La Unión Eléctrica (UNE) confirmó la investigación y detención de dos de sus operarios en el barrio habanero de Calabazar, municipio de Boyeros, tras ser sorprendidos por residentes presuntamente vendiendo suministro eléctrico a negocios privados. El incidente, que evidencia la profunda crisis del Sistema Electroenergético Nacional, generó protestas ciudadanas y puso al descubierto prácticas de corrupción frente a los prolongados cortes de energía que sufre la población.
El caso se hizo público esta semana cuando vecinos del municipio de Boyeros interceptaron a los linieros, a quienes acusaron de priorizar el restablecimiento del servicio en mipymes y comercios privados a cambio de dinero en efectivo y especies, como cajas de cerveza. Según los testimonios difundidos en redes sociales, los trabajadores fueron hallados presuntamente bajo los efectos del alcohol dentro de su vehículo oficial. La situación escaló hasta que las autoridades de la isla acudieron al lugar y procedieron con la detención de los implicados.
Días después de la viralización del caso, el ejecutivo cubano, a través de la UNE, emitió un comunicado reconociendo los hechos y anunciando la apertura de un proceso disciplinario. La empresa estatal aseguró que la conducta no representa a la mayoría de sus trabajadores y que se aplicarían medidas conforme a la ley. Sin embargo, la respuesta oficial fue rechazada por la ciudadanía. Numerosos residentes señalaron que el cobro ilegal por restablecer la electricidad es una práctica sistemática en varias provincias, derivada de la falta de control y transparencia en la gestión estatal.
El descontento no se limitó a las quejas en redes digitales. Un grupo de residentes de Calabazar se concentró frente a la sede del Gobierno municipal de Boyeros para exigir una solución inmediata a los apagones que, en muchos casos, superan las 20 horas diarias. La indignación ciudadana se resume en la frase que dio origen a la denuncia inicial: \»Se la ponen a quien paga\», evidenciando la desigualdad en el acceso a un servicio básico ante la ineficiencia del régimen de La Habana para garantizar el bienestar general.
Colapso energético y malestar social
Este episodio de corrupción a nivel de base es un síntoma directo del deterioro estructural del Sistema Electroenergético Nacional. En lo que va de 2026, el país ha registrado al menos cinco colapsos totales de la red eléctrica, con déficits de generación que han superado los 2.100 megavatios. La incapacidad del gobierno cubano para mantener la infraestructura energética ha sumido a la población en una crisis prolongada, exacerbando la inflación, el desabastecimiento y propiciando un clima de tensión social constante que amenaza con desencadenar nuevas protestas.
La detención de estos operarios no resuelve la crisis de fondo que asfixia a la ciudadanía. Mientras la dictadura cubana se limita a medidas punitivas contra empleados de bajo nivel, la falta de inversiones, la obsolescencia de las termoeléctricas y la ausencia de políticas efectivas mantienen al país en la oscuridad. La comunidad internacional y los observadores de derechos humanos mantienen la mirada puesta en la isla, ante el riesgo inminente de que la frustración popular ante el colapso de los servicios públicos derive en un estallido social de mayores proporciones.
