La cifra de fallecidos por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio en Venezuela ascendió a 5.069, con 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según el balance oficial difundido este viernes por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en un escenario de devastación que evidencia la fragilidad de las instituciones del Estado.
El reporte, publicado en la cuenta oficial de Telegram, detalla que las autoridades han atendido a 128.324 familias afectadas y que 21.235 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios. Desde la fecha del doble sismo se han registrado 1.331 réplicas, la más significativa el pasado 10 de julio, con una magnitud de 3,9 a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el territorio más castigado por la tragedia.
El régimen de Caracas ha iniciado un censo biométrico para cuantificar las viviendas necesarias, con una estimación preliminar de 25.000 inmuebles. El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó este martes una reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria para acelerar la construcción de hogares. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que la modificación busca ofrecer seguridad jurídica y mecanismos de financiamiento al sector privado para impulsar un ‘\»proceso agresivo’\» de edificación.
Caracas accede a 346 millones de dólares del FMI para la reconstrucción
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que Venezuela ha logrado acceder a 346 millones de dólares de ‘\»sus propios recursos’\» en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar el proceso de recuperación. En un comunicado, Rodríguez indicó que los fondos se destinarán a apoyar a las familias afectadas en áreas de vivienda, infraestructura y servicios públicos esenciales.
La mandataria agradeció a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, por su ‘\»respaldo y compromiso’\» y reiteró la exigencia del cese de las sanciones internacionales contra el país, así como el desbloqueo de recursos que, según Caracas, son necesarios para la recuperación. Rodríguez había informado el 8 de julio de una conversación telefónica con Georgieva para gestionar la liberación de estos fondos.
Una crisis que expone la fragilidad institucional del eje Caracas-La Habana
La tragedia venezolana trasciende sus fronteras y adquiere una dimensión crítica para Cuba, cuya dictadura mantiene una profunda dependencia económica y energética del aliado bolivariano. El colapso de infraestructuras y la concentración de recursos venezolanos en la emergencia interna amenazan con agudizar el ya precario flujo de combustibles y suministros hacia la isla, donde la población enfrenta cotidianamente apagones prolongados, desabastecimiento alimentario y una inflación que erosiona cualquier capacidad adquisitiva.
En este contexto, el régimen de La Habana se enfrenta a un escenario inmediato de mayor escasez energética. La reducción previsible del apoyo venezolano, sumada a la ineficiencia estructural de la economía centralizada de la isla, augura un endurecimiento de la crisis de servicios y un incremento de la tensión social en los próximos meses, sin que se vislumbren soluciones internas por parte de las autoridades.
