Mientras la población cubana sufre apagones que superan las 20 horas diarias y soporta la peor crisis energética de las últimas décadas, el gobierno cubano y organismos internacionales concentran sus esfuerzos y recursos tecnológicos en optimizar el consumo eléctrico de hoteles de lujo en Varadero y Jardines del Rey. Esta paradójica asignación de prioridades deja al descubierto la verdadera agenda del régimen: garantizar la comodidad del turista extranjero y la captación de divisas, aunque sea a costa del bienestar y los derechos básicos de los ciudadanos que se quedan a oscuras.
En medio de una crisis sistémica que ha llevado al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) al borde del colapso total en múltiples ocasiones, La Habana ha decidido enfocar su atención y los escasos recursos disponibles en el sector turístico. Un proyecto denominado «Turismo Sostenible», financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y respaldado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), está instalando sofisticados sistemas automatizados de medición del consumo eléctrico en 16 instalaciones hoteleras ubicadas en los enclaves de Varadero y Jardines del Rey. Mientras los hogares cubanos carecen de tecnología básica para mitigar los cortes de luz, estos resorts reciben sensores de última generación, convertidores de señales y software de monitoreo en tiempo real.
La justificación oficial, difundida a través de medios estatales y respaldada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), se centra en la mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad en zonas costeras marino-vulnerables. Alfredo Curbelo Alonso, investigador de Cubaenergía, ha defendido la iniciativa como un paso hacia la certificación de normas de gestión energética en la isla. Sin embargo, esta narrativa de modernización y sostenibilidad ambiental choca frontalmente con la insostenibilidad social y humana que se vive en las calles de cualquier ciudad cubana, donde la falta de electricidad es una emergencia cotidiana.
El contraste no podría ser más crudo y ofensivo para la población. En el último año, la isla ha experimentado al menos cinco desconexiones nacionales totales, dejando a 11 millones de personas completamente a oscuras, sin agua, sin refrigeración para alimentos y sin capacidad para cocinar. En provincias como Santiago de Cuba o Guantánamo, afectadas además por fenómenos meteorológicos recientes, los cortes de luz no programados superan frecuentemente las 20 horas diarias. Incluso en la capital, la Unión Eléctrica ha reconocido que los apagones superan las nueve horas al día, una situación insostenible para cualquier sociedad moderna.
Mientras tanto, los polos turísticos de sol y playa permanecen iluminados, climatizados y operativos. Esto no se debe a la magia de la «sostenibilidad», sino a una política deliberada del régimen de La Habana de priorizar el despacho eléctrico hacia los hoteles o de permitir que estos cuenten con generadores propios y acceso preferente a combustibles. La dictadura ha establecido un sistema de apartheid energético, donde el turista extranjero disfruta de un estándar de primer mundo mientras el ciudadano cubano es sumido en la precariedad del tercer mundo, obligado a cocinar con leña o carbón ante la imposibilidad de usar una simple placa eléctrica.
La lógica detrás de esta decisión es puramente económica y responde a la desesperación del gobierno cubano por obtener divisas. La llamada «industria sin humo» es uno de los pocos sectores que generan ingresos en moneda fuerte para un estado en bancarrota. Sin embargo, el modelo ha fracasado estrepitosamente en términos de desarrollo nacional. Las divisas ingresadas por el turismo no se reinvierten en la modernización de la red eléctrica nacional, en la reparación de termoeléctricas obsoletas o en la adquisición de combustibles para la población, sino que se desvían hacia el mantenimiento del aparato represivo, el pago de deuda externa y el sostenimiento de una élite gobernante desconectada de la realidad.
La participación de organismos internacionales como el PNUD en este proyecto levanta serias interrogantes éticas. Aunque los objetivos declarados de proteger ecosistemas costeros pueden ser loables en un contexto global, en el caso cubano, la cooperación internacional se convierte en un instrumento que refuerza las desigualdades estructurales promovidas por la dictadura. Canalizar fondos y capacidades técnicas hacia hoteles de lujo, dejando excluidos a hospitales, escuelas, barrios marginados y comunidades enteras que viven la emergencia energética en carne propia, supone una complicidad tácita con las políticas de segregación del régimen.
Los defensores de la iniciativa argumentan que cada kilovatio ahorrado en un hotel libera capacidad para otros sectores. Esta afirmación es una falacia técnica y política en el contexto cubano. El problema no es la falta de medidores inteligentes en los hoteles, sino la incapacidad estructural del estado socialista para generar, transmitir y distribuir energía de manera eficiente. Las termoeléctricas tienen décadas de funcionamiento sin mantenimiento adecuado, la red de transmisión está deteriorada y no existe un mercado energético que incentive la inversión privada o la eficiencia. El colapso es inherente al modelo centralizado y planificado de la economía cubana.
El proyecto, diseñado para extenderse hasta finales de esta década, se enfoca exclusivamente en Cayo Coco, Cayo Guillermo y Varadero. Estas zonas son burbujas aisladas de la realidad nacional, verdaderos enclaves de lujo diseñados para el consumo extranjero, donde el cubano común tiene acceso restringido o nulo. Mientras el Ministerio de Turismo se erige como el «mayor beneficiario» de la cooperación internacional en materia energética, el ciudadano de a pie depende de una red subfinanciada y obsoleta que falla sistemáticamente, sin acceso a tecnologías de monitoreo, ahorro o generación distribuida que podrían aliviar su sufrimiento.
El contexto histórico y energético de la crisis cubana
Para comprender la magnitud de la tragedia energética actual, es necesario observar el histórico de gestión del régimen de La Habana. Desde la desaparición del bloque soviético, que proveía petróleo subsidiado a cambio de azúcar y apoyo político, la infraestructura energética de la isla ha sido un reflejo de la ineficiencia estatal. La dependencia del crudo venezolano, iniciada a principios de siglo, alivió temporalmente la crisis pero no solucionó el problema estructural: la falta de inversión en la modernización de las plantas generadoras y la red de distribución.
El Sistema Electroenergético Nacional fue diseñado décadas atrás bajo un esquema de monopolio estatal que eliminó cualquier incentivo para la eficiencia o la innovación. Las termoeléctricas, que componen el grueso de la capacidad de generación de la isla, operan muy por debajo de su capacidad nominal, sufriendo roturas constantes debido a la falta de piezas de repuesto, mantenimiento deficiente y la incapacidad de la burocracia para gestionar recursos técnicos complejos. Cada vez que una de estas plantas sale de servicio, el déficit energético se dispara, provocando los apagones que asolan a la población.
La crisis actual es, en esencia, la cristalización del fracaso del modelo económico socialista aplicado en Cuba. La dictadura ha priorizado históricamente el control político sobre el desarrollo técnico y económico. Invertir en la red eléctrica para beneficio de la población no genera divisas inmediatas ni fortalece el aparato represivo, por lo que ha sido relegada al olvido. En contraste, el turismo, como fuente de dólares y euros, recibe toda la atención, incluso si esto significa profundizar el abismo entre las condiciones de vida del pueblo y las comodidades ofrecidas a los visitantes.
El costo social de un modelo agotado
La decisión de iluminar hoteles mientras los hogares se apagan trasciende la mera planificación económica; es una declaración de principios del gobierno cubano. Revela una dictadura que ha decidido que la supervivencia de su aparato financiero es más importante que la dignidad y la salud de su población. Los apagones no son solo una molestia; son un factor directo en el deterioro de la calidad de vida, la inseguridad alimentaria por la pérdida de alimentos refrigerados, y el colapso de los sistemas de salud al fallar la energía en hospitales que carecen de respaldo adecuado.
La pregunta sobre quién se beneficia primero en la Cuba actual tiene una respuesta dolorosa pero evidente. No son los barrios marginados, ni los hospitales, ni las escuelas. Los beneficiarios son las corporaciones hoteleras estatales y los turistas extranjeros. Mientras la narrativa oficial habla de sostenibilidad y reducción de huella ambiental, la huella social de la dictadura crece exponencialmente, dejando a millones en la oscuridad literal y metafórica. Un sistema que exige sacrificios infinitos a su población mientras destina tecnología de punta y fondos internacionales a resorts de lujo tiene los días contados. La brecha entre el poder y el pueblo se ha vuelto insostenible, y ni los sensores más avanzados en los hoteles de Varadero podrán medir la profundidad de la indignación popular.
