sostener la narrativa del asedio y justificar su presupuesto exorbitante.
La élite militar vive en una burbuja de privilegios que la blinda contra la crisis que ellos mismos ayudan a perpetuar. Los altos mandos de las FAR disfrutan de un nivel de vida que contradice frontalmente la retórica de igualdad y resistencia que predican. Un oficial con rango de Primer Coronel puede percibir, entre salario, asignaciones de alimentos, electrodomésticos, combustible, atención médica especializada y vacaciones en resorts exclusivos, un equivalente mensual de entre diez mil y quince mil dólares. Esta cifra es obscena en un país donde el salario promedio no alcanza para cubrir las necesidades básicas de alimentación durante una semana.
Todo este derroche se ampara en la declaratoria de «economía de guerra» y en el concepto de «seguridad nacional», etiquetas que la dictadura utiliza para acaparar los recursos. Esta supuesta seguridad militar se impone de manera tiránica sobre las verdaderas seguridades que el Estado debería garantizar a sus ciudadanos: la seguridad alimentaria, la salarial, la económica y, sobre todo, la seguridad sanitaria. El régimen ha orillado a la población a una lucha diaria por la supervivencia, despojándola de cualquier garantía de derechos fundamentales y empujándola a un estado de desesperación permanente.
Mientras los cubanos de a pie enfrentan apagones interminables, escasez de alimentos y hospitales infestados de plagas, la cúpula de verdeolivo reside en un universo paralelo. Su «estrategia de resistencia» se construye sobre el sacrificio y el derramamiento de sangre de una población secuestrada. No existe para ellos el miedo a ser utilizados como carne de cañón ni la angustia de no poder conseguir una medicina para un hijo enfermo. La separación entre la nación real y la élite gobernante es tan profunda que resulta cínico cualquier llamado institucional a la resignación y el sacrificio.
El contexto de la militarización en Cuba
Para comprender la magnitud de este fenómeno, es necesario remontarse a la estructura de poder forjada desde los inicios del castrismo. La dictadura institucionalizó la subordinación de la sociedad civil al aparato militar, convirtiendo a las FAR en el pilar fundamental y el garante último de la continuidad del régimen. Con la caída del bloque soviético y la profunda crisis económica de los años noventa, el gobierno cubano se vio obligado a abrir la economía al turismo y al capital extranjero. Sin embargo, entregó la administración de estos nuevos y lucrativos sectores directamente a la cúpula militar a través de la creación del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).
Desde entonces, este conglomerado ha monopolizado la inversión extranjera, el comercio minorista en divisas, el turismo, la industria petrolera y las telecomunicaciones. Este modelo de «capitalismo de Estado militarizado» ha garantizado que el poder económico y el poder político permanezcan concentrados en las mismas manos, perpetuando un sistema oligárquico. La salud pública y la educación, otrora pilares de la legitimidad social del régimen, fueron progresivamente desmanteladas y subfinanciadas, pasando a depender de la limosna institucional o de la solidaridad familiar desde el exilio. La dictadura consolidó así un esquema donde el bienestar civil es rehén del capricho y las necesidades logísticas del estamento militar.
La falsa postal del humanismo
La imagen de un helicóptero militar evacuando a un bebé enfermo no debe ser celebrada como una postal de humanismo, sino analizada con rigor como el síntoma más evidente de una sociedad secuestrada. El régimen de La Habana pretende que la población agradezca las migajas de un sistema que debería funcionar por derecho propio, no por concesión graciosa de los uniformados. Hablar de resistencia, de derramar sangre o de morir por una causa que solo beneficia a una oligarquía militar es el colmo del cinismo en una nación empobrecida por sus propios gobernantes. Cualquier aspiración de cambio político y de recuperación social en Cuba pasa ineludiblemente por el desmantelamiento total de este aparato parasitario que ha hecho de la vida de los cubanos una pesadilla perpetua en nombre de una falsa seguridad.
