Cinco destacados economistas presentaron una exhaustiva hoja de ruta de 120 páginas para sustituir el fallido modelo de planificación central por una economía social de mercado, condicionada a la instauración de un Estado democrático de derecho. El documento plantea medidas radicales como la fragmentación del conglomerado militar GAESA y el fin del monopolio de CUPET, exigiendo que la transformación económica vaya inseparablemente ligada a una apertura política que el régimen de La Habana ha rechazado sistemáticamente.
La iniciativa, titulada «Propuesta para transformar la economía cubana», fue elaborada por Mauricio de Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro. Aunque cuenta con el acompañamiento institucional del Cuba Study Group y el Observatorio sobre la Economía Cubana, sus conclusiones son de responsabilidad exclusiva de los autores. El plan no se limita a ajustes técnicos, sino que diagnóstica una crisis terminal y atribuye el colapso al agotamiento del sistema impuesto por las autoridades de la isla, sumado a errores persistentes de política económica y el impacto de las sanciones estadounidenses.
El informe sostiene que «Cuba enfrenta la crisis económica y social más profunda de su historia contemporánea», manifestada en una severa contracción productiva, hiperinflación, depreciación acelerada del peso cubano y el colapso total de los servicios públicos. Para los expertos, resulta inviable enfrentar esta situación mediante «medidas parciales o ajustes administrativos», que han sido la tónica del ejecutivo cubano en las últimas décadas. En su lugar, defienden un proceso integral orientado a construir una economía abierta, competitiva e inclusiva, capaz de generar prosperidad y equidad, algo inalcanzable bajo la actual estructura de poder.
El aspecto más trascendental de la propuesta es su condicionamiento político. El texto es categórico al afirmar que «la transformación económica debe ir acompañada de una transformación política e institucional que permita construir una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de derecho». Esto implica garantizar libertades de expresión, asociación y prensa, así como elecciones pluripartidistas, transparentes y la subordinación de los poderes públicos a la Constitución. Los economistas descartan explícitamente reproducir los modelos de liberalización económica bajo gobiernos autoritarios aplicados en China y Vietnam, advirtiendo que la ausencia de controles ciudadanos mantiene las reformas sujetas a la discrecionalidad de la dictadura.
Desmantelamiento del control militar y estatal sobre la economía
En el núcleo de la hoja de ruta se encuentran medidas que afectan directamente los pilares de poder del régimen. Los economistas proponen la fragmentación del conglomerado empresarial militar GAESA, así como la eliminación del monopolio de la empresa estatal Cuba Petróleo (CUPET) sobre la importación, distribución y comercialización de combustibles. La propuesta busca integrar todas las operaciones de las entidades estatales, incluidas las vinculadas al sector militar, a una arquitectura fiscal civil transparente, poniendo fin a la opacidad que ha caracterizado la gestión económica del gobierno cubano.
En materia fiscal, el documento desaconseja profundizar la austeridad, argumentando que el régimen de La Habana ya ha aplicado un «ajuste por empobrecimiento» mediante la inflación y el desplome de los salarios y pensiones reales. Proponen reducir los subsidios generales para concentrar la asistencia en hogares vulnerables, ajustar las pensiones según la inflación y no financiar aumentos mediante la emisión monetaria inorgánica, práctica que ha destruido el poder adquisitivo de la población.
La reforma monetaria contempla unificar los tipos de cambio oficiales tomando como referencia el mercado informal, implantar una flotación administrada y legalizar operaciones mediante casas de cambio privadas. Aunque rechazan una dolarización completa por sus costos sociales, admiten mantener transacciones en divisas vinculadas al comercio exterior. En el sector energético, el plan urge asegurar financiamiento internacional para el suministro de combustibles, crear un regulador independiente y rehabilitar la obsoleta infraestructura termoeléctrica, cuya inoperatividad mantiene a la isla en un colapso energético permanente.
Para la agricultura, los autores proponen medidas de liberalización que rompen con el control estatal sobre la tierra. Sugieren autorizar empresas privadas sin restricciones, extender los contratos de usufructo de tierras estatales ociosas por 50 años prorrogables, permitir extensiones de hasta 402 hectáreas por titular y habilitar un mercado secundario para los certificados. Además, plantean incorporar gradualmente al mercado las tierras gestionadas por las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), históricamente ineficientes bajo la gestión del Estado.
Contexto de un colapso sistémico y represión social
La presentación de esta propuesta no ocurre en el vacío, sino en medio de la peor crisis estructural que ha atravesado el país en décadas. La inflación galopante, los apagones diarios que superan las 10 horas en diversas provincias, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y la pérdida total del poder adquisitivo han empujado a millones de cubanos a la indigencia. Este escenario de miseria ha detonado un éxodo migratorio sin precedentes, vaciando al país de su fuerza laboral y de su juventud, ante la imposibilidad de proyectar un futuro bajo el modelo actual.
La respuesta de la dictadura cubana ante este fracaso sistémico ha sido el endurecimiento represivo y la censura. En lugar de abrir espacios de debate sobre el futuro económico, las autoridades han criminalizado la protesta social, han encarcelado a opositores y han mantenido un control férreo sobre la prensa independiente. La desconexión entre las soluciones técnicas viables, como las planteadas por estos cinco economistas, y la voluntad política del régimen de La Habana, evidencia que la crisis no es solo económica, sino fundamentalmente de legitimidad y de naturaleza totalitaria.
Antecedentes de reformas fallidas y viabilidad futura
Historicamente, el gobierno cubano ha intentado parchear su economía sin ceder el poder político. Los «Lineamientos de la Política Económica y Social» de 2011 y el fallido «Ordenamiento Monetario» de 2021 son ejemplos claros de reformas tibias o mal implementadas que terminaron por empobrecer aún más a la población. La actual propuesta advierte sobre estos errores pasados, señalando que una privatización acelerada sin instituciones sólidas elevaría el riesgo de corrupción y permitiría que grupos privilegiados cercanos al poder capturaran los activos del Estado, un peligro latente dado el control militar sobre la economía.
Los economistas reconocen que la viabilidad de su hoja de ruta depende de cuatro supuestos de trabajo: un avance sustantivo en las negociaciones entre La Habana y Washington, una inserción internacional diversificada, financiamiento externo de emergencia y condiciones políticas internas que permitan sustituir el modelo vigente. El texto precisa que las sanciones estadounidenses no son la causa fundamental de la crisis, pero agravan sus efectos y restringen el acceso a mercados y financiamiento, exigiendo una solución diplomática que el régimen suele evadir mediante discursos hostiles.
El plan se divide en tres fases parcialmente superpuestas. La primera, de unos tres años, buscaría detener el deterioro macroeconómico y atender carencias urgentes en energía, agricultura y turismo. La segunda fase se enfocaría en la reactivación productiva y la transformación institucional, mientras que la tercera definiría una estrategia de desarrollo a largo plazo y un nuevo contrato social, elementos ausentes en la actual Constitución de la isla.
Las implicaciones políticas de esta propuesta son profundas. Al exigir democracia «como un valor en sí mismo» y rechazar justificaciones autoritarias basadas en resultados económicos, el documento despoja al régimen de sus últimos pretextos para mantener el monopolio del poder. La comunidad internacional y los actores diplomáticos encuentran en esta hoja de ruta un marco técnico riguroso que demuestra que la salvación de Cuba es posible, pero requiere inexorablemente el desmantelamiento de la dictadura y la construcción de un estado de derecho donde la ciudadanía pueda elegir su destino sin represión.
